Un ex jefe de la DINA en Telef¨®nica

El teniente Emilio Patricio Sajuria Alvear, cuyo nombre figura entre los 74 miembros del Estado Mayor de la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA) recopilados por el historiador Le¨®n G¨®mez Araneda en una lista de oficiales de la polic¨ªa pol¨ªtica de Pinochet entre 1973 y 1975, trabaja en la actualidad como abogado en la Telef¨®nica de Chile, operadora controlada por Telef¨®nica Espa?a, que posee el 43,6% de las acciones y ostenta la mayor¨ªa en el consejo de administraci¨®n.Sajuria, de 55 a?os, trabaja en la sede central de Telef¨®nica en Santiago, en la s¨¦ptima planta, en el departamento judicial. Ingres¨® en la compa?¨ªa el 1 de noviembre de 1986 y, seg¨²n aseguran sus jefes y compa?eros, es un abogado que hace bien su trabajo. Encargado de asuntos penales, se ocupa de llevar a los tribunales los delitos contra la propiedad como robo de cables, interferencias, fraude telef¨®nico, etc¨¦tera. Pero junto a la eficiencia profesional que exhibe a la hora de pleitear, arrastra un pasado que le delata.

Hace apenas un mes, medio centenar de j¨®venes de la Comisi¨®n Funa se concentraron frente al edificio de Telef¨®nica en la avenida Providencia. Ensuciaron la calle con pintura roja y desplegaron varias pancartas: "Telef¨®nica ampara criminales", "Juicio y castigo a torturadores y asesinos". La Comisi¨®n Funa est¨¢ formada por j¨®venes estudiantes, muchos de ellos hijos de v¨ªctimas de la dictadura. Desde hace meses han empezado a identificar y funar (desenmascarar, en el argot juvenil chileno) a colaboradores del r¨¦gimen de Pinochet que viven amparados en la impunidad.

El presidente del consejo de administraci¨®n de la operadora chilena -primera empresa de telecomunicaciones del pa¨ªs- es el espa?ol Javier Aguirre desde hace nueve meses y su gerente general el chileno Claudio Mu?oz. Adem¨¢s de Telef¨®nica Espa?a participan en su accionariado el City Bank (25,4) y diversos fondos de pensiones chilenos.

El historiador G¨®mez Araneda se?ala en una nota de presentaci¨®n a su larga lista de los 521 oficiales en servicio de la polic¨ªa pol¨ªtica pinochetista: "?stos son los que conocen el destino de los desaparecidos y asesinados por la dictadura militar chilena". Y a?ade: "Hay que tener muy claro que la Corte Suprema de Chile sentenci¨® que la DINA era una organizaci¨®n criminal".

El semanario El Siglo, del Partido Comunista, public¨® en julio de 1995 una foto en la que una veintena de militares y antiguos miembros de la DINA posan en una boda. En ella aparecen Manuel Contreras, ex director de la instituci¨®n, y Emilio Sajuria. El abogado de Telef¨®nica es un viejo conocido de los letrados que trabajan en el ¨¢mbito de derechos humanos y que han sido consultados por este diario. Todos le vinculan con la DINA, con distintos grados de responsabilidad. Sajuria recibe a EL PA?S en su despacho. "Nada de grabar ni tomar notas", advierte. "D¨¦jenme vivir tranquilo. Yo no tuve nada que ver con la DINA", afirma. Pero no todo son negaciones. Admite que fue oficial de carabineros durante la dictadura y jefe de seguridad del general C¨¦sar Mendoza, miembro de la primera Junta Militar golpista.

-Su nombre figura en una lista del Estado Mayor de la DINA.

-?Falso! No existi¨® jam¨¢s un Estado Mayor de la DINA.

-Pero hubo un director de la DINA que est¨¢ preso. La DINA existi¨®.

-S¨ª, claro. Pero a m¨ª no me vinculen con la DINA.

Sajuria admite m¨¢s cosas. Por ejemplo, que, siendo capit¨¢n, el general Mendoza le ofreci¨® entrar en la sociedad Pedro Diet Lobos, constituida en Santiago el 28 de diciembre de 1977 como una cooperativa para comprar terrenos y construir viviendas. No construy¨® ni una. Pedro Diet era uno de los pocos socios civiles y hombre de la m¨¢xima confianza del general Contreras. Ocup¨® la secretar¨ªa de la Corporaci¨®n de Estudios Nacionales entre 1979 y 1980, que dirig¨ªa Luc¨ªa Pinochet Hiriart, hija del dictador. La firma de Sajuria figura en el acta notarial de la empresa junto a las de los otros 43 socios, cuya biograf¨ªa pol¨ªtico-militar revela que Pedro Diet Lobos es en realidad una empresa-pantalla de la DINA, bajo la que se oculta uno de los eslabones econ¨®micos m¨¢s importantes del aparato represivo de la dictadura.

Augusto Pinochet Hiriart, hijo del dictador y oficial del Ej¨¦rcito, firma la escritura a trav¨¦s de un representante legal, por encontrarse de servicio en EEUU. Otros nombres que aparecen en el acta de constituci¨®n no son menos reveladores: Eduardo Iturriaga Neumann, ex jefe del departamento exterior de la DINA y acusado del asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires; Francisco Maximiliano Ferrer Lima, conocido torturador en el centro de detenci¨®n de Villa Grimaldi; Vianel Valdivieso Cervantes, vinculado con la desaparici¨®n del ingeniero David Silberman; Rolf Gonzalo Wenderoth, procesado por el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier; Pedro Espinoza Bravo, jefe de operaciones de la DINA, se?alado como uno de los responsables del caso Letelier y actualmente en prisi¨®n. Todos ellos figuran en la lista del Estado Mayor de la DINA.

Parte de la documentaci¨®n de la sociedad fantasma fue encontrada por la periodista chilena M¨®nica Gonz¨¢lez en Buenos Aires mientras investigaba el sumario de un juicio contra nueve ultraderechistas chilenos, que integraban el n¨²cleo del operativo de la DINA en la capital argentina.

Sociedades como Pedro Diet Lobos, constituidas con un capital social irrisorio, sirvieron para financiar actividades terroristas en el exterior concertadas en el llamado plan C¨®ndor, en el que las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia trabajaron conjuntamente para eliminar a los opositores pol¨ªticos.

?Qu¨¦ papel jug¨® Sajuria en el entramado financiero de la siniestra organizaci¨®n? Abogados de derechos humanos le se?alan como miembro del servicio jur¨ªdico de la DINA. El decreto-ley de amnist¨ªa aprobado a gusto y medida de Pinochet ampara el silencio de todas aquellas actividades del r¨¦gimen militar que siguen bajo sospecha.