La Audiencia Nacional acepta la querella de Rigoberta Mench¨² por genocidio en Guatemala

La Audiencia Nacional abri¨® ayer el tercer proceso por genocidio en una pa¨ªs suramericano al aceptar el juez central 1, Guillermo Ruiz Polanco, la competencia para tramitar la querella presentada por la Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨² contra ocho militares y altos cargos de su pa¨ªs implicados en un supuesto genocidio del pueblo maya, entre los a?os 1962 y 1996. En alusi¨®n a la postura contraria del fiscal, Ruiz Polanco asegura que Espa?a tiene que vigilar y suplir la falta de actividad de la judicatura guatemalteca. "Lo contrario ser¨ªa una alcahueter¨ªa imperdonable y prevaricadora", dice.

Ruiz Polanco se declar¨® ayer competente en la querella presentada el pasado 2 de diciembre por la Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨² para instruir una querella por supuestos delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detenci¨®n ilegal contra el pueblo maya, cometido en Guatemala. Los hechos se circunscriben cronol¨®gicamente al tiempo de "la guerra que azot¨® durante 36 a?os a Guatemala", y m¨¢s concretamente al per¨ªodo investigado por la Comisi¨®n para el Esclarecimiento Hist¨®rico, de 1962 a 1996. El juez acord¨® dirigir el procedimiento contra el general Efra¨ªn R¨ªos Montt, jefe del Gobierno por golpe de Estado entre marzo de 1982 y agosto 1983 y actual presidente del Congreso de Diputados de Guatemala; el general ?scar Humberto Mej¨ªas, jefe de Gobierno por golpe de Estado desde agosto de 1983 a enero de 1986; el general Fernando Romeo Lucas Garc¨ªa presidente de la Rep¨²blica de Guatemala de 1978 a marzo de 1982; contra el general Angel An¨ªbal Guevara Rodr¨ªguez, ministro de Defensa; contra Donaldo ?lvarez Ruiz, ex ministro de Gobernaci¨®n actualmente residente en Miami (EEUU); contra el coronel Germ¨¢n Chupina Barahona director de la Polic¨ªa Nacional durante el gobierno de Lucas Garc¨ªa; contra Pedro Garc¨ªa Arredondo jefe del comando 6 de la Polic¨ªa Nacional durante el Gobierno de Lucas Garc¨ªa y contra Benedicto Lucas Garc¨ªa, jefe del Estado Mayor del Ej¨¦rcito durante el mismo gobierno que los dos anteriores.

De ellos, el principal inculpado, R¨ªos Montt, cuyo partido gan¨® las elecciones en diciembre, goza de inmunidad. Ayer, en rueda de prensa, R¨ªos Montt dijo no temer al proceso abierto en Espa?a por tener un car¨¢cter "pol¨ªtico y econ¨®mico". Aparte del general Romeo Lucas, que vive en Venezuela, y Donaldo ?lvarez Ruiz, que est¨¢ en EEUU, los dem¨¢s siguen siendo altos oficiales del Ej¨¦rcito en situaci¨®n de retiro, seg¨²n fuentes de la Fundaci¨®n Rigoberta Mench¨², informa Berna G.Harbour. A la querella, interpuesta en diciembre por esta l¨ªder ind¨ªgena, se han sumado otros 15 acusadores como Comisiones Obreras o la Asociaci¨®n contra la Tortura, familiares de los sacerdotes espa?oles asesinados Faustino Villanueva y Jos¨¦ Mar¨ªa Gran Cirera y otros grupos de derechos humanos.

M¨¢ximo Cajal, testigo

El magistrado de la Audiencia Nacional ha pedido a las partes que en el plazo de 10 d¨ªas propongan las diligencias que estimen convenientes y ha citado como testigo a M¨¢ximo Cajal, embajador de Espa?a en Guatemala cuando se produjo el asalto y quema de la Embajada espa?ola en aquel pa¨ªs, en enero de 1980, en la que murieron 37 personas (2 espa?oles entre ellas). Ruiz Polanco afirma en su auto de admisi¨®n de la querella que no procede por ahora hacer pronunciamiento acerca de la veracidad o no de los hechos denunciados, que ostentan "la luminosa apariencia de genocidas".

Seg¨²n el juez, tales hechos "se encaminaron al exterminio del pueblo maya en su realidad ¨¦tnica, racial y social, en su pretextada calidad de favorecedor o encubridor, y a¨²n de originador de la insurgencia o revoluci¨®n en Guatemala, as¨ª como a la eliminaci¨®n de todo obst¨¢culo ideol¨®gico que pudiese representar un riesgo de fracaso de la prevalente finalidad genocida, todo ello por medio de la muerte, la tortura y el terror".

El juez rechaza los argumentos de la Fiscal¨ªa de la Audiencia, que pidi¨® el archivo de la causa. Sobre lo acaecido en la Embajada de Espa?a, "es decir, en Espa?a" seg¨²n precisi¨®n del juez, el auto se?ala que el comunicado conjunto de ambos gobiernos sobre los hechos, realizado en 1984, no es m¨¢s que "una f¨®rmula de mero compromiso unilateral" que aunque forzadamente se entendiese como una cesi¨®n de la jurisdicci¨®n espa?ola en favor de Guatemala, "exige a Espa?a la vigilancia o seguimiento de la actividad judicial guatemalteca" que, sin paralizaciones injustificadas, "ofrezca un ejemplo de seriedad en la averiguaci¨®n y castigo de los culpables". El juez agrega que la jurisdicci¨®n de Guatemala no es excluyente, "pues en ausencia de su ejercicio honrado y eficaz, debe ser suplida por tribunales que, -como los espa?oles-, sustentan la extraterritorialidad de su jurisdicci¨®n en el principio legal interno y externo de persecuci¨®n universal de delitos gravemente atentatorios contra los derechos humanos".

M¨¢s informaci¨®n: www.hrdata.aaas.org