Felip Puig acusa a la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de obviar las leyes
El consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, acus¨® ayer al fiscal Jos¨¦ Joaqu¨ªn P¨¦rez de Gregorio, sin citarlo, de haber obviado la ley al presentar una querella por prevaricaci¨®n contra Pere Macias, uno de sus antecesores en el cargo y actual titular de Pol¨ªtica Territorial. Puig defendi¨® de forma decidida la actuaci¨®n de Macias y precis¨® que "no est¨¢ nada justificado" que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) haya admitido a tr¨¢mite la querella y haya abierto diligencias.
Puig convoc¨® ayer una conferencia de prensa para defender la actuaci¨®n de Macias y la del departamento que ¨¦l dirige en el caso que investiga el TSJC. Adem¨¢s del consejero de Pol¨ªtica Territorial, la querella de la fiscal¨ªa se dirige tambi¨¦n contra el gerente de la Junta de Saneamiento, Blai Sol¨¦, y contra Pedro Bros Marcet, propietario de la empresa de Sabadell que realiz¨® los vertidos. Al acabar la comparecencia de Felip Puig, incluso se facilit¨® a la prensa una copia de la querella redactada por el fiscal de Medio Ambiente de Catalu?a, Jos¨¦ Joaqu¨ªn P¨¦rez de Gregorio. El pasado mi¨¦rcoles fue el propio Departamento de Pol¨ªtica Territorial el que difundi¨® una nota p¨²blica para anunciar que el TSJC hab¨ªa abierto diligencias contra Macias.La querella de la fiscal¨ªa asegura que la prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n a sabiendas de que es injusta) fue cometida cuando el consejero Macias autoriz¨® el 10 de junio de 1996 a la empresa SA Bros a que realizara vertidos con una demanda qu¨ªmica de ox¨ªgeno -un indicador de la contaminaci¨®n de las aguas- tres veces superior al m¨¢ximo permitido por la ley. Sin embargo, Puig considera que "la fiscal¨ªa no puede alegar desconocimiento de la ley, como ocurre con un ciudadano", y record¨® que la Generalitat tiene competencias para autorizar a las empresas a aplicar planes de descontaminaci¨®n gradual (PDG) superando esos l¨ªmites. "Si no pudi¨¦ramos modificar esos l¨ªmites, no tendr¨ªan raz¨®n de ser los PDG", precis¨® Blai Sol¨¦, quien admiti¨® sin reparo alguno la veracidad de los altos ¨ªndices de contaminaci¨®n a los que se refiere el fiscal en la querella.
As¨ª las cosas, Puig precis¨® que se trata, en definitiva, de una "disparidad de criterios" entre la Administraci¨®n y la fiscal¨ªa. En otro momento de su intervenci¨®n el consejero facilit¨® una relaci¨®n de las actuaciones de la Junta de Saneamiento de la Generalitat para combatir la contaminaci¨®n industrial: m¨¢s de 8.000 inspecciones de vertidos que motivaron 3.330 sanciones -"la [cifra de sanciones] m¨¢s elevada de Europa"- por un valor de 1.700 millones de pesetas. En los ¨²ltimos a?os se han aprobado tambi¨¦n 545 PDG, de los que se han acabado 350 y m¨¢s de 100 todav¨ªa se est¨¢n aplicando. 83 se revocaron por incumplimiento de lo pactado. La Junta de Saneamiento asegura tambi¨¦n que en este tiempo se han remitido a la fiscal¨ªa 102 denuncias por presunto delito ecol¨®gico.
Plan incumplido
Sin embargo, en el caso de la empresa SA Bros la querella de la fiscal¨ªa asegura que se incumpli¨® el plan de descontaminaci¨®n gradual que autoriz¨® el consejero Macias y que la Junta de Saneamiento no adopt¨® ninguna medida para sancionar o denunciar los vertidos ante el juzgado o la fiscal¨ªa. La querella explica que la empresa no instal¨® un sistema de depuraci¨®n durante los dos a?os de plazo que se le concedi¨® y que, pese a ello, se le dio una pr¨®rroga de 20 meses que acab¨® el pasado 18 de marzo y durante la cual tampoco se realiz¨® esa instalaci¨®n.
Puig admiti¨® ayer que la instalaci¨®n de la depuradora se ha retrasado ocho a?os sobre el calendario previsto al no poderse pactar su instalaci¨®n con el Ayuntamiento de Sabadell y por la aparici¨®n de un yacimiento arqueol¨®gico.
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