Los honorarios de los abogados de la colza desatan un cruce de denuncias de las v¨ªctimas y los consumidores
El cobro de honorarios por parte de los abogados de las v¨ªctimas de la colza se ha convertido en un campo de batalla. As¨ª una asociaci¨®n de v¨ªctimas del caso de la colza, damnificados por el s¨ªndrome t¨®xico de 1981, y una organizaci¨®n de consumidores han cruzado denuncias contra los letrados encargados del asunto, a prop¨®sito de sus honorarios, y uno de ¨¦stos, a su vez, ha denunciado la supuesta pretensi¨®n de la asociaci¨®n de afectados de percibir porcentajes de los letrados.El primer paso de este intrincado asunto, como adelant¨® ayer EL PA?S, lo dio la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) al presentar una denuncia contra el abogado Javier Langa, al que acusa de intentar cobrar el 3% de las indemnizaciones a los afectados que son socios de la OCU. Langa asegur¨® que todas las v¨ªctimas a las que pidi¨® el 3% de la indemnizaci¨®n "est¨¢n dispuestas a pagar" y neg¨® que las hubiera extorsionado.
Juan del Real Mart¨ªn, director de la OCU y denunciante de Langa, ratific¨® ayer la denuncia ante la magistrada Almudena ?lvarez Tejero, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 41 de Madrid.
Por su parte, dirigentes del colectivo de afectados denominado Anasto-Legan¨¦s informaron a Europa Press de que tienen presentada una denuncia contra el abogado Mariano Mu?oz Bouzo, al que acusan de exigir a los afectados el 2% de las indemnizaciones. A su vez, los letrados Mu?oz Bouzo, Francisca Sauquillo y Jos¨¦ Manuel G¨®mez Ben¨ªtez informaron a Efe de que han denunciado a Arcadio Fern¨¢ndez, presidente de Anasto, por intentar cobrar un porcentaje de las minutas de los letrados. Fern¨¢ndez acusa a Mu?oz Bouzo de "coacci¨®n y chantaje", a lo que el abogado respondi¨®: "Ni he chantajeado ni he coaccionado a nadie. S¨®lo pretendo cobrar una minuta despu¨¦s de 20 a?os de trabajo".
La ejecuci¨®n de las condenas firmes del caso de la colza, en el que hay m¨¢s de 20.000 damnificados reconocidos judicialmente, a quienes el Estado adeuda medio bill¨®n de pesetas, ha desatado tensiones entre algunos letrados y organizaciones que, como la OCU, se dedicaron desde el primer momento a asistir a las v¨ªctimas.
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