Letrados de Intelhorce dicen que no hay causa porque un juez archiv¨® el caso en 1991

Diecisiete de los 21 abogados defensores del caso Intelhorce pidieron ayer al tribunal la no continuaci¨®n del juicio alegando la figura jur¨ªdica de la cosa juzgada. En 1991, cuando CC OO present¨® la primera denuncia por presuntas irregularidades en la textil, un juez de M¨¢laga la archiv¨® por considerar que la v¨ªa penal no era la adecuada para juzgar el caso. Las defensas arguyen que esta resoluci¨®n implica el sobreseimiento libre de la causa, y que no hay que volver a juzgar unos hechos que ya han sido sentenciados. El fiscal y las acusaciones particulares niegan que el caso haya sido sobrese¨ªdo.

El juicio de Intelhorce, que dilucida la presunta venta fraudulenta y posterior descapitalizaci¨®n de la textil malague?a, se reanud¨® ayer despu¨¦s de que la sala dictase el viernes un auto de 60 p¨¢ginas en el que se desestimaban las peticiones de los abogados defensores de que la vista se trasladase a Madrid. El presidente de la sala y ponente, Federico Morales, fue el ¨²nico de los tres magistrados de la Secci¨®n Tercera que vot¨® el viernes a favor del traslado, manteniendo la postura que defendi¨® en el primer juicio. Ayer, al iniciarse la sesi¨®n, los 12 abogados defensores que hab¨ªan solicitado el traslado hicieron constar su protesta y manifestaron su intenci¨®n de recurrir esta decisi¨®n ante el Tribunal Supremo. Morales pretende agilizar el debate de las cuestiones previas, que en el primer juicio -anulado al jubilarse el presidente de la sala y cambiar la composici¨®n del tribunal- se extendieron casi ocho meses. Ayer se plante¨® otra cuesti¨®n espinosa: si se da o no la figura jur¨ªdica de la cosa juzgada. De reconocerla el tribunal, el juicio no deber¨ªa continuar, y por eso este debate, y el de la posible prescripci¨®n de los delitos, se han priorizado sobre otras cuestiones.

La mayor¨ªa de los abogados defensores sostienen que no hay causa porque en 1991, cuando CC OO present¨® la primera denuncia por estafa, falsedad y prevaricaci¨®n contra los propietarios de la textil y algunos de los funcionarios que intervinieron en la privatizaci¨®n, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12 de M¨¢laga archiv¨® la denuncia al considerar que la causa deb¨ªa ventilarse por la v¨ªa Civil o la Contencioso-Administrativa.

Los defensores mantienen que, como nadie recurri¨® en el plazo legal, la resoluci¨®n tom¨® car¨¢cter de sobreseimiento libre. En 1994 se produjo una nueva denuncia, y en este caso fue el titular de otro juzgado, el n¨²mero 11, el que se hizo cargo de ella, emprendiendo una instrucci¨®n que dur¨® a?os y que ha desembocado en este juicio. Pero los defensores consideran que aqu¨ª hubo una nueva irregularidad porque el titular de este juzgado deber¨ªa haber hecho llegar el caso al primer instructor.

El fiscal y los abogados de las acusaciones particulares sostuvieron, por el contrario, que no se puede considerar el caso como cosa juzgada, ya que en la segunda denuncia se aport¨® documentaci¨®n complementaria que no aparec¨ªa en la primera y que, seg¨²n los acusadores, s¨ª arrojaba informaci¨®n nueva sobre los presuntos delitos. Tampoco consideran que se vulnerasen las normas del reparto porque en 1994, dicen, a¨²n no hab¨ªa una normativa que obligase a acumular en un mismo juzgado las denuncias por una misma causa.