Mas anuncia que reforzar¨¢ la inspecci¨®n y la oposici¨®n la acusa de "precarizar" el sector

VIENE DE LA P?GINA 1 El del asilo privado Mediterr¨¢neo de Formentera del Segura no es el ¨²nico caso de centros ilegales que act¨²an con normalidad. Una residencia situada en El Campello (Alicante), contin¨²a funcionando con otro nombre pese a que el 31 de mayo fue clausurada y multada con 2,5 millones de pesetas por Bienestar Social por carecer de los permisos para ejercer la actividad. La residencia funciona de forma ilegal desde 1994. En un prinicpio se denominaba La Casa de la Primavera, hasta que cambi¨® a Residencia para Mayores Europa 1. El director del centro se?al¨® ayer que se est¨¢n tramitando los permisos de apertura ya que la consejer¨ªa "ha recomendado la realizaci¨®n de unas peque?as reformas" para conceder la autorizaci¨®n.

Esta residencia sali¨® a relucir ayer durante la comparecencia de la consejera de Bienestar Social, Carmen Mas, en las Cortes Valencianas, en la que tambi¨¦n hubo referencias al funcionamiento condicionado de muchos centros, que la Generalitat permite mientras se tramitan las solicitudes de apertura, pero sin asegurarse a trav¨¦s de las correspondientes inspecciones de que cumplen con las condiciones que establece la ley. El diputado socialista Antonio Torres pregunt¨® a la consejera por qu¨¦ sigue abierta la residencia de El Campello. Pero no obtuvo contestaci¨®n.

La consejera defendi¨® la celeridad con la que la Generalitat ha actuado en el caso de la residencia Levante y volvi¨® a acusar a la oposici¨®n de crear una "alarma social injustificada" y de "sesgar la realidad" y afirm¨® que uno de los objetivos m¨¢s importantes de su departamento es llevar a cabo un "control riguroso" de los servicios que se prestan en las residencias de la tercera edad. Para contrarrestar las cr¨ªticas, Mas anunci¨® una bater¨ªa de medidas: un nuevo servicio de Inspecci¨®n con m¨¢s medios humanos -los que exige la ley de 1997 que aprob¨® el PP pero que no ha cumplido- que ser¨¢ operativo en junio pr¨®ximo, el desarrollo de la misma ley en cuanto a las normas de autorizaci¨®n de centros, la reorganizaci¨®n de la Direcci¨®n General de Servicios Sociales con la creaci¨®n de un ¨¢rea de Recursos, y un instituto para investigaci¨®n, desarrollo y calidad de los servicios a mayores. El instituto, "pionero" en Espa?a, seg¨²n Mas, "tendr¨¢ la m¨¢xima capacidad participativa".

Voladura del sistema

Pero la oposici¨®n no pareci¨® muy impresionada por las promesas de la consejera y se aferr¨® a la realidad presente de las residencias de la tercera edad. "El Gobierno de Zaplana est¨¢ ejecutando un detallado plan de voladura del sistema p¨²blico de atenci¨®n a la tercera edad", espet¨® Antonio Torres nada m¨¢s acceder a la tribuna de oradores para dar la r¨¦plica a la consejera. Torres achac¨® al PP un "af¨¢n desenfrenado de privatizaci¨®n" en el sector que, seg¨²n dijo, conduce a la "precarizaci¨®n" de los servicios, a la "desregulaci¨®n" de las condiciones de los centros, a la "relajaci¨®n" de la actividad inspectora, a ua "ausencia de controles" de calidad y a la "disminuci¨®n" del n¨²mero de plazas en las residencias privadas y el aumento del dinero destinado a los asilos privados.

Frente a las acusaciones de la consejera y de la diputada popular Mar¨ªa Josefa Garc¨ªa, quien acus¨® a la oposici¨®n de ejercer la "carro?er¨ªa pol¨ªtica", Torres precis¨®: "Lo que denunciamos es la existencia de residencias no autorizadas y que nadie sepa si cumplen los requisitos". Y a?adi¨®: "Carro?eros son los que crean lucrativos negocios amparados en la falta de control de la Administraci¨®n". Por su parte, Ram¨®n Cardona, de Esquerra Unida, denunci¨® como "grav¨ªsimo" que s¨®lo existan seis inspectores y que se hayan reducido los requisitos para abrir asilos. "As¨ª se precariza el sector", dijo Cardona, quien asegur¨® que con ello el Consell del PP pretende "hacer atractivo este sector a la inciativa privada" mientras se mantienen inutilizadas centenares de plazas en residencias p¨²blicas.