El fiscal pide que se investigue al asilo Levante por detenci¨®n ilegal

El ministerio fiscal ha solicitado que se investigue a los propietarios de la residencia ilegal de la tercera edad Levante, de Formentera de Segura (La Vega Baja), por los supuestos delitos de detenci¨®n ilegal y trato degradante a los ancianos del asilo. En este centro, clausurado por la Consejer¨ªa de Bienestar Social, murieron el pasado a?o 25 de los 35 ancianos internados.El fiscal del servicio de protecci¨®n del deficiente y enfermos mentales de la Audiencia Provincial de Alicante, remiti¨® ayer a los juzgados de Orihuela un escrito en el que solicita la apertura de diligencias preventivas contra los responsables de la residencia porque, a su juicio, existen indicios delictivos en el desarrollo de la actividad del centro.

El fiscal se?al¨® que los presuntos delitos sobre los que considera que se debe investigar para depurar posibles responsabilidades penales son los de detenci¨®n ilegal y trato degrandante. "Ello no quiere decir que, posteriormente, vayamos a mantener una acusaci¨®n en este sentido. Todo depender¨¢ de los resultados de las diligencias y pruebas que se practiquen", se?al¨® el fiscal, quien declin¨® hacer m¨¢s comentarios sobre su decisi¨®n ni en que hechos basa la imputaci¨®n de detenci¨®n ilegal.

Informe forense

Sin embargo, otras fuentes de la Fiscal¨ªa aseguraron que la detenci¨®n ilegal podr¨ªa estar relacionada con el internamiento de un anciano discapacitado, que carec¨ªa de la pertinente autorizaci¨®n judicial para ingresar en el centro y que, pese a sus reiteradas peticiones de dejar el asilo, la direcci¨®n del geri¨¢trico no lo permiti¨®. Asimismo, la Fiscal¨ªa solicitar¨¢ al juzgado que se haga cargo de la instrucci¨®n del sumario que un forense examine a los ancianos que estuvieron acogidos en el asilo, para determinar si fueron objeto de lesiones f¨ªsicas.

El escrito del fiscal se basa, en gran medida, en las conclusiones y datos del informe que elabor¨® la Consejer¨ªa de Bienestar Social y que llev¨® a este departamento a clausurar el centro. En ese documento se relatan una serie de deficiencias de la residencia, especialmente en lo relativo a la asistencia sanitaria a los ancianos y otros aspectos relacionados con la higiene, alimentaci¨®n y seguridad.

En principio, la fiscal¨ªa ha exonerado a la Administraci¨®n y considera que de haber responsabilidades penales ¨¦stas recaer¨¢n sobre los propietarios del geri¨¢trico. Igualmente, la Fiscal¨ªa descarta que el alto n¨²mero de fallecimientos registrados en la residencia, que funcionaba sin autorizaci¨®n oficial, pueda ser imputado directamente a los propietarios, dado que una mayor¨ªa de los internos ingres¨® en estado pr¨¢cticamente terminal.

Por ¨²ltimo, la Fiscal¨ªa mantiene que la ilegalidad en la que se encontraba el asilo deber¨¢ ser objeto de un expedientes administrativo, al margen de la v¨ªa penal.