M¨¢s que un error

EN EL cat¨¢logo de los muchos y variopintos errores atribuibles tradicionalmente al "anormal funcionamiento" de la Administraci¨®n de justicia faltaba quiz¨¢s uno de las caracter¨ªsticas del padecido por Jes¨²s Gil y el resto de implicados en el sumario por el caso Atl¨¦tico. Es la primera vez, seguramente, que un juez firma un auto perfectamente estructurado y argumentado atribuyendo a los imputados en una causa un delito -en este caso, el muy grave de tr¨¢fico de estupefacientes- que nada tiene que ver con los hechos que investiga. Le ha faltado tiempo a Gil, predispuesto a ver una mano negra en todo lo que le pasa actualmente, para interpretar el error como "parte del plan trazado" para desacreditarle y liquidarle en todos los ¨®rdenes. Quiz¨¢s sea esa obsesi¨®n persecutoria la que ha llevado al ex presidente del Atl¨¦tico de Madrid a barajar de nuevo su presentaci¨®n a las elecciones en la creencia err¨®nea de que podr¨ªa eludir como diputado las responsabilidades que se le exigen como ciudadano.Pero en este asunto Gil ve fantasmas donde seguramente no los hay. No hay por qu¨¦ achacar a una mano negra lo que tiene visos de ser obra de una mano inexperta, primero, y de algunas negligencias despu¨¦s. Puede ser plausible la explicaci¨®n dada por el juzgado de que el error tuvo su origen en la utilizaci¨®n de un modelo inform¨¢tico creado para delitos de tr¨¢fico de estupefacientes. Es plausible, pero insuficiente para dar entera cuenta de la magnitud del error. Falta explicar por qu¨¦ el secretario dio fe del auto err¨®neo y el juez lo firm¨®. ?O cabe deducir que no lo leyeron antes? Por menos motivos se abren todos los d¨ªas en los juzgados causas por negligencia profesional.

Este tipo de errores judiciales no se reparan del todo porque se rectifiquen inmediatamente, como ha sido el caso. Atribuir a unos imputados, aunque sea por unas horas, un delito inexistente no constituye s¨®lo un error material. Si la tarea del juez es tutelar los derechos de los ciudadanos debe rechazarse, por principio, que pueda cometer equivocaciones que los vulneren sin que pase nada. Lo sucedido merece al menos la atenci¨®n del Consejo General del Poder Judicial para saber si hubo algun tipo de negligencia o es algo congruente con la burocracia judicial. En los dos casos, hay una responsabilidad evidente. La impunidad, es decir, no responder por lo que se hace, no puede ser en ning¨²n caso la contrapartida de la independencia judicial.