Cierran filas

PAREC?A QUE el Gobierno era sensible al esc¨¢ndalo social provocado por las stock options de Telef¨®nica y que estaba dispuesto a distanciarse del plan creado por Villalonga. Aunque s¨®lo fuera por el desgaste electoral que puede ocasionarle tama?a exhibici¨®n de impudor retributivo: 38.000 millones a repartir entre 100 ejecutivos de Telef¨®nica. Algunos pensaban que el n¨²cleo duro de la sociedad acusaba las cr¨ªticas y estaba dispuesto a introducir correcciones. El propio Villalonga hab¨ªa manifestado su disposici¨®n a congelar el plan a la espera de informes externos e incluso a extender cinco a?os m¨¢s el compromiso de permanencia de los beneficiarios. Estas expectativas quedaron desvanecidas el mi¨¦rcoles. Por un lado, el consejo de la compa?¨ªa, en el que participan de forma destacada BBV, Argentaria y La Caixa, respald¨® por unanimidad los t¨¦rminos del plan que hab¨ªa aprobado tres a?os atr¨¢s y lo calific¨® como "adecuado y necesario". Unas horas antes, el portavoz del Gobierno anticipaba la misma conclusi¨®n en la televisi¨®n que controla Telef¨®nica. El vicepresidente Rodrigo Rato culminaba la faena por la tarde sum¨¢ndose en el Congreso a la teor¨ªa, tan querida de Villalonga, de que ¨¦sta es una operaci¨®n montada por los enemigos de ¨¦ste, tanto da que sean pol¨ªticos o medi¨¢ticos, seg¨²n convenga.La intervenci¨®n de Rato rememor¨® en algunos momentos el discurso del otro vicepresidente del Gobierno. Esta regresi¨®n qued¨® formulada crudamente en la dial¨¦ctica amigo-enemigo. Por si se trataba de un fallo de memoria en medio del fragor parlamentario, cabe recordar que en este esc¨¢ndalo han terciado de forma hipercr¨ªtica hacia el plan de Villalonga los profesores Fuentes Quintana y Barea, varios obispos, representantes de la patronal, medios afines al Gobierno y pol¨ªticos aliados y opositores del PP. Una coalici¨®n demasiado heterog¨¦nea para resolverla en t¨¦rminos simplistas.

La jornada parlamentaria reafirm¨® que este Gobierno se resiste a asumir el principio elemental de que en un sistema democr¨¢tico el Gobierno est¨¢ obligado a rendir cuentas de sus actos al Parlamento sin que valga el recurso de remontarse perpetuamente a los errores del pasado que los votantes ya sancionaron en las urnas enviando a los socialistas a la oposici¨®n. La obligaci¨®n del vicepresidente Rato es responder a las preguntas que le plantean los partidos; los contribuyentes no le pagan para que haga juicios de intenciones sobre las preocupaciones de la oposici¨®n, ni para eludir las respuestas con iron¨ªas m¨¢s bien groseras. Los ciudadanos siguen sin saber qu¨¦ papel desempe?¨® el delegado del Gobierno en Telef¨®nica sobre el plan de retribuciones de sus directivos; Rato no se dign¨® contestar.

El apoyo un¨¢nime del consejo es otra invitaci¨®n al pesimismo. Poca resistencia cab¨ªa esperar de los nueve consejeros mal llamados independientes, que en realidad deben su nombramiento al presidente de la compa?¨ªa; pero los representantes del n¨²cleo duro ten¨ªan la oportunidad al menos de introducir mecanismos de transparencia ante los accionistas, los trabajadores y los usuarios. Codo con codo, Rato en el Parlamento, Piqu¨¦ en la televisi¨®n de Telef¨®nica y el consejo en su sede central, han cerrado filas detr¨¢s de Villalonga. Cu¨¢nto apoyo para impedir que se sepa qui¨¦nes son los agraciados con el plan y las cantidades que recibir¨¢ cada uno, incluido el propio Villalonga. Pero este cerrojazo invalida, por ejemplo, la alusi¨®n del comunicado del consejo a sus competidoras. No hay nada que corregir; tampoco nada sobre lo que informar.