El Supremo suspende el concurso que adjudic¨® la programaci¨®n de la TV Canaria

El Ministerio de Fomento obtuvo ayer una sentencia favorable a su posici¨®n -la primera, tras las derrotas en el Tribunal Superior de Canarias- en el pulso que mantiene con el Gobierno del archipi¨¦lago por la puesta en marcha de la televisi¨®n auton¨®mica. El Supremo acepta un recurso del abogado del Estado por el que se obliga a "suspender cautelarmente los actos administrativos" que dieron origen a la concesi¨®n de la programaci¨®n, a trav¨¦s de un concurso p¨²blico, a la empresa Productora Canaria de Televisi¨®n, SA.

En un auto del que ha sido ponente el magistrado Nicol¨¢s Maurendi, el Supremo considera que el mencionado concurso "puede producir el resultado de dejar en manos de personas privadas actividades cuya gesti¨®n el legislador ha puesto especial ¨¦nfasis en que sean desarrolladas por sociedades enteramente p¨²blicas".El auto del Supremo, dictado el d¨ªa 5 del pasado mes de octubre y dado a conocer ayer, se pronuncia sobre la petici¨®n de suspensi¨®n cautelar hecha por el abogado del Estado, pero no entra en el fondo de la cuesti¨®n, esto es: "Si el objeto de la contrataci¨®n litigiosa merece ser considerado como algo diferente de la gesti¨®n del servicio p¨²blico".

El auto judicial resalta que la Ley del Tercer Canal -todav¨ªa vigente, aunque en tr¨¢mite de modificaci¨®n en el Congreso de los Diputados- autoriza la concesi¨®n estatal de un canal de televisi¨®n a cada comunidad aut¨®noma, pero la gesti¨®n que se concede no puede ser transferida a terceros. Para el Supremo, esa ley declara "la prevalencia en materia de televisi¨®n de los intereses estatales" y "el prop¨®sito de que la gesti¨®n mercantil se lleve a cabo por sociedades de capital ¨ªntegramente p¨²blico".

Una vez conocido el contenido de la sentencia, los servicios jur¨ªdicos del Gobierno de Canarias anunciaron la presentaci¨®n de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una vez que la iniciativa sea aprobada en Consejo de Gobierno.

La empresa que obtuvo la concesi¨®n para el suministro de programas a la Televisi¨®n Canaria est¨¢ formada al 60% por entidades y empresarios del archipi¨¦lago. El 40% restante es de Promoci¨®n de Actividades Audiovisuales en Canarias, una entidad en la que hay participaciones minoritarias de PRISA, Canal + Francia, Cajamadrid y BBV.

RTVC quiere continuar

Por su parte, la direcci¨®n del ente p¨²blico de la televisi¨®n canaria mantuvo ayer una larga reuni¨®n para analizar las consecuencias de la sentencia. El director de la Radiotelevisi¨®n Canaria (RTVC), Jorge Bethencourt, precis¨® que, a efectos de la puesta en marcha de la programaci¨®n, "no va a suponer la paralizaci¨®n del calendario de emisi¨®n". "Acatamos el fallo", puntualiz¨®, "pero entendemos que obliga a suspender una licitaci¨®n que ya est¨¢ extinta, y no el contrato en s¨ª o la propia emisi¨®n". No considera que se est¨¦ cuestionando el modelo de gesti¨®n, "porque no se ha entrado en el fondo de la cuesti¨®n".El director de la televisi¨®n canaria lament¨® la judicializaci¨®n del canal auton¨®mico e insisti¨® en que el auto "no dice que el contrato sea ilegal; lo que hace es, ante un conflicto entre Administraciones, dar la raz¨®n al Estado por ser el que concede la licencia para emitir. Este argumento no se sostiene en nuestra opini¨®n".

El modelo canario de gesti¨®n de televisi¨®n auton¨®mica, con direcci¨®n p¨²blica y elaboraci¨®n privada de su programaci¨®n, ha sido el principal caballo de batalla del conflicto que ha enfrentado a los nacionalistas canarios con el PP.