Condenado un empresario a pagar casi mil millones al Estado por un fraude. El empresario false¨® facturas para reducir sus pagos a Hacienda

El titular del Juzgado de lo Penal n¨²mero 8 de Valencia, Jes¨²s Mar¨ªa Huerta, ha condenado a a?o y medio de prisi¨®n y al pago de 955 millones de pesetas a un empresario de Valencia, Miguel Montoro, considerado culpable de un delito contra la Hacienda P¨²blica en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.El magistrado ha aceptado todos los argumentos defendidos durante el juicio por el fiscal y el abogado del Estado personados en la causa. ?stos intentaron probar que Montoro, de 60 a?os, increment¨® artificialmente los gastos de sus sociedades (Valencia Residencial e Iniciativas Valencia) para reducir sus beneficios, las cantidades a pagar en concepto de IVA y, en definitiva, sus contribuciones al fisco entre 1989 y 1991.

El juez les ha dado la raz¨®n, aunque ha rebajado la petici¨®n de pena hecha por la Fiscal¨ªa: la acusaci¨®n p¨²blica ped¨ªa cuatro a?os de prisi¨®n para el promotor de Valencia.

La sentencia contra Montoro, administrador ¨²nico de Valencia Residencial e Iniciativas Valencia, es el colof¨®n a un juicio que ha durado m¨¢s de mes y medio -empez¨® el dos de noviembre y finaliz¨® el nueve de diciembre-, necesit¨® de m¨¢s de 10 sesiones y concluy¨® con los maratonianos informes finales de fiscal, abogado del Estado y defensa, que en todos los casos consumieron varias horas en exponer sus puntos de vista sobre el caso. El letrado del empresario, Javier Boix, pidi¨® la absoluci¨®n de su cliente.

La enorme duraci¨®n del juicio responde a su complejidad. Tanto en la investigaci¨®n del caso, que correspondi¨® en suerte a Jos¨¦ Manuel Ortega, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Valencia, como durante las vistas de la causa decenas de facturas fueron sometidas a examen. Aquellas que, seg¨²n las acusaciones, fueron falseadas o manipuladas por Montoro.

El magistrado s¨®lo ha considerado correctas tres de las numerosas facturas consideradas irreales por el fiscal adscrito al caso, Javier Carceller. Estos documentos, que han servido como base de la acusaci¨®n, hac¨ªan referencia a compras, obras o servicios te¨®ricamente prestados por Montoro, cuyas empresas tuvieron un papel preponderante en el desarrollo urban¨ªstico del sureste de Valencia.

Precisamente en relaci¨®n con esas obras, hechas en las cercan¨ªas de un centro comercial y junto al inicio de la autov¨ªa de El Saler, se cometieron gran parte de las ilegalidades perseguidas. El juez considera probado, entre otras cosas, que los responsables de Estructuras Valencianas y Estructuras y Contratas JZN le entregaron facturas en blanco a Montoro. Algo similar sucedi¨® con los recibos de Forconsa o Calderer¨ªas Tegor, mientras que el empresario se hizo, "por v¨ªas no concretadas", con facturas de Dinaval, Varaderos Chas, Pl¨¢sticos Vam y Comercial Rub¨¦n. Ninguna de esas compa?¨ªas hab¨ªa emitido los documentos.

Entre 1989 y 1991

As¨ª, seg¨²n expusieron las acusaciones, Montoro utiliz¨® "facturas que reflejaban la compraventa de mercanc¨ªas o la prestaci¨®n de servicios que no hab¨ªan tenido lugar, consigui¨® una importante rebaja de su deuda fiscal frente a la Hacienda P¨²blica, en el Impuesto de Sociedades y sobre el valor a?adido de los ejercicios 1989, 1990 y 1991".

El fiscal cuestion¨® desde el uso de cemento hecho en varias obras hasta el valor de los componentes met¨¢licos adquiridos, e incluso la realizaci¨®n efectiva de varias obras que, en el balance de gastos de la empresa, si existieron. Tal como se?ala Huerta en su fallo, "mediante el empleo de esta t¨¦cnica defraudadora el empresario conseguir¨ªa aumentar los gastos del ejercicio y disminuir beneficios y al mismo tiempo la base imponible del impuesto de sociedades dada su ¨ªntima conexi¨®n con el impuesto sobre el valor a?adido".