El fiscal solicita 10 a?os de prisi¨®n para tres empresarios acusados de defraudar 2.400 millones

El representante de la Fiscal¨ªa y el abogado del Estado solicitaron ayer penas de 10 a?os de prisi¨®n para tres de los accionistas de C¨¢rnicas La Ribera, una empresa ya desaparecida ubicada en Sollana (La Ribera) cuyos gestores est¨¢n acusados de defraudar al fisco casi 2.400 millones de pesetas entre 1984 y 1988. Las acusaciones imputan a los procesados, Jos¨¦ Anrubia, Francisco Alepuz y Rafael L¨®pez, un delito continuado contra la Hacienda p¨²blica en concurso con un delito de falsificaci¨®n de documento p¨²blico. Seg¨²n su versi¨®n de los hechos, los empresarios llevaban una contabilidad trufada de albaranes falsos o simplemente ininteligible para disminuir, a niveles contables, su volumen de negocio y, en consecuencia, sus pagos al Estado.

Las defensas piden la absoluci¨®n de sus clientes. Anrubia, presidente de la firma, se ampar¨® en la falta de memoria y la existencia de un departamento de contabilidad -las supuestas ilegalidades sucedieron hace m¨¢s de diez a?os- para eludir las respuestas concretas y L¨®pez asegur¨® que, a pesar de su pertenencia al consejo de administraci¨®n, apenas controlaba la actividad diaria de la firma. Alepuz, vicepresidente de la empresa, fue el ¨²nico que, siempre defendiendo su inocencia, intent¨® rebatir las acusaciones del fiscal y del abogado del Estado. ?stos, a grandes rasgos, se amparan en las conclusiones de la larga investigaci¨®n de la Inspecci¨®n de Hacienda para sostener su acusaci¨®n.

Los funcionarios, despu¨¦s del estudio de cientos de documentos, concluyeron que los acusados pueden haber defraudado cerca de 2.400 millones de pesetas por varios m¨¦todos. El principal de ellos, alterar documentalmente la facturaci¨®n real de la empresa, de 14.000 millones de pesetas en 1988. Esto se hac¨ªa, seg¨²n los abogados de la acusaci¨®n, incrementando el porcentaje de la producci¨®n de la empresa destinada al producto fresco en detrimento del elaborado.

El objetivo de esta artima?a era claro: los productos frescos (por ejemplo, los jamones) estaban exentos del pago del Impuesto General de Tr¨¢fico de Empresas (ITE), el antecesor del IVA. Los productos elaborados -por ejemplo, el salami- s¨ª pagaban el desaparecido impuesto. El expediente de Hacienda revela la existencia de facturas falsas -ventas inexistentes de jamones-; un uso de conservantes para productos elaborados muy superior al de la producci¨®n declarada o la cuadruplicaci¨®n de la facturaci¨®n real con la desaparici¨®n del ITE, en 1987.