El Parlamento reclama al Gobierno que complete las pensiones no contributivas m¨¢s bajas

Plantear abiertamente la subida de las pensiones no contributivas (las de los ciudadanos que no han cotizado a la Seguridad Social) es tab¨² en la pol¨ªtica vasca porque la competencia es del Gobierno central. Sin embargo, el Parlamento realiz¨® ayer una pirueta para hacerlo en la pr¨¢ctica. La C¨¢mara inst¨® al Gobierno vasco a que complete los ingresos de los pensionistas receptores de estas ayudas y que est¨¦n en el umbral de pobreza en las condiciones en que se concede el salario social. Esta decisi¨®n supondr¨¢ modificar la Ley contra la Pobreza y la Exclusi¨®n social. Por otro lado, todos los grupos pidieron al Ejecutivo que realice un estudio sobre la dimensi¨®n de las empresas del sector p¨²blico vasco.

Izquierda Unida hab¨ªa planteado una subida homog¨¦nea de las pensiones no contributivas en todo el Pa¨ªs Vasco. Sin embargo, la delicada relaci¨®n de fuerzas en la C¨¢mara llev¨® a una medida mucho m¨¢s moderada que la propuesta para Guip¨²zcoa por parte de su diputado general, Rom¨¢n Sudupe. Todos los grupos, salvo PP y UA, que se abstuvieron, votaron a favor de mejorar las situaci¨®n de los receptores de pensiones no contributivas siempre y cuando ¨¦stos cumplan los requisitos exigidos para cobrar el IMI, tambi¨¦n conocido como salario social. Este ¨²ltimo requisito no se exigir¨¢ en Guip¨²zcoa, si se aprueban los presupuestos pr¨®ximos: todos los receptores de estas pensiones cobrar¨¢n la nueva ayuda.Euskadi cuenta con 11.000 perceptores de estas pensiones repartidos entre los tres territorios de forma proporcional a su poblaci¨®n. Pr¨¢cticamente la mitad corresponden a invalidez, un colectivo al que ya se le contemplaba el incremento. La actual medida afectar¨ªa as¨ª a los mayores de 65 a?os. Los pensionistas no contributivos cobran ahora 37.000 pesetas al mes y el salario social es de 46.133 pesetas. La proposici¨®n no de ley aprobada ayer por los grupos parlamentarios indica que el incremento en la percepci¨®n de este grupo de pensionistas correr¨¢ a cargo del Gobierno y deber¨¢ consignarse ya en los Presupuestos del Pa¨ªs Vasco para el a?o que viene, ahora mismo en proceso de debate parlamentario.

En todo caso, la decisi¨®n supone que el Parlamento deber¨¢ modificar en breve la Ley contra la Pobreza y la Exclusi¨®n social, impulsada por el socialista y entonces consejero de Trabajo Ram¨®n J¨¢uregui y aprobada en mayo de 1998 siendo titular de la cartera su sucesor, el tambi¨¦n socialista Francisco Egea. La modificaci¨®n legislativa, seg¨²n el actual consejero, Sabin Intxaurraga, no se podr¨¢ realizar antes del primer semestre del a?o 2000 y se encuadra dentro de las medidas que ya se debaten en el seno de la Carta de Derechos Sociales.

Contra la exclusi¨®n social

Intxaurraga, que asisti¨® al debate sin intervenir, calific¨® la decisi¨®n de la C¨¢mara de "avance importante en la lucha contra la exclusi¨®n social". El consejero indic¨® que la decisi¨®n pone fin a una discriminaci¨®n con los pensionistas que viven en el umbral de la pobreza, iniciativa popular en tr¨¢mite parlamentario. Intxaurraga no quiso valorar en t¨¦rminos econ¨®micos la cantidad que se consignar¨¢ para este gasto, aunque se calcula que no ser¨¢ significativa.

Los populares, cuya voz en el debate llev¨® el parlamentario Fernando Maura, cambiaron el sentido de su voto en el ¨²ltimo momento y decieron abstenerse en lugar de votar no. Maura explic¨® que su partido tem¨ªa que el Gobierno vasco incidiera en unas competencias que no le corresponden y se violara el principio de solidaridad que debe imperar con el resto de Espa?a. El cambio de voto se debi¨® a que las formaciones favorables a la propuesta se?alaron que no era una subida de pensiones, sino un gesto de solidaridad con los ciudadanos m¨¢s desfavorecidos.

El debate de ayer se promet¨ªa tambi¨¦n caliente por la proposici¨®n no de ley popular en la que se instaba al Gobierno a presentar en seis meses un programa de privatizaciones del sector empresarial p¨²blico vasco. Sin embargo, el di¨¢logo trajo la calma.

Todos los partidos consensuaron una proposici¨®n que pide al Gobierno que en nueve meses presente un estudio del sector empresarial vasco para determinar si est¨¢ o no sobredimensionado. Por otro lado, todos las formaciones apoyaron una proposici¨®n para pedir que no se cierre la planta de Tabacalera en San Sebasti¨¢n.