Los magistrados franceses indemnizar¨¢n a las v¨ªctimas de sus errores

En contrapartida a la autonom¨ªa de los magistrados, proclamada en la vasta reforma judicial de la ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, los jueces y fiscales franceses tendr¨¢n que rendir cuentas p¨²blicamente de sus errores y pagar a sus v¨ªctimas indemnizaciones mucho m¨¢s substanciosas que las actuales. Una comisi¨®n compuesta por un miembro de la Judicatura y dos personalidades independientes examinar¨¢ las quejas de los ciudadanos y trasladar¨¢ al Consejo Superior de la Magistratura (CSM) las que estime fundadas. En la actualidad, los ciudadanos que se consideran perjudicados por el comportamiento irregular de un juez tienen como exclusivo recurso la denuncia escrita al ministro de Justicia. Unas 2.000 cartas llegan as¨ª mensualmente al despacho de Guigou.El anteproyecto de ley sobre la responsabilidad de los magistrados faculta a los presidentes de tribunal y a los fiscales generales a denunciar las actuaciones irregulares ante el Consejo Superior de la Magistratura. Las audiencias ser¨¢n p¨²blicas, salvo secreto de Defensa o exigencia de protecci¨®n a la vida privada, y los fallos se har¨¢n p¨²blicos.

Recelosa, cuando no irritada, por la autonom¨ªa otorgada a los magistrados, la clase pol¨ªtica ha acogido el texto con alborozo, en un momento en el que muchos diputados y senadores, y no s¨®lo de la oposici¨®n de derechas, acrecentaban sus amenazas de boicotear la reforma. La dimisi¨®n del procesado ministro de Econom¨ªa, Dominique Strauss-Kahn, ha sido un elemento agitador de esa revuelta soterrada emprendida por quienes dicen temer la instauraci¨®n del "Gobierno de los jueces". Los temores se asientan en las decenas de procesamientos por corrupci¨®n dictados por los jueces en los ¨²ltimos a?os contra dirigentes de partidos.

Reticencias

Acosados por las investigaciones judiciales, una parte de los pol¨ªticos franceses no termina de aceptar el final de una etapa caracterizada por la impunidad y por el control, no necesariamente remoto, ejercido sobre la Judicatura. Puede decirse que la sombra del helic¨®ptero que, por encargo del ministro de la ¨¦poca, busc¨® hace tres a?os en el Himalaya al magistrado de vacaciones que deb¨ªa resolver el caso de las corruptelas de la alcald¨ªa de Par¨ªs no acaba de difuminarse. Pol¨ªticamente, pues, la ministra de Justicia no ha podido ser m¨¢s oportuna.

El texto sobre la responsabilidad de los jueces no corre riesgo de ser rechazado por las c¨¢maras y ser¨¢ decisivo para levantar los vetos a los otros tres que han entrado en el proceso parlamentario. El primero, que debe ser sancionado con el voto de al menos tres quintos de las dos c¨¢maras, modifica las atribuciones del Consejo Superior de la Magistratura, para que ese organismo sea m¨¢s libre para decidir sobre el destino profesional de los jueces. El segundo texto pone fin a las instrucciones que el titular de Justicia daba a los fiscales sobre ciertos casos individuales, si bien el ministro podr¨¢ marcar las l¨ªneas generales y conservar¨¢ el derecho a ser informado de los "asuntos delicados". El tercero permitir¨¢ a los detenidos un abogado desde el primer momento y retirar¨¢ al juez instructor la potestad de prolongarla.