Inquilinos, 'okupas' y bur¨®cratas

Juana tiene poco m¨¢s de 25 a?os, dos hijos, y un desahucio pendiente de cumplirse. Pendiente, al menos, hasta que logre "normalizar" la situaci¨®n y le permitan quedarse en su casa, o hasta que entren a por ella en su vivienda del barrio marginal de Palmerales en Elche, y la pongan de patas en la calle. Juana asegura que, al menos, 15 familias m¨¢s de esta barriada azotada por las drogas y la delincuencia se encuentran en la misma situaci¨®n.Seg¨²n los vecinos, los millones de pesetas que dej¨® en la barriada el gordo de la Loter¨ªa Nacional el pasado mes de diciembre, han permitido a algunas personas de la zona adquirir pisos en otros barrios y vender sus antiguas viviendas. El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), tras detectar que se hab¨ªa producido un cambio de inquilinos, ha activado las ¨®rdenes de desahucio.

Esos traspasos se consideran ilegales porque el titular de las viviendas es la Administraci¨®n valenciana. Tras abonar una cantidad que oscila entre las 200.000 y las 700.000 pesetas, los nuevos inquilinos se han instalado en los inmuebles, sobre los que la Administraci¨®n tiene suscrito un contrato con los anteriores ocupantes de la vivienda, para abonarla en un plazo de 25 a?os. "S¨¦ que el pago del traspaso no es legal, pero lo hice con la tranquilidad de ver que a otras personas no les ha pasado nada", asegura Juana, quien se pregunta sobre el trato igualitario de los "se?ores" del IVVSA. Asegura que la transacci¨®n se realiz¨® con el contrato del primitivo inquilino, y con la fotocopia del carn¨¦ de identidad. "De nada ha servido", lamenta.

Ella hace dos a?os que ha solicitado la concesi¨®n de una de esas casas, pero todav¨ªa no la ha logrado. "Me repatea que me digan que soy una okupa", asegura. Durante todo este tiempo, Juana ha remitido "todos los papeles" que le han solicitado. "Incluso los que, pese a haberlos llevado, vuelven a pedirlos", a?ade.

Por si fuera poco, la orden de abandonar la vivienda, bajo pena de un delito de usurpaci¨®n, Juana no tiene agua potable. El anterior propietario cort¨® el suministro, y ahora, al carecer de cualquier tipo de contrato que la vincule con el inmueble, la Administraci¨®n se niega a darle de alta el agua. Incluso para poder empadronarse en Elche, recuerda que luch¨® contra una legi¨®n de bur¨®cratas.

Fuentes de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas afirmaron ayer que el desahucio se activa cuando se produce una ocupaci¨®n ilegal, y que ninguna persona quedar¨¢ en la calle. Juana, por contra, incide en que "no hay un trato igual para todos", y a?ade que hay personas que han logrado una casa "sin mayores problemas".

La precaria situaci¨®n en la que se encuentra el barrio se debe, seg¨²n algunos vecinos, a la "dejadez y negligencia" de los responsables del Instituto de la Vivienda. Sea como fuere, los problemas que sufre la zona se remontan desde principios de los a?os ochenta, y trascienden el ¨¢mbito de la vivienda para convertirse en un problema social. Por ello, la Asociaci¨®n de Vecinos de Palmerales ha demandado la redacci¨®n de un estudio en el que se refleje el estado real de la zona, para poder aplicar soluciones.

La normalizaci¨®n del ¨¢rea se ha buscado con el derribo de los bloques de viviendas (Rinc¨®n de Bonanza, Corral de la Pacheca), en los que se ha concentrado m¨¢s marginaci¨®n. Todav¨ªa queda pendiente la eliminaci¨®n de medio bloque de casas en el que varias familias "conflictivas" viven en condiciones infrahumanas, a la espera de poder ser realojadas. Mientras tanto, gran parte del barrio hace una vida convencional y aseguran estar "hartos de que el barrio sea conocido s¨®lo por lo malo".

Juana afirma sentirse "valiente", y es consciente de que muchas de las personas sobre las que pesa el desahucio prefieren callar para evitarse enfrentamientos. Ella lo tiene claro: "Es un cuarto piso, y no es un palacio, pero es mi casa".