Inspecci¨®n fiscal o destierro
"No aguantamos m¨¢s. El problema de la droga ya es insostenible". "La ¨²nica soluci¨®n es que los destierren del barrio. Que los expulsen". Gregorio Mart¨ªnez lleva casi cuatro a?os ostentando el cargo de presidente de la Asociaci¨®n de Vecinos del barrio Perpetuo Socorro de Castell¨®n. En la ¨²ltima reuni¨®n, ante cerca de 400 asistentes, tuvo que aplacar los ¨¢nimos de unos cuantos vecinos que planteaban como ¨²nica salida el prender fuego a los domicilios en los que, presuntamente, se lleva a cabo el tr¨¢fico de drogas. ?l advierte que, aunque las medidas de vigilancia policial se han incrementado durante el ¨²ltimo mes, los ¨¢nimos est¨¢n "muy exaltados y la gente muy excitada", por lo que reclama la resoluci¨®n inmediata, que ¨¦l sit¨²a en el destierro. Han tenido otra idea. Como en tiempos y formas de la m¨¢s salvaje y mejor conocida mafia siciliana, los vecinos de El Barranquet han solicitado otra v¨ªa de ayuda, la de Hacienda. Al igual que Al Capone fue finalmente encarcelado no por sus m¨²ltiples delitos de sangre sino por sus fraudes fiscales, piensan que los traficantes de su barrio no podr¨¢n soportar una inspecci¨®n fiscal ya que, seg¨²n mantienen, no declaran sus ingresos. A ello se une el hecho de la dif¨ªcil justificaci¨®n que es, para quien no tiene trabajo conocido ni remuneraci¨®n declarada, la posesi¨®n de grandes coches y dem¨¢s lujos.
El barrio del Perpetuo Socorro, m¨¢s conocido en Castell¨®n como El Barranquet, tiene, aproximadamente, treinta a?os de vida. Sus primeros habitantes, gente trabajadora, levantaron sus casas con sus propias manos, mucho esfuerzo y la ilusi¨®n de empezar a poblar un barrio en el que, actualmente, viven alrededor de 2.000 personas.
Sin embargo, el tiempo ha pasado y aquel modesto barrio obrero ha llegado a ser famoso por el tr¨¢fico de drogas, aunque quienes de este delito se alimentan no son, ni mucho menos, la mayor¨ªa de los vecinos. Seg¨²n el presidente de la asociaci¨®n de vecinos, de las cerca de 400 familias que viven en el Perpetuo Socorro s¨®lo son 14 ¨® 15 las que ceden sus domicilios para que se lleven a cabo los "trapicheos". "Nosotros los conocemos, sabemos qui¨¦nes son", asegura Mart¨ªnez, "pero las autoridades tambi¨¦n", a?ade.
El problema de la droga no es nuevo en el barrio. "Llevamos muchos a?os soport¨¢ndolo", aseguran. Sin embargo, en los ¨²ltimos meses se ha incrementado, sobre todo, por las actitudes de los que acuden a comprar la droga. "Hacen cualquier cosa", mantiene Mart¨ªnez. "En mi casa han entrado dos veces en poco tiempo. No se puede dejar ni una maceta fuera, ni una radio a la vista ni una cortina tendida", agrega. Adem¨¢s, los h¨¢bitos de comportamiento entre los que supuestamente trafican tambi¨¦n han variado. Antes se llevaba una convivencia m¨¢s o menos "pac¨ªfica" y, por supuesto, muy tolerante por parte de la mayor¨ªa de los vecinos. Sin embargo, ahora, los traficantes presionan a los propietarios de las viviendas colindantes a las suyas para que se las vendan.
Ayer, una representaci¨®n de la asociaci¨®n de vecinos acudi¨® a la subdelegaci¨®n del gobierno para entregar m¨¢s de 800 firmas que sustentan la petici¨®n de destierro de los traficantes. En la reuni¨®n que mantuvieron con los responsables de las fuerzas de seguridad, el alcalde, el delegado de Hacienda y el de la Agencia Tributaria se trataron toda una serie de medidas a poner en marcha. Sin embargo, uno de los mayores problemas qued¨® aplazado hasta una pr¨®xima reuni¨®n en la que estar¨¢ presente un representante de los jueces. ?stos han corrido, en los ¨²ltimos d¨ªas, con la "culpa" de no facilitar la labor policial al no conceder las ¨®rdenes de registro necesarias para entrar en los domicilios despu¨¦s de analizar unas pruebas que consideran insuficientes. De hecho, el subdelegado del Gobierno, Vicente S¨¢nchez Peral, asegur¨® que de los ¨²ltimos quince registros solicitados s¨®lo han sido concedidos "dos o tres" y, uno de ellos, una semana despu¨¦s de que se efectuara la petici¨®n. De esta manera, S¨¢nchez Peral, quien defendi¨® tanto la actuaci¨®n policial como la judicial, afirm¨® que se intentar¨¢ coordinar y unificar y hacer coincidir los criterios para la solicitud y concesi¨®n de las ¨®rdenes de registro.
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