Un conflicto competencial pone en peligro la conservaci¨®n de Tabarca
El nuevo Plan Especial lleva 5 a?os de retraso
La conservaci¨®n de la isla de Tabarca, tal como hoy se nos ofrece, corre peligro. El conjunto hist¨®rico-art¨ªstico actual puede verse alterado si en el plazo de un a?o no se desbloquea la revisi¨®n de un Plan Especial que data de 1982, y que permite levantar construcciones modernas junto a las erigidas en el siglo XVIII en este peque?o archipi¨¦lago fortificado cuyo control se disputan las administraciones p¨²blicas que tienen competencias, que son todas.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Capitan¨ªa de Marina, la Autoridad Portuaria, la Generalitat, el Ayuntamiento de Alicante y hasta la Guardia Civil, los organismos p¨²blicos que tienen competencias sobre la conservaci¨®n de Tabarca son tantos, que la isla corre serio peligro de perder sus m¨¢s destacados valores arquitect¨®nicos y ecol¨®gicos.Para intentar aunar criterios, el Consistorio ha creado el llamado Consejo Municipal de Tabarca, que en su primera reuni¨®n constat¨® las dificultades que entra?a poner de acuerdo a un total de 12 departamentos diferentes de todas las administraciones. La situaci¨®n es tan surrealista que algunos casos puntuales se han puesto en manos de los jueces para que decidan a qui¨¦n compete la concesi¨®n de una licencia, por ejemplo. As¨ª, mientras el Ayuntamiento autoriza y la Generalitat consiente, el Gobierno central sanciona y califica de ilegales las bandejas de bungal¨®s que se construyen en zona de deslinde mar¨ªtimo-terrestre.
El principal problema radica en la apat¨ªa demostrada por el equipo del gobierno municipal, en manos del PP, para acometer con celeridad la revisi¨®n del Plan Especial de Tabarca, que data de 1982. Ese documento, que detalla los usos del territorio isle?o, tiene tantas carencias que apenas sirve para garantizar la conservaci¨®n del enclave.
La redacci¨®n del nuevo Plan Especial se inici¨® en 1994, pero no fue hasta finales de 1998 cuando consigui¨® la aprobaci¨®n inicial en el Ayuntamiento, lo que implic¨® una suspensi¨®n cautelar de licencias de construcci¨®n de dos a?os. Ya ha transcurrido uno y el trabajo apenas ha avanzado. Si durante el a?o 2000 el documento no entra en vigor, las administraciones estar¨¢n obligadas a autorizar cuantos proyectos se presenten, aunque se trate de adosados de corte moderno pegados a edificaciones con dos siglos de antig¨¹edad. Todas las partes implicadas aseguran que es posible cumplir con el calendario si antes se llega al consenso.
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