La Generalitat ejerce la acusaci¨®n en el 'caso Ivex' a invitaci¨®n del juez dos meses despu¨¦s de la querella.

La Generalitat ha esperado a ser invitada por el juez para ejercer la acusaci¨®n particular por el agujero econ¨®mico generado en el Instituto Valenciano de la Exportaci¨®n (Ivex), dos meses y medio despu¨¦s de que el consejo del organismo presentara la querella. El juez encargado de investigar el supuesto quebranto econ¨®mico, Vicente R¨ªos, ofreci¨® recientemente al Consell la posibilidad de defender sus intereses.En el uso de esta facultad, un abogado de la administraci¨®n auton¨®mica, Jos¨¦ Manuel Merino, asisti¨® ayer a la declaraci¨®n de Carmen de Miguel, actual directora del Ivex e impulsora de la denuncia presentada contra su antecesor en el cargo, Jos¨¦ Mar¨ªa Tabares, y un empresario franc¨¦s, Jean Luc Lagier. La sociedad p¨²blica acusa a ambos de actuar en connivencia para causar un agujero de 1.049 millones de pesetas en el Ivex.

Precisamente por ello, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia ofreci¨® a la Generalitat la posibilidad de acusar a los dos imputados por el caso, acusados por el Consell de un supuesto delito societario. R¨ªos interpreta, bas¨¢ndose en los fundamentos de la querella presentada en noviembre, que el erario p¨²blico ha podido ser perjudicado, por lo que la Generalitat debe tener la posibilidad de defender sus intereses en el procedimiento judicial abierto. As¨ª lo ha hecho. Ahora bien, en fuentes jur¨ªdicas ha causado extra?eza la tardanza del Consell, que podr¨ªa haber reforzado la labor de los abogados del Ivex -de un despacho tan caro como prestigioso, Garrigues & Andersen- en su intento de probar los delitos imputados a Tabares y Lagier. Lejos de tomar la iniciativa, la Generalitat ha esperado a que el magistrado, en aplicaci¨®n de la ley, d¨¦ a los perjudicados la oportunidad de personarse en el caso.

Fuentes del Ivex justifican esta demora por la naturaleza de la empresa, formalmente una sociedad an¨®nima, aunque su funcionamiento est¨¦ tutelado por la Generalitat (principalmente) y las c¨¢maras de comercio, en menor medida. El Ivex, comentan las mencionadas fuentes, cumpli¨® con su obligaci¨®n de perseguir el delito denunciado desde la presentaci¨®n de la querella, el pasado 16 de noviembre.

Con ese objetivo, De Miguel compareci¨® ayer ante el juez durante cerca de nueve horas. La directora del Ivex, que no realiz¨® ning¨²n comentario al t¨¦rmino de su declaraci¨®n, defendi¨® que Tabares se excedi¨® con mucho de sus funciones al avalar la actividad de una empresa de capital privado.

De Miguel, que acudi¨® al juzgado en calidad de testigo, intent¨® demostrar durante toda su comparecencia que los contratos suscritos por Tabares con Lagier no s¨®lo pueden ser ilegales, sino que en cualquier caso fueron hechos a espaldas del consejo de administraci¨®n del Ivex y en franco abuso de la potestad del director.

A partir de ah¨ª, y siempre seg¨²n fuentes cercanas al caso, la sucesora de Tabares no aport¨® ninguna informaci¨®n relevante, ning¨²n dato que no conste ya en el sumario. De Miguel no atendi¨® a los periodistas "porque el caso est¨¢ sub iudice", o sea, en plena investigaci¨®n. Ahora bien, durante su larga comparecencia insisti¨® en los argumentos utilizados en la rueda de prensa -posterior a la presentaci¨®n de la querella- en la que se anunci¨® la denuncia contra Tabares.

En ¨¦sta, la directora del Ivex asegur¨® que Tabares hab¨ªa avalado la actividad de varias empresas inactivas y sin apenas patrimonio, en flagrante abuso de sus funciones, sin causa que lo justificara y actuando de espaldas al consejo de administraci¨®n. De Miguel reconoci¨® ayer, tal como pusieron de relieve Tabares y Lagier en sus respectivas declaraciones, que varias de esas afirmaciones no son completamente exactas.

As¨ª, seg¨²n algunos de los presentes en la declaraci¨®n, la responsable del Ivex reconoci¨® que se enter¨® de que Tabares pod¨ªa avalar la actividad de Lagier despu¨¦s de iniciar las acciones penales. Seg¨²n aseguro Manuel Delgado, el abogado del empresario franc¨¦s, De Miguel, tras la entrada en vigor de una normativa no puede avalar por s¨ª sola la actividad de una empresa privada. Sin embargo, durante la gesti¨®n de Tabares s¨ª exist¨ªa esta posibilidad.

El juez as¨ª lo reconoci¨® en la resoluci¨®n en la que rechazaba la personaci¨®n en la causa de Uni¨®n Valenciana (UV). En ese mismo auto, R¨ªos establec¨ªa que el director del Ivex tambi¨¦n pod¨ªa avalar a una empresa cuya actividad persiguiera la generaci¨®n de derechos de compensaci¨®n para Ford, la sociedad que pidi¨® que el Ivex le ayudara a superar las barreras arancelarias de T¨²nez.

En este sentido, De Miguel acept¨® que la querella conten¨ªa un error: negaba la existencia del segundo contrato suscrito entre la empresa automovil¨ªstica y el Ivex, un documento rubricado en julio de 1997 y que, lejos de haber sido ocultado, era de dominio p¨²blico. Tabares lo present¨® en el juzgado, aunque su existencia constaba en las memorias de la entidad y en los informes de la Sindicatura de Cuentas.

Los abogados de Tabares y Lagier, adem¨¢s de la inocencia de sus patrocinados, han defendido desde el inicio de la investigaci¨®n que los contratos suscritos entre sus clientes ten¨ªan un s¨®lo objetivo: facilitar las exportaciones de Sonotube a la Uni¨®n Europea -una sociedad radicada en T¨²nez- para que Ford pudiera introducir sus turismos en el mercado del pa¨ªs magreb¨ª.