La reforma del profesorado universitario nace con un agujero presupuestario

Los 28.700 millones anunciados por el Gobierno para financiar en tres a?os la reforma del profesorado universitario en precario es insuficiente, seg¨²n la opini¨®n generalizada de los expertos en financiaci¨®n educativa. ?stos cifran en 42.000 millones las necesidades para los tres a?os. Gestores universitarios y economistas cuestionan el plan de Mariano Rajoy para financiar las modificaciones recogidas en dos nuevos reales decretos que el Ejecutivo pretende aprobar este a?o. Aseguran que las comunidades notar¨¢n en s¨®lo dos a?os el da?o econ¨®mico. Las cr¨ªticas tambi¨¦n salpican a la metodolog¨ªa: la utilizaci¨®n de unos fondos que deber¨ªan servir para compensar a las comunidades a las que se transfirieron las competencias cuando a¨²n estaban en expansi¨®n.

Las cifras no cuadran y la clave es que la cantidad calculada por el Gobierno es la que reclamaban los rectores y sindicatos, pero s¨®lo para financiar la situaci¨®n de los 8.000 profesores doctores en precario. Los dem¨¢s conceptos (como los complementos a los docentes o los incentivos a la investigaci¨®n) incluidos en los reales decretos deber¨ªan ir en un presupuesto aparte. Hacen falta 8.000 millones anuales para dar estabilidad a los profesores en precario, y, adem¨¢s, 3.000 millones para financiar los complementos a los titulares de escuela universitaria y otros 3.000 para complementos por m¨¦ritos docentes y por productividad investigadora del profesorado funcionario. En total, 14.000 millones anuales.?stas son las claves de la reforma:

- Distribuci¨®n. La distribuci¨®n se?alada por Rajoy es la siguiente: durante tres a?os, el Gobierno pondr¨¢ 21.000 millones (7.000 anuales) y las comunidades 7.700 (1.750 el primer a?o, 2.450 el segundo y 3.500 el tercero). Como la cantidad que aporta el Gobierno no aumenta y como no habr¨¢ presupuesto para regular a todos los profesores en el primer a?o, cada contrato que se estabilice a partir del segundo a?o correr¨¢ a cargo de las comunidades.

Una vez transcurrido el trienio, las comunidades deben poner todo el dinero para el nuevo profesorado contratado. Se calcula que cada nuevo contrato representa un a?adido de un mill¨®n de pesetas.

- Reparto entre comunidades. Queda por decidir c¨®mo se har¨¢ el reparto de los 7.000 millones entre las comunidades. El m¨¢ximo responsable de Universidades del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, el economista Andreu Mas-Colell, ha propuesto en una carta al secretario de Estado de Educaci¨®n y Universidades, Jorge Fern¨¢ndez, que el reparto se haga dividiendo la cuant¨ªa por la poblaci¨®n total de cada comunidad. En el escrito se?ala que es la soluci¨®n m¨¢s equitativa, aun siendo consciente de que las comunidades con el porcentaje m¨¢s alto de universitarios, como Madrid o Catalu?a, saldr¨ªan peor paradas. Sin embargo, el Gobierno prefiere que el reparto se haga por volumen de alumnado y coste de ense?anzas.

- Modificaciones. Los rectores y los sindicatos llevan a?os insistiendo en la premura de dar estabilidad a los docentes en precario. Se pidi¨® que se hicieran antes de abordar un cambio mayor, el de la Ley de Refoma Universitaria (LRU).

Los dos reales decretos plantean la mejora de la retribuci¨®n para los profesores asociados a tiempo completo que sean doctores, que se equipara a la de los titulares universitarios; la eliminaci¨®n del l¨ªmite de contrataciones de los profesores asociados a tiempo completo, establecida actualmente en tres a?os; los complementos para los titulares de escuelas universitarias, y la evaluaci¨®n voluntaria de la actividad investigadora cada seis a?os.

- Procedencia. El Gobierno quiere sacar los 7.000 millones anuales del fondo de nivelaci¨®n de servicios p¨²blicos b¨¢sicos recogido en la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA), un fondo destinado en realidad a compensar posibles desigualdades. El PSOE ha puesto el grito en el cielo. Pide que se destine esta cantidad a la Universidad, pero para paliar las desigualdades.

- Desigualdades. Las comunidades que estaban en expansi¨®n cuando recibieron las competencias lograron proporcionalmente menos dinero que las que las obtuvieron ya en fase de estabilizaci¨®n: cuando se ha llegado al n¨²mero de alumnos id¨®neo (ver gr¨¢fico). El presupuesto que se dio a cada una correspond¨ªa al coste de los servicios que exist¨ªan entonces. Algunas comunidades recibieron tres veces m¨¢s dinero por habitante. La necesidad de compensarlas queda patente.