La juez atribuye la muerte de 18 operarios en el 'Proof Spirit' a los "incumplimientos" de UNL

La titular del Juzgado de lo Social n¨²mero 3 de Bilbao, Marta Solana, ha condenado a Uni¨®n Naval de Levante (UNL) a indemnizar a la familia de una de las v¨ªctimas de la tragedia del Proof Spirit, el buque en cuya construcci¨®n fallecieron 18 trabajadores. La primera sentencia en relaci¨®n con el siniestro es rotunda: El "incumplimiento grave" de la ley del que es responsable la compa?¨ªa tiene un "nexo causal" con el accidente, ocurrido en los astilleros del puerto de Valencia en julio de 1997. UNL infringi¨® "la normativa de prevenci¨®n de riesgos laborales", dice la juez.

La magistrada detalla en una sentencia firmada hace un a?o varias de las infracciones que cometi¨® la empresa, ahora denominada Inversiones Mar¨ªtimas del Mediterr¨¢neo. En primer lugar, UNL es responsable "de no haber confeccionado un plan de seguridad y contra incendios espec¨ªfico para el buque siniestrado, conforme exige (...) su propio manual de procedimiento". En segundo, permiti¨® "que se realizara la operaci¨®n de carga de combustible sin comprobar la estanqueidad del circuito"-momento en el que se produjo el accidente- "a pesar de haber transcurrido mes y medio desde la realizaci¨®n de la prueba preceptiva y haberse ejecutado, desde entonces, m¨²ltiples reformas y trabajo de montaje de la sala de m¨¢quinas". La conclusi¨®n a la que llega Solana en este apartado es de especial importancia. La investigaci¨®n penal abierta por el siniestro ha intentado -al menos en su primera mitad- averiguar qui¨¦n y porqu¨¦ dej¨® semiabierta la brida, la junta por la que se produjo la fuga de combustible que facilit¨® la posterior y fatal deflagraci¨®n.

En cualquier caso, la juez, sin entrometerse en el trabajo de otra jurisdicci¨®n, detalla otras anomal¨ªas registradas en la construcci¨®n del barco. Por ejemplo, cuando UNL toler¨® la mencionada "operaci¨®n de carga cuando a bordo se encontraban gran n¨²mero de trabajadores, en especial en la sala de m¨¢quinas" y "realizando trabajos absolutamente incompatibles con la citada operaci¨®n".

Responsabilidad de UNL

Por si fuera poco, dice la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PA?S, la armadora incurri¨® en una "falta de preaviso e informaci¨®n a los trabajadores que operaban en el buque de la actividad a realizar y riesgo consiguiente". "La ausencia de informaci¨®n", apunta Solana, "les impidi¨® interrumpir los trabajos que desarrollaban como medida preventiva y habitual al realizarse la carga de combustible".

La consecuencia de todas estas anomal¨ªas conduce inexorablemente a la responsabilidad de la empresa. "UNL infringi¨® la normativa sobre riesgos laborales". Y "resultando el luctuoso suceso consecuencia directa del incumplimiento", no existen otros factores que interrumpan "el nexo causal entre el incumplimiento empresarial grave y el da?o producido".

En ese sentido, la juez minimiza la importancia en el siniestro del aspecto actualmente investigado por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia, el encargado de depurar las responsabilidades penales, si las hubiera, del caso. Concretamente, ese juzgado centra su actividad ahora en determinar si la composici¨®n del combustible suministrado al buque -en principio, con una presencia de gasolina superior a la normal- tuvo un papel preponderante en la magnitud de la deflagraci¨®n.

Dos informes cient¨ªficos, uno encargado por el fiscal, certifican que el porcentaje de gasolina -del 7%- pudo incrementar los efectos y acelerar la producci¨®n de la deflagraci¨®n. Pero ese aspecto no parece importante en v¨ªa social. As¨ª lo dice, al menos, el fallo. "La conducta de la empresa suministradora del combustible, al facilitarlo mezclado con gasolina (...) no reviste la entidad necesaria" para exculpar a la armadora.

La bater¨ªa de razonamientos aportados en el fallo conduce a una sentencia condenatoria. La juez concede a la esposa de ?ngel L¨®pez Gallo y sus dos hijas -Ces¨¢rea Rabanales, y Rebeca y Yolanda L¨®pez Rabanales- sus peticiones: Un recargo del 50% sobre las prestaciones sociales que las herederas del oficial electricista percibir¨¢n de la Seguridad Social. La familia de L¨®pez Gallo, una de las que renunci¨® a reclamar indemnizaci¨®n en la jurisdicci¨®n penal, ya recibi¨® de UNL una compensaci¨®n de 17 millones de pesetas. Hasta ahora, la mujer del fallecido era compensada con una pensi¨®n de viudedad mensual de 92. 690 pesetas y sus hijas con sendas indemnizaciones de 41.195 pesetas, tambi¨¦n al mes.