El TSJ fuerza a la Generalitat a dedicar cerca de 9.000 millones a ayudas a los funcionarios

La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha requerido a diversas autoridades de la Generalitat, empezando por su m¨¢ximo responsable, Eduardo Zaplana, a qu¨¦ expliquen el grado de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la administraci¨®n auton¨®mica a favorecer la promoci¨®n interna de sus trabajadores y a que ¨¦stos reciban la ayuda social contemplada en el convenio colectivo suscrito por la Generalitat y los sindicatos. Concretamente, UGT, la organizaci¨®n que denunci¨® a los tribunales el incumplimiento del convenio colectivo, eval¨²a en cerca de 9.000 millones de pesetas el desembolso que deber¨¢ efectuar la Generalitat.

La decisi¨®n de la sala social del TSJ, suscrita por su presidente, Francisco Jos¨¦ P¨¦rez Navarro, es rotunda. Recuerda a la Administraci¨®n la obligaci¨®n que tiene de acatar y, por tanto, ejecutar la sentencia del TS. En ese sentido, se?ala al Consell que en la actual fase del procedimiento no se trata "ya de negociar ni de evacuar informes sino de cumplir en sus propios t¨¦rminos una sentencia firme". Una sentencia que, recuerda el TSJ, la Generalitat no ha cumplido. "Las actuaciones" emprendidas por la Generalitat para considerar cumplida la sentencia del Tribunal Supremo "no deben entenderse suficientes". El tribunal reprocha a la Generalitat - una "administraci¨®n demandada, condenada y ejecutada"- que no ha cumplido en las convocatorias de personal de un grupo concreto de funcionarios, "como tampoco la referencia gen¨¦rica a la oferta de empleo p¨²blico de 1999, ni la funcionarizaci¨®n o laboralizaci¨®n de las plazas a las que alude".

Los jueces rechazan de plano varios de los motivos esgrimidos por las autoridades auton¨®micas para no cumplir, en su integridad, la decisi¨®n del TS. "No cabe eximir a una administraci¨®n p¨²blica del cumplimiento de una obligaci¨®n validamente constituida, en raz¨®n a que no se ha aprobado la dotaci¨®n presupuestaria pertinente; al contrario la necesidad de cumplir esa obligaci¨®n impone a esa administraci¨®n el deber de efectuar los tr¨¢mites precisos para incluir en sus presupuestos las partidas adecuadas justificativas del correspondiente gasto".

Es decir, el Consell no puede ampararse en la falta de dotaci¨®n presupuestaria para no actar la sentencia. La sala de lo social va m¨¢s lejos. Ya que la "sentencia no se ha ejecutado en sus propios t¨¦rminos", el tribunal anuncia varias medidas para "promoverla y activarla": comunicar al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana; al consejero de Econom¨ªa, Vicente Rambla y al consejero de Administraci¨®n P¨²blica , Seraf¨ªn Castellano, la decisi¨®n comentada.

Tres meses de plazo

Y requerir al director general de Funci¨®n P¨²blica, Joaqu¨ªn Segarra, "para que convoque con car¨¢cter inmediato el proceso para la provisi¨®n de puestos de trabajo para personal laboral de la Generalitat". Los jueces dan al Consell "un plazo de tres meses" para el cumplimiento de esta medida. Para asegurarse de que esta vez sus ordenes son atendidas, piden que se comunique peri¨®dicamente a la sala el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, el tribunal insta a Rambla a realizar "toda la actividad necesaria en orden a constituir el fondo de ayuda social correspondiente a los a?os 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, removiendo todos los obst¨¢culos que pudieran retrasar su constituci¨®n en tres meses".

UGT eval¨²a en cerca de 9.000 millones de pesetas la cuant¨ªa de las ayudas a las que deber¨¢ hacer frente la Generalitat. Ya en el plano pol¨ªtico, no en el econ¨®mico, el responsable de la Federaci¨® de Treballadors de L"Ensenyament de UGT, Gonzalo Castillo, se ratifica en su postura inicial. "La decisi¨®n de los jueces insta a la Generalitat a que, de una vez por todas, cumplan la ley y respete las decisiones de la justicia".