Los partidos acuerdan igualar las prestaciones de los servicios sociales en las tres provincias

Un reciente informe del Ararteko advirtiendo sobre las importantes diferencias que existen en la prestaci¨®n de los servicios sociales de base en el Pa¨ªs Vasco ha servido al menos para que los partidos se pongan de acuerdo en que hay que legislar para acabar con esa situaci¨®n. Las desigualdades en la cantidad y calidad de los servicios se dan entre provincias, comarcas o municipios. Los partidos del Gobierno se han comprometido a homogeneizar a trav¨¦s de una ley la prestaci¨®n de los servicios. La oposici¨®n, por su parte, reconoci¨® la "oportunidad" de la sugerencia del Ararteko.

El ararteko, Xabier Markiegi, compareci¨® ayer ante la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Parlamento para presentar el informe extraordinario que ha elaborado sobre la situaci¨®n de los servicios sociales de base en Euskadi. Estos centros, de competencia municipal, son las unidades m¨¢s pr¨®ximas al ciudadano y, por tanto, el primer elemento de respuesta a las necesidades b¨¢sicas de los m¨¢s desfavorecidos, los ancianos y las personas con menos recursos.Seg¨²n Markiegi, "la definici¨®n, los objetivos y las funciones asignadas a los servicios sociales de base est¨¢n sujetas a m¨¢rgenes de interpretaci¨®n excesivamente amplios", por lo que resulta "particularmente dif¨ªcil" garantizar un trato igualitario a los ciudadanos. Adem¨¢s, la media de usuarios de estos servicios por cada trabajador social tambi¨¦n var¨ªa seg¨²n la provincia. Mientras en Guip¨²zcoa se acerca a seis mil potenciales usuarios, en ?lava se sit¨²a en casi 6.900 y Vizcaya tiene la peor relaci¨®n, con 9.800 personas.

La representante de Unidad Alavesa, Enriqueta Benito, se?al¨® que no es "f¨¢cil" legislar sobre un "m¨ªnimo com¨²n" para los servicios sociales, pero subray¨® que la voluntad de su partido es solucionar los problemas que acucian a estos centros. "No se puede permitir la gran desigualdad existente entre unos servicios y otros, dependiendo de su ubicaci¨®n geogr¨¢fica", apunt¨®.

Para el portavoz de IU, Javier Madrazo, "los servicios sociales de base son el pilar sobre el que se asienta una sociedad solidaria". Por lo tanto, abog¨® por dotar de m¨¢s recursos personales y econ¨®micos a los centros y articular un marco legal que fije "los criterios b¨¢sicos por los que se deben guiar".

La parlamentaria del PSE Gemma Zabaleta aplaudi¨® el trabajo realizado por la Oficina del Ararteko porque "pone el dedo en la llaga: los ciudadanos vascos no son iguales en todos los rincones de Euskadi, no tienen derecho a las mismas prestaciones sociales". Zabaleta resalt¨® que es "imprescindible" redactar una ley que equipare las prestaciones en todas las provincias, zonas y municipios de Euskadi, para paliar la "falta de cohesi¨®n social" que provoca el hecho de que cada ayuntamiento dote a sus servicios de m¨¢s o menos medios.

Covadonga Solaguren, del Partido Nacionalista Vasco, admiti¨® las diferencias entre provincias. Aunque no fue tan taxativa como los miembros de la oposici¨®n, reconoci¨® que "Vizcaya es el territorio m¨¢s infradotado. "Existen problemas de varios tipos que hay que solucionar", zanj¨®.

Xabier Markiegi detall¨® durante su intervenci¨®n algunas de sus recomendaciones para mejorar el trabajo que prestan los servicios sociales. Para el Ararteko, es primordial que estas unidades realicen "un importante esfuerzo" en la reorientaci¨®n de sus actividades.

Burocracia

Este cambio se traduce en la necesidad de que los trabajadores no se limiten a la administraci¨®n y gesti¨®n de recursos, sino que se centren m¨¢s en el trabajo social, en abordar integralmente las necesidades de los individuos y las familias. "Las administraciones sobrecargan de trabajo burocr¨¢tico a sus asistentes sociales y no les dotan de los suficientes medios para responder a las necesidades de la poblaci¨®n", se lament¨® el Ararteko.

"Los servicios sociales de base", sugiri¨® Markiegi, "deber¨ªan pasar a ser considerado, a todos los efectos por los ayuntamientos como los n¨²cleos organizadores y gestores de sus pol¨ªticas de bienestar social". De esta forma, critic¨® el que los ayuntamientos gestionen los servicios sociales de base porque es una obligaci¨®n impuesta por la ley y aceptada a rega?adientes, por lo que se limitan a cubrir el m¨ªnimo imprescindible en la mayor¨ªa de los casos: la gesti¨®n del salario social y de la ayuda a domicilio, sobre todo a los ancianos desvalidos.