El Ministerio de Econom¨ªa se enfrenta a la Generalitat porque no le env¨ªa datos de consumo

La secretaria de Estado en funciones de Comercio, Turismo y Pymes, Elena Pisonero, se ha enfrentado con el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat por haber incumplido ¨¦ste su obligaci¨®n de enviar a la Administraci¨®n central los datos necesarios para la elaboraci¨®n del ¨ªndice de precios al consumo (IPC) y las estad¨ªsticas europeas. Pisonero ha dirigido un airado fax al departamento de Antoni Subir¨¤ para recordarle que la Generalitat debe proporcionar informaci¨®n de los precios de los mercados catalanes.

Elena Pisonero dirigi¨® al departamento un escrito en el que pide explicaciones por la falta de servicio estad¨ªstico de la Generalitat y recuerda las obligaciones de la Administraci¨®n catalana respecto al IPC. Tras las gestiones de la secretaria de Estado, fuentes de Industria y Comercio alegaron que se hab¨ªan "interpretado mal sus ¨®rdenes" y parece que la Generalitat va a reanudar el servicio de encuestas para Madrid.La competencia en materia de comercio y consumo fue recibida por la Generalitat provisional en 1978 y m¨¢s tarde se incorpor¨® gen¨¦ricamente al Estatuto de Autonom¨ªa. En 1999, un real decret¨® regul¨® el Programa anual 2000 del Plan Estad¨ªstico Nacional, en cuyo anexo describe las operaciones estad¨ªsticas que debe desarrollar la Generalitat, entre ellas la informaci¨®n sobre precios de venta al p¨²blico de productos alimenticios, informaci¨®n de precios en la cesi¨®n de mayoristas de productos alimenticios perecederos as¨ª como la informaci¨®n de precios de venta al p¨²blico de bienes y productos no alimenticios y servicios.

En virtud de esta normativa, la Generalitat encomend¨® a una secci¨®n de sus funcionarios la recogida de datos sobre precios en Mercabarna para ofrecerlos al Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE), que es el que elabora el indice de precios al consumo (IPC). Esos datos obligan a realizar estad¨ªsticas diarias, semanales y mensuales que sirven al Ministerio de Econom¨ªa para ponderar y prever la evoluci¨®n del IPC.

Trabajar para Madrid

Esta informaci¨®n tambi¨¦n sirve de base, cuando se completa en Madrid, para confeccionar las bases estad¨ªsticas comunitarias de Eurostat, ya que Mercabarna se considera un mercado central "representativo de la Uni¨®n Europea". Unos 300 precios de productos alimenticios de mercados, supermercados y grandes superf¨ªcies son objeto de encuesta semanalmente con este fin.

En la reestructuraci¨®n del Gobierno catal¨¢n efectuada en 1996 se fusion¨® el Departamento de Industria y Energ¨ªa con el de Comercio, Consumo y Turismo. Hasta aquel momento, cinco personas se encargaban de elaborar las encuestas y cumplir con la obligaci¨®n de transferirlas a la Administraci¨®n central y a la Uni¨®n Europea. Esta secci¨®n qued¨® reducida a tan s¨®lo dos funcionarios, por lo que se dejaron de encuestar los productos industriales y los servicios. Poco a poco, el criterio de que esa secci¨®n trabajaba para Madrid fue haciendo mella hasta que el pasado 27 de marzo los funcionarios recibieron la orden verbal de no salir a encuestar.

Unos d¨ªas despu¨¦s, el jefe del servicio curs¨® un oficio al director del Instituto Catal¨¢n del Consumo, Salvador Novell, en el que le informaba de que la orden recibida era ilegal y exig¨ªa recibir por escrito sus instrucciones. Esta ilegalidad fue denunciada por CC OO al secretario general del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Pere Segarra. "Nosotros conoc¨ªamos sus planes desde diciembre; nos los hab¨ªa comentado Albert Sabala, director general de Consumo y Seguridad Industrial, y le advertimos de que era una ilegalidad. Esperamos que den marcha atr¨¢s, pero queda la imagen de que la Generalitat no es una instituci¨®n seria", afirma Josep Manuel Cuenca, miembro de la ejecutiva del sector de la Generalitat de CC OO.

La actividad de supervisi¨®n y control de la Generalitat en materia de consumo ha decrecido considerablemente en los ¨²ltimos a?os. As¨ª lo demuestran la actuaciones del servicio de inspecci¨®n, que fueron 25.680 en 1995 y el a?o pasado s¨®lo 17.057. Lo mismo ocurre con las sanciones, cuyo importe ascendi¨® a 107 millones de pesetas en 1995 y se redujo a 48 millones en 1999.