S¨®lo el 8% de las declaraciones de impacto ambiental en Espa?a son desfavorables

El impacto ambiental no ha sido un freno para la mayor parte de las grandes infraestructuras construidas en Espa?a entre 1988 y 1997. S¨®lo el 8% de las 3.701 declaraciones de impacto ambiental elaboradas en ese periodo ha arrojado un resultado desfavorable. En algunas comunidades aut¨®nomas, como el Pa¨ªs Vasco, no se ha publicado ninguna negativa desde 1989, y en otras, como la Comunidad Valenciana, hasta 1.246. As¨ª lo revela un estudio, que atribuye las causas de este desfase a la dispersi¨®n auton¨®mica y falta de concreci¨®n de la normativa espa?ola.

Para el director general de Calidad y Evaluaci¨®n Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jos¨¦ Trigueros, la cifra de declaraciones de impacto ambiental negativas es excesiva, ya que implica que el 8% de los promotores de los proyectos "carecen de conocimientos del medio natural".El estudio, dirigido por el ingeniero y premio nacional de Medio Ambiente Santiago Hern¨¢ndez con el patrocinio de la empresa farmac¨¦utica Glaxo Wellcome, repasa uno a uno los 3.701 an¨¢lisis del impacto ambiental efectuados desde 1986, a?o en que se introdujo en Espa?a la legislaci¨®n europea que obliga a evaluar las repercusiones de una obra en el medio ambiente. Hasta 1986, el trazado de una autopista o la construcci¨®n de un embalse se ejecutaban sin m¨¢s miras que el inter¨¦s finalista de la obra, al margen de su impacto en el ecosistema y sus consecuencias futuras. A partir de ese a?o (aunque en algunas autonom¨ªas la asunci¨®n de la norma fue posterior) , esas intervenciones ya no se pueden hacer sin que previamente se elabore un informe sobre el encaje del proyecto con el medio ambiente y sin un posterior examen del mismo por parte de las administraciones p¨²blicas.

Un tr¨¢mite que, desde el punto de vista normativo, el investigador Santiago Hern¨¢ndez observa con distancia: "Sin querer ridiculizar el problema, en la legislaci¨®n espa?ola ni se indican los m¨¦todos ni hay controles de calidad objetivables". Para demostrarlo, Hern¨¢ndez echa mano de las legislaciones auton¨®micas y se encuentra con 23 tipos distintos de denominaciones para las evaluaciones ambientales.

"Dado que no encontramos razones objetivas para justificar tanta diversidad sem¨¢ntica, nos inclinamos a pensar que sea ¨¦sta -la diferenciaci¨®n- la finalidad pretendida por los legisladores regionales. Est¨¢ muy claro que este hecho diferencial no contribuye a aclarar las ideas ni facilita el cumplimiento de la legislaci¨®n a proyectistas ni constructores", dice Hern¨¢ndez. "Existe un verdadero caos que impide saber cu¨¢l ha sido el criterio del legislador. Este cap¨ªtulo necesita urgentemente un sosegado debate a nivel nacional", remacha el investigador.

En este cap¨ªtulo del desorden, el estudio revela que existen 23 casos en que se ha emitido declaraci¨®n favorable y desfavorable al mismo tiempo para dos partes del mismo estudio de impacto ambiental. Ese contradictorio pronunciamiento se ha registrado, seg¨²n el estudio, en las comunidades de Andaluc¨ªa (2 ocasiones), Catalu?a (4), Galicia (3), Murcia (1) y Comunidad Valenciana (13). El n¨²mero de declaraciones de impacto ambiental en algunas autonom¨ªas es sorprendentemente reducido: as¨ª ocurre en Melilla (1), La Rioja (1), Cantabria (5), Baleares (8), Navarra (17) y Castilla-La Mancha (18) mientras sobresalen por lo contrario la Comunidad Valenciana, con 1.246, y Andaluc¨ªa, con 803.

Largo silencio

Y para mayor asombro, ninguna de las obras proyectadas en Castilla-La Mancha, Melilla, Navarra, el Pa¨ªs Vasco y La Rioja ha merecido un pronunciamiento desfavorable entre 1986 y 1997. Gracias a ello, la cifra de declaraciones negativas es limitada. La mayor¨ªa procede de Extremadura (31,4%). El resto oscila entre el 3% y el 6%, salvo Arag¨®n (8,6%) y Murcia (11,5%).

Los proyectos que con m¨¢s frecuencia se eval¨²an son los relacionados con la miner¨ªa, las canteras y la ordenaci¨®n del territorio (47%9), seguidos de lejos por las centrales t¨¦rmicas, el transporte de energ¨ªa, los residuos urbanos y t¨®xicos, presas, autov¨ªas, variantes y repoblaciones (32%). En un tercer nivel se sit¨²an los regad¨ªos, las energ¨ªas renovables, las depuradoras de aguas residuales, la industria qu¨ªmica, autopistas y puertos.

El estudio tambi¨¦n indaga el tiempo que invierte cada autonom¨ªa en hacer su trabajo. Hay marcas hist¨®ricos, como el caso de 17 proyectos que han tardado m¨¢s de cinco a?os; 50 han debido esperar m¨¢s de cuatro a?os, y 123, m¨¢s de tres. Las administraciones m¨¢s lentas son Arag¨®n, Canarias, Cantabria, Castilla y Le¨®n, seguidas por el Estado.