Gil pide a la Sala que deje sin efecto la administraci¨®n decidida por el juez

Jes¨²s Gil y Gil, y su hijo Miguel ?ngel Gil Mar¨ªn, interpusieron ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un recurso de queja en el que reclaman "que deje sin efecto la intervenci¨®n y administraci¨®n de la Sociedad An¨®nima Deportiva Atl¨¦tico de Madrid" decidida por el juez central de Instrucci¨®n n¨²mero 6, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, el 21 de diciembre de 1999, acuerdo confirmado el 17 de enero ¨²ltimo, al resolver un recurso de reforma presentado por los ex directivos de ese club.El recurso, elaborado por el abogado y catedr¨¢tico de Derecho Penal Horacio Oliva, desgrana a lo largo de sus 57 folios argumentos hist¨®ricos, constitucionales e incluso de "sensibilidad jur¨ªdica", para oponerse a la decisi¨®n judicial, cuya anulaci¨®n solicita, tras reprochar a Garc¨ªa-Castell¨®n que no haya contestado a los argumentos del recurso.

Gil atribuye a la decisi¨®n de sustituir la administraci¨®n del Atl¨¦tico la vulneraci¨®n de derechos fundamentales como la tutela judicial y la defensa, ya que, "sin tomar declaraci¨®n a los imputados (...) ha decidido fijar unos hechos como fundamento f¨¢ctico (...) sin contrastar la versi¨®n de la acusaci¨®n". Al margen de otras invocaciones jur¨ªdicas, se?ala que "una m¨ªnima dosis de sensibilidad frente al sentido material de la equidad obliga a dispensar audiencia a aqu¨¦l a quien se va a privar del ejercicio y disfrute de derechos fundamentales". Por el contrario, reprocha que el juez "asume como fundamento el parecer del Ministerio Fiscal".

No al 'decreto Matesa'

El recurso de Gil aduce que "abolido y superado el r¨¦gimen pol¨ªtico anterior, bajo cuyo esp¨ªritu -y el de sus Leyes Fundamentales- se pronunci¨®" en 1969 el llamado decreto Matesa, "en nuestro Estado social y democr¨¢tico de derecho, la intervenci¨®n de una empresa por un juez de lo penal s¨®lo puede ser acordada como consecuencia accesoria de una pena principal y en los casos previstos normativamente".

Frente a la afirmaci¨®n de Garc¨ªa-Castell¨®n de que tal decreto es constitucional, el recurso de Gil asegura que no es compatible con la Constituci¨®n, si bien su inconstitucionalidad sobrevenida corresponde declararla al juez ordinario, no al legislador, a pesar de lo cual la Ley de Enjuiciamiento Civil la derogar¨¢ en 2001, lo cual no impide, se?ala, invocar su inconstitucionalidad. Razona que dicho decreto es contrario al art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n, por permitir tomar una medida tan dr¨¢stica sin oir al acusado, as¨ª como al 25, por tratarse de una medida, m¨¢s que cautelar, "de seguridad predelictual" [de prevenci¨®n del delito].

Agrega que la designaci¨®n de un administrador ¨²nico viola tambi¨¦n la ley del Deporte, que prev¨¦ "un Consejo de Administraci¨®n".

Por otra parte, Garc¨ªa-Castell¨®n decret¨® ayer, a propuesta de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el secreto de las actuaciones, por entender que los datos divulgados sobre los sueldos de los jugadores y otros detalles perjudican la situaci¨®n econ¨®mica de la entidad.