El Gobierno catal¨¢n rechaza el traspaso de 20 coches y 30 conductores del PMM
El Gobierno de la Generalitat rechaz¨® el traspaso de 20 coches y 30 conductores del extinto Parque M¨®vil Ministerial (los que llevaban la matr¨ªcula PMM) y opt¨® por encargar los servicios que ¨¦stos prestaban a empresas contratadas. Los motivos aducidos por el Gobierno catal¨¢n para rechazar el traspaso son de "eficacia y rentabilidad", ya que los veh¨ªculos, dijo un portavoz, son "muy viejos" y, adem¨¢s, es "m¨¢s rentable encargar el servicio a una empresa externa". Los servicios que realizaban estos veh¨ªculos eran el traslado del personal judicial.
Desde el 1 de enero pasado, el Gobierno catal¨¢n ha asumido el traslado del personal judicial que tiene que realizar servicios fuera del juzgado. Estos funcionarios son trasladados en coche y hasta hace una semanas estos veh¨ªculos depend¨ªan de un organismo del Gobierno central llamado Parque M¨®vil Ministerial (PMM) que ha terminado por integrarse en el Ministerio de Administraciones P¨²blicas.
El Gobierno central ofreci¨® al Ejecutivo catal¨¢n entregarle los coches y traspasarle los conductores, asumiendo sus sueldos, pero la oferta fue rechazada. Los motivos que llevaron al Gobierno catal¨¢n a no aceptar ni coches ni personal fueron justificados, sobre todo, por lo obsoleto del material.
PASA A LA P?GINA 6
Un servicio de coches de alquiler traslada al personal judicial
VIENE DE LA P?GINA 1 "El coche m¨¢s nuevo era de 1995, pero 16 eran de 1991 y los otros tres, uno de 1992, otro de 1989 y el ¨²ltimo de 1988", un tiempo excesivo para un veh¨ªculo oficial usado por varias manos, explic¨® un portavoz del Departamento de Econom¨ªa y Finanzas, del que depende la Direcci¨®n General de Patrimonio. Adem¨¢s, el Gobierno catal¨¢n no tiene un parque m¨®vil, sino que cada departamento tiene sus propios coches, con su plantilla de conductores que se turnan en el transporte de los altos cargos. Lo ¨²nico centralizado en relaci¨®n con estos coches es la p¨®liza del seguro.
Si las necesidades desbordan a la plantilla, acuden a servicios externos. Esta opci¨®n ha sido la que ha preferido ahora el Departamento de Justicia, al que compete el traslado del personal judicial.
Hay un elemento m¨¢s en este traspaso sobre el que las partes dan versiones contrastadas. El Gobierno central sostiene que, adem¨¢s de los veh¨ªculos, se ofreci¨® a la Generalitat una parte del aparcamiento p¨²blico que ¨¦stos utilizaban en la Vila Ol¨ªmpica. El Gobierno catal¨¢n, en cambio, mantiene que uno de los motivos que inclinaron la balanza hacia el no fue la negativa del Ejecutivo central a entregar este mismo aparcamiento, que ocupa 17.000 metros cuadrados en la calle del Doctor Trueta.
El Gobierno catal¨¢n no quiere entrar en pol¨¦mica y se limita a defender su derecho a rechazar el traspaso de veh¨ªculos obsoletos y de un personal que no hubiera tenido encaje en su estructura actual. Desde el Gobierno central, en cambio, se pone de relieve la escasa disposici¨®n de la Generalitat a asumir funcionarios, incluso cuando no le cuestan dinero. Un portavoz del Gobierno a?adi¨® que, adem¨¢s, algunos traslados judiciales los sigue asumiendo el Gobierno central, pero en estos momentos tiene que facturarle los servicios al Gobierno catal¨¢n.
Un ¨²ltimo frente del conflicto es la situaci¨®n laboral de los funcionarios, que, sin apenas tareas que realizar, han perdido parte de los complementos salariales que antes ten¨ªan.
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