El "caso Ollero" arranca con los ataques de la defensa a la juez instructora y a la polic¨ªa

La primera jornada del juicio del denominado caso Ollero estuvo protagonizada ayer por las cuestiones previas presentadas por los cuatro letrados de los cinco imputados que arremetieron de manera inmisericorde con la actuaci¨®n de la juez instructora, Pilar Llorente, y de la propia Brigada de Polic¨ªa Judicial. El hecho de que la investigaci¨®n sobre la presunta vinculaci¨®n de altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa en el cobro de comisiones para favorecer a una empresa constructora en los concursos para una carretera se iniciara con la ¨²nica base de un an¨®nimo o que la brigada de la polic¨ªa judicial, emiti¨® juicios de valor en sus pesquisas que a la postre se tradujeron en las intervenciones telef¨®nicas: ¨²nicas pruebas en este caso.

En la primera jornada del juicio que se celebra en la Secci¨®n Primera de la Audiencia de Sevilla ni se oy¨® hablar de los presuntos delitos de cohecho, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias o revelaci¨®n de secretos que se le imputan al ex consejero de Obras P¨²blicas de la Junta, Juan Jos¨¦ L¨®pez Martos, al ex director general de Carreteras, Manuel Ollero, al hermano de ¨¦ste, Jorge Ollero, o a los directivos de Ocisa, la empresa que supuestamente intent¨® comprar sus voluntades con 127 millones para adjudicarse la construcci¨®n del tramo de carretera entre Las Pedrizas y Salinas, Jes¨²s Roa y Luis Nogueira. Sus letrados atacaron el proceso desde su misma ra¨ªz: una instrucci¨®n deficiente y una investigaci¨®n policial viciada.Uno por uno, los abogados arremetieron contra las, a su juicio, numerosas fallas de la instrucci¨®n de la juez Llorente. El primero en hablar fue el defensor del ex consejero Juan Jos¨¦ L¨®pez Martos, que puso especial ¨¦nfasis en el hecho de que su cliente no fue imputado hasta diciembre de 1994, pocos meses despu¨¦s de que abandonara su cargo y, por lo tanto, dejara de ser aforado. Seg¨²n el abogado Jos¨¦ Garc¨ªa Fern¨¢ndez, el nombre del consejero aparec¨ªa en las investigaciones desde la primavera de 1992, pero la juez fue desestimando uno tras otro los motivos de imputaci¨®n. El letrado considera que la juez intent¨® as¨ª quedarse con el caso, ya que de ser imputado el consejero, ¨¦ste habr¨ªa sido juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA).

El encargado de la defensa de Manuel Ollero, ?ngel Zamora Carranza, incidi¨® m¨¢s en lo "ins¨®lito" de que un simple an¨®nimo sirviera para abrir una investigaci¨®n en la que se intervinieron numerosos tel¨¦fonos de particulares y sociedades, con las, siempre a su juicio, consecuentes violaciones de los derechos fundamentales de los imputados. Zamora Carranza lleg¨® a asegurar que las ¨²nicas imputaciones hacia su defendido eran porque su hermano llevaba un malet¨ªn con 22 millones cuando fue detenido con el que presuntamente le iba a comprar una casa a su hermano en pago por las informaciones privilegiadas que utilizaba en sus negociaciones con los empresarios.

Tras las cr¨ªticas a la actuaci¨®n de la juez instructora, le toc¨® el turno a la investigaci¨®n policial. Francisco Baena Bocanegra, abogado de los imputados de Ocisa,fue el m¨¢s contundente en este apartado. El letrado mostr¨® su sorpresa con la celeridad -del 20 de enero de 1992 que fue el primer auto, al 27- con la que la polic¨ªa elabor¨® un informe sobre el empresario fallecido y que tambi¨¦n fue imputado, Pedro Llach y Manuel Dom¨ªnguez. Del primero, seg¨²n Baena Bocanegra, se aseguraba en el informe policial que "gracias a sus contactos pol¨ªticos" obten¨ªa informaci¨®n con la que mercadeaba para financiar al PSOE. El abogado tambi¨¦n critic¨® que la ¨²nica investigaci¨®n policial, en la que particip¨® el ahora jefe de gabinete de la Delegaci¨®n del Gobierno en Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Antonio Vidal, se limitara a las escuchas. Adem¨¢s, estas se autorizaron para investigar un delito de malversaci¨®n de fondos -que ahora no figura en el caso- y se prolongaron durante cinco meses.