Un ex director de Turismo declara por las irregularidades del Consorcio

Josep Cerver¨®, ex director general de Turismo de la Generalitat, declar¨® ayer como testigo en la causa por supuestas irregularidades en el Consorcio de Promoci¨®n Tur¨ªstica, en el que ten¨ªa responsabilidades como superior directo de Joan Cogul, director del Consorcio e imputado en la causa. Cerver¨® descarg¨® en Cogul la responsabilidad de las irregularidades y declar¨® que no supervisaba las contrataciones. Tambi¨¦n admiti¨® que el fraccionamiento de los expedientes, que es ilegal, "era una pr¨¢ctica habitual".

Josep Cerver¨®, militante de Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya (UDC), explic¨® ante el magistrado instructor que ten¨ªa "un nivel de confianza alt¨ªsimo" en Cogul, director del Consorcio de Promoci¨®n Tur¨ªstica de Catalu?a, hasta que "a finales de 1994 perdi¨® esa confianza" y pidi¨® su cese al consejero de Comercio Consumo y Turismo, Llu¨ªs Alegre.Seg¨²n la declaraci¨®n prestada ante el juez Francisco Gonz¨¢lez Ma¨ªllo, el criterio de Cerver¨® sobre Cogul cambi¨® a la vista de las "auditor¨ªas" de 1994, en las que aparec¨ªan informes sobrevalorados encargados por el Consorcio y compras de regalos. Ello condujo a que a finales de 1994 decidiera destituir a Cogul.

Cerver¨® afirm¨® que las contrataciones supuestamente irregulares eran "iniciativas que siempre part¨ªan del director [Cogul]" y que no recordaba si se obtuvieron presupuestos alternativos. Cerver¨® agreg¨® que ¨¦l firmaba los expedientes que le llegaban si Joan Cogul los hab¨ªa firmado antes, pero que "no supervisaba el tr¨¢mite de contrataci¨®n".

El ex director general de Turismo, que aparece en el informe de la Intervenci¨®n General de la Generalitat como la persona que autoriz¨® muchas de las partidas que la fiscal¨ªa considera irregulares, afirm¨® que respecto a las empresas de Reus (localidad de origen de Cogul) "dio orden de no pagar". Admiti¨® asimismo que en el Consorcio, propiedad de la Generalitat, "era una pr¨¢ctica habitual el fraccionamiento de los expedientes". La ley de contratos de las administraciones p¨²blicas establece la obligatoriedad de convocar concurso para los expedientes de los entes p¨²blicos superiores a cinco millones de pesetas y establece como irregularidad punible el fraccionamiento para eludir el concurso p¨²blico.

Cerver¨® ratific¨® que en el organismo catal¨¢n "no era inusual excederse en el gasto" por encima de los presupuestos. Respecto a uno de los contratos m¨¢s escandalosos, el suscrito por el propio consejero Llu¨ªs Alegre en octubre de 1990 con la Professional Golf Association (PGA) para que Catalu?a fuera considerada "destino preferente" de los golfistas norteamericanos, Cerver¨® dijo que "ese asunto lo llevaba Cogul muy directamente". A?adi¨® que en 1996 le hab¨ªa dicho al consejero que hab¨ªa que rescindirlo porque no se pod¨ªa pagar.

Informes

Cerver¨® explicit¨® que "hubo pagos que se realizaron tarde". El contrato con la PGA supon¨ªa efectuar pagos de un mill¨®n de d¨®lares cada tres a?os. El primer contrato se estableci¨® el 19 de marzo de 1991 y tres a?os despu¨¦s se volvi¨® a renovar por importes superiores.

Josep Cerver¨® reconoci¨® ante el juez que el anterior director del Consorcio, Alexandre Betoret (que dimiti¨® por un esc¨¢ndalo con los proveedores en 1990), "pidi¨® ayuda y se le contrat¨® un estudio" y que ?ngel Miguelsanz, su precedesor como director general de Turismo y presidente de la sectorial de turismo de CDC, fue contratado para hacer "estudios de autocaristas y otros". Sin embargo, los datos entregados por el actual consejero de Industria, Comercio y Turismo, Antoni Subir¨¤, al Parlament indican que Serviturisme, de ?ngel Miguelsanz, realiz¨® seis informes para el consorcio por un importe total de 34,7 millones de pesetas. Respecto a Betoret & Associats, de Alexandre Betoret, realiz¨® dos informes en 1995 por 19,6 millones.

Cerver¨® a?adi¨® que el pago por rescisi¨®n del contrato de Cogul (unos cinco millones) no era de su competencia. El magistrado que instruye el caso ha decidido rebajar la fianza a Cogul, que sigue siendo el ¨²nico imputado en la causa penal, de 12 a 5 millones de pesetas.