El sentido com¨²n y la ordenaci¨®n territorial

Como era previsible, se ha consumado la disoluci¨®n del Consell Metropolit¨¤ de l"Horta. Ahora nos espera la proverbial eficacia de la comisi¨®n liquidadora y, llevando muy lejos la credulidad, la prometida tramitaci¨®n de una Ley de ?reas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana de la que el partido gobernante no se ha dignado avanzar el modelo que piensa utilizar, quiz¨¢ porque todav¨ªa lo desconocen.La disoluci¨®n acordada est¨¢ basada en un c¨²mulo de desprop¨®sitos. El primero fue, sin duda, la suicida reducci¨®n de competencias que acord¨® el ¨²ltimo Gobierno socialista de la Generalitat en 1995. Pero un error no justifica su continuaci¨®n sino que exige su rectificaci¨®n. Entre 1991 y 1995, la pol¨ªtica del Ayuntamiento de Valencia dirigido por Rita Barber¨¢ fue de consciente ninguneo de la instituci¨®n cuando no de abierta hostilidad, renunciando de esta forma a plantear el tema metropolitano como una exigencia de racionalidad que deb¨ªa estar por encima de las diferencias pol¨ªticas . Entre 1995 y 1999, el Ayuntamiento mantuvo su actitud y la Generalitat dej¨® vegetar el organismo no desaprovechando la ocasi¨®n para echar m¨¢s le?a al fuego como lo demuestra la kafkiana situaci¨®n del saneamiento en la que Ayuntamiento, CMH y Generalitat (creo que tambi¨¦n la Diputaci¨®n) interpretan a la perfecci¨®n la ceremonia de la confusi¨®n.

Por una de aquellas iron¨ªas a las que la historia nos tiene tan acostumbrados, los resultados de la ¨²ltimas elecciones daban el gobierno del ente metropolitano al centro-izquierda. La reacci¨®n ha sido tan ejemplarmente r¨¢pida como carente de l¨®gica. Sin ¨¢nimo alguno de consensuar la soluci¨®n futura con los alcaldes del ¨¢rea, la Generalitat ha entrado como elefante en cacharrer¨ªa, confundiendo legitimidad democr¨¢tica con bondad e intentado justificar la disoluci¨®n con argumentos tan pueriles como que el ente estaba "politizado" o demag¨®gicos como afirmar que "no era eficiente". Afirmar esto ¨²ltimo presupone aceptar que la instituci¨®n contaba con recursos y competencias relevantes, cosa que no es cierto, y, adem¨¢s, tener alg¨²n indicador m¨ªnimamente objetivo de la "ineficiencia" cuya aplicaci¨®n , caso de existir, dejar¨ªa bastante mal parado al propio Ayuntamiento de Valencia, a las tres diputaciones y quiz¨¢ a la propia Generalitat. Y, en el colmo de los desprop¨®sitos, se justificaba tambi¨¦n la disoluci¨®n como una consecuencia "natural" del cacareado Pacto Local que es tan s¨®lo una mera declaraci¨®n de buena voluntad de "devoluci¨®n" de algunas competencias a los ayuntamientos, absolutamente inviable sin una reforma previa del gobierno local.

Todo esto es, en cualquier caso, agua pasada y no creo que la v¨ªa judicial solucione el desaguisado. As¨ª pues, haciendo de la necesidad virtud, me atrevo a sugerir a mis avezados gobernantes que por una vez y sin que sirva de precedente, apliquen al caso el sentido com¨²n aderezado con una pizca de visi¨®n pol¨ªtica, entendida ¨¦sta como la superaci¨®n del vuelo gallin¨¢ceo al que nos tienen acostumbrados .

Veamos por d¨®nde podr¨ªa ir la cosa. A poco que uno piense, el actual gobierno del territorio - de tanta trascendencia para el crecimiento econ¨®mico y el bienestar social- dista bastante de ser satisfactorio. M¨¢s de quinientos municipios, muchos de los cuales carecen de recursos y capital humano. Tres esclerotizadas diputaciones cuya participaci¨®n en la inversi¨®n p¨²blica es inferior al 10%. Un sinf¨ªn de agonizantes e inoperantes mancomunidades (excepciones aparte). Una Generalitat que detenta competencias como la sanidad, la educaci¨®n o los servicios sociales que en muchos pa¨ªses europeos suelen estar compartidas con los ayuntamientos o, en algunos casos, ser competencia de ¨¦stos ¨²ltimos. Un flamante abanico de "¨¢reas o mapas" de actuaci¨®n que no coinciden ni por casualidad (el mapa escolar, el mapa sanitario, las circunscripciones judiciales o de hacienda etc.).

Este sistema de gobierno contrasta vivamente con el funcionamiento real del territorio y las necesidades del personal. En muchas ocasiones nos encontramos con territorios funcionalmente muy integrados pero carentes de cualquier organizaci¨®n supramunicipal. El caso extremo son las ¨¢reas metropolitanas pero tambi¨¦n otras muchas comarcas (las comarcas centrales del interior, la Safor, las Marinas etc.). En otras ocasiones, la exigencia de las soluciones supralocales se deriva de la imperiosa necesidad de agruparse para alcanzar umbrales de poblaci¨®n que permitan una dotaci¨®n de servicios adecuada. Es el caso evidente de muchas comarcas del interior.

Vista la inadecuaci¨®n (yo dir¨ªa que profunda) entre la estructura del gobierno del territorio y las exigencias de racionalidad, sus se?or¨ªas podr¨ªan tener a bien dedicar una peque?a parte de su bien pagado tiempo en reflexionar sobre si no es hora ya de acometer una reforma en profundidad del gobierno local sobre la base o bien de las comarcas hist¨®ricas o bien, cuando ello sea preciso, de una agrupaci¨®n de ¨¦stas . De esta forma tendr¨ªamos entes locales supralocales y subregionales que tendr¨ªan la dimensi¨®n suficiente para, ahora s¨ª, poder hacer efectiva la "devoluci¨®n" de competencias. Se eliminar¨ªa adem¨¢s la mara?a de divisiones sectoriales existentes y se facilitar¨ªa en grado sumo la coordinaci¨®n ya que sentarse a la mesa el consejero del ramo con catorce o quince representantes de estos nuevos entes locales es tan sencillo como efectivo. Y en este marco, no habr¨ªa ning¨²n problema en que las ¨¢reas metropolitanas tuvieran un tratamiento espec¨ªfico.

?sta es quiz¨¢ una forma modesta pero efectiva de ser la envidia de Espa?a, los mejores del mundo mundial o cualquiera de las frases grandilocuentes al uso. S¨®lo que exige valent¨ªa pol¨ªtica, visi¨®n a largo plazo, sentido com¨²n y voluntad de consenso. S¨¦ que ni los alcaldes son muy propicios a ceder competencias hacia arriba ni la Generalitat hacia abajo. Soy consciente igualmente de que en el esquema planteado sobran las diputaciones (cuyos recursos nutrir¨ªan en buena medida los nuevos entes) y que el inteligente de turno no tardar¨¢ en rasgarse las vestiduras al grito de !!esto es inconstitucional??, como si los dem¨¢s no supi¨¦ramos que la Constituci¨®n de 1978 reconoce a las diputaciones como entes locales. Pero, en el m¨¢s estricto esp¨ªritu federal, no estamos abogando por que en Espa?a se supriman las diputaciones. Cada comunidad deber¨ªa ser libre para autoorganizarse y las constituciones pueden modificarse sin incurrir en pecado mortal .

Si se aplicara la misma celeridad a estudiar y hacer operativa esta propuesta -manteniendo "formalmente" las diputaciones hasta el cambio constitucional preceptivo- que la que se ha utilizado en disolver el Consell Metropolit¨¤ de l"Horta sin meditar las consecuencias a corto plazo, me retractar¨ªa gustoso. Mi problema reside en el permanente divorcio que detecto entre el sentido com¨²n y la pr¨¢ctica pol¨ªtica. Claro que no saber estar a la altura de las circunstancias se acaba pagando caro tarde o temprano y ¨¦sta es una advertencia gratis para navegantes sin rumbo. De nada.

Josep Sorribes es profesor de Econom¨ªa Regional y Urbana de la Universidad de Valencia.