EL JUICIO POR EL 'CASO LASA-ZABALA' El ex asesor jur¨ªdico de Defensa respalda la legalidad de las pensiones de Dorado y Bayo

El general Jos¨¦ Bruno Otero, actual vocal del Consejo del Poder Judicial y que era jefe de la Asesor¨ªa Jur¨ªdica del Ministerio de Defensa, acredit¨® ayer la legalidad de los expedientes de inutilidad f¨ªsica en acto de servicio de los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, por lo que perciben una pensi¨®n del 200% de su sueldo. El general intervino tambi¨¦n en los expedientes por la p¨¦rdida de la condici¨®n de militar de ambos agentes, pero asegur¨® que esos procesos son independientes y que unos no influyen en los otros.

"El derecho es el derecho y si lo tienen hay que d¨¢rselo, nos resulten simp¨¢ticos o no. Dorado y Bayo tienen el derecho y como lo tienen, pues hay que d¨¢rselo". As¨ª se expres¨® Bruno Otero en referencia a que los Tribunales M¨¦dicos Militares determinaron que Dorado y Bayo, imputados en esta causa como autores materiales del secuestro y asesinato de los etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala, hab¨ªan padecido importantes lesiones ps¨ªquicas como consecuencia de su actividad en la lucha antiterrorista en la Comandancia de la Guardia Civil de Guip¨²zcoa. Ten¨ªan derecho a la pensi¨®n del retiro por incapacidad y el derecho fue reconocido.El hecho de que adem¨¢s fueran expulsados de la Guardia Civil y perdieran la condici¨®n de militares es independiente y no influye en la percepci¨®n de los haberes pasivos, precis¨® el general jur¨ªdico.

Galimat¨ªas

La sesi¨®n de ayer supuso un verdadero galimat¨ªas debido a la terminolog¨ªa de los expedientes administrativos y tuvo escasa transcendencia desde el punto de vista period¨ªstico, aunque fue relevante desde el jur¨ªdico. El testimonio de Jos¨¦ Bruno Otero, supuso, seg¨²n algunas fuentes jur¨ªdicas consultadas por este peri¨®dico, la probable absoluci¨®n del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera del delito de encubrimiento del que est¨¢ acusado, ya que el general jur¨ªdico ha avalado la legalidad de la concesi¨®n de las pensiones, que era uno de los aspectos en los que se basaba la acusaci¨®n, por entender que con ellas se compraba el silencio de Dorado y Bayo, que no habr¨ªan tenido derecho a percibirlas.

La declaraci¨®n de Bruno Otero fue consistente y sin lagunas, con un alarde de memoria que le permiti¨® recordar fechas y momentos de los cuatro expedientes en los que intervino, en algunos casos de forma simult¨¢nea en el tiempo.

A preguntas del letrado I?igo Iruin sobre si su departamento hab¨ªa recibido alguna sugerencia para que tramitase r¨¢pidamente los expedientes de incapacidad se?al¨® que la Asesor¨ªa Jur¨ªdica del Ministerio de Defensa, que ¨¦l dirig¨ªa antes de pasar al Poder Judicial, es muy seria y que no admite sugerencias de nadie, ni da sugerencias a nadie.

La defensa de Vera le pregunt¨® si ¨¦ste o Corcuera se hab¨ªan interesado por los expedientes. Otero respondi¨® tajante: "No, no conozco a Vera, no he hablado con ¨¦l jam¨¢s. No conozco a ninguno de los procesados, ni he hablado con ninguno de ellos por tel¨¦fono. Nunca".

El ¨²nico extremo que Otero no supo explicar es por qu¨¦ Dorado y Bayo percibieron sus pensiones con efectos retroactivos, cuando en sus expedientes no aparece ninguna explicaci¨®n que lo justifique.

Iruin dej¨® claro que con la retroactividad se dej¨® por la v¨ªa administrativa sin efectos la sentencia penal por la que Dorado fue condenado en firme por torturas el 11 de marzo de 1994 y que tendr¨ªa que haber supuesto la reducci¨®n de su sueldo al 50%. Lo que ocurri¨® de hecho es que Dorado pas¨® de cobrar 87.000 pesetas a 247.000. La decisi¨®n administrativa igualmente dej¨® sin efectos la suspensi¨®n de empleo y sueldo por tres a?os, impuesta en diciembre de 1993 a Dorado en un expediente disciplinario por el robo a una boutique de Ir¨²n (Guip¨²zcoa).