Una asociaci¨®n de guardias civiles denuncia la ilegalidad de los arrestos domiciliarios

La asociaci¨®n de guardias civiles Coproper-6J le ha remitido un informe al Defensor del Pueblo en el que denuncia que la imposici¨®n de arrestos domiciliarios a los guardias es "ilegal".Coproper, asociaci¨®n mayoritaria en el instituto armado con 12.500 guardias afiliados, solicita el amparo del Defensor del Pueblo para lograr que se supriman estos arrestos de la ley disciplinaria del cuerpo porque "incumplen la normativa europea".

En su informe recalcan que estos arrestos vulneran el Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que firm¨® Espa?a en 1977. Este convenio proh¨ªbe que nadie sea privado de libertad salvo por sentencias dictadas por tribunales competentes o detenciones e internamientos conformes a la ley.

La asociaci¨®n cita diversas sentencias del Tribunal Constitucional que califican estos arrestos en los domicilios como privaciones de libertad, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que los consideraba como una mera restricci¨®n de libertad.

Espa?a solicit¨® y consigui¨® que se excluyeran de este convenio europeo a las Fuerzas Armadas, para que continuara siendo legal sancionar a los militares con privaciones de libertad. Sin embargo, Coproper recuerda que el Tribunal Constitucional ya remarc¨® en una sentencia de 1994 que la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas desde que en 1991 dej¨® de estar sometida a las leyes militares.

"Todos los arrestos domiciliarios impuestos a los guardias civiles en la ¨²ltima d¨¦cada, a raz¨®n de unos 5.000 anuales, son irregulares", denuncia un portavoz de Coproper. "Los mandos abusan de este tipo de sanciones y los guardias s¨®lo pueden reclamar o impugnarlas cuando ya han cumplido el arresto".

Unas privaciones de libertad "desproporcionadas" que, seg¨²n Coproper, generan "serios problemas psicol¨®gicos como depresiones y estados de ansiedad", a los centenares de guardias que las sufren y que "a veces no logran recuperarse". Citan el caso de una guardia, Mar¨ªa Jos¨¦ R. F., que ha padecido una grave depresi¨®n tras pasar cinco meses en privaci¨®n de libertad por negarse a participar en un control de veh¨ªculos que, seg¨²n ella, pon¨ªa en peligro la seguridad del tr¨¢fico al efectuarse con pocos medios y agentes.