Un forense tard¨® 14 meses en dar un informe sobre la muerte de una mujer El tribunal exculp¨® a los 12 jueces sucesivos que ocuparon el juzgado

La Uni¨®n de Consumidores de Cantabria-UCE ha denunciado al juez, secretario y forense de un juzgado de Santander por la tardanza de 14 meses en emitir el informe pedido por el fiscal sobre la muerte de una mujer por supuesta imprudencia profesional. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha exculpado a los 12 jueces que estuvieron sucesivamente al frente del juzgado, UCE ha anunciado otras acciones legales.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha exculpado al titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Santander de responsabilidad penal, al estimar que, durante los 14 meses de retraso del forense, hubo al frente del juzgado que investigaba la muerte de una mujer "hasta un n¨²mero de 12" jueces o magistrados, unas veces titulares y otras suplentes.Juan Jos¨¦ Maestro Gallardo, presidente de la Uni¨®n de Consumidores de Cantabria-UCE, inform¨® a EL PA?S que, una vez excluidos de responsabilidad penal los jueces, a los que acus¨® del delito de prevaricaci¨®n por retardo malicioso, prosiguen las actuaciones contra el secretario judicial y el m¨¦dico forense, as¨ª como iniciar¨¢ acciones legales por anormal funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia.

El inicio de este caso fue el fallecimiento de Mar¨ªa Luisa Fl¨®rez Castillo en el hospital Marqu¨¦s de Valdecilla, de Santander, en circunstancias que dieron origen a una investigaci¨®n por supuesto delito de imprudencia profesional m¨¦dica. A petici¨®n del fiscal, el juez sustituto de dicho juzgado, Antonio de Silva, acord¨® el 12 de agosto de 1998 que el m¨¦dico forense emitiera un informe para determinar si el fallecimiento de Fl¨®rez "tuvo o no su causa en la punci¨®n hep¨¢tica realizada y si ¨¦sta se efectu¨® correctamente, de conformidad con las exigencias de la pr¨¢ctica m¨¦dica".

Petici¨®n reiterada

Tal petici¨®n fue reiterada en febrero y marzo de 1999, pero s¨®lo cuando el 26 de octubre de 1999 la juez sustituta Florencia Alamillos requiri¨® al forense para que, de forma inmediata, emitiese el informe, el mencionado profesional lo entreg¨® dos d¨ªas despu¨¦s, en el sentido de que se hab¨ªa producido una laceraci¨®n de la vena renal, sin que se apreciara responsabilidad penal.

La organizaci¨®n de consumidores c¨¢ntabra denunci¨® ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Santander a los profesionales del juzgado n¨²mero 1 que tuvieron paralizadas unas actuaciones penales durante los 14 meses en que no se emiti¨® el informe del forense. La denuncia fue asumida por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, por estar encomendado a ella dilucidar la responsabilidad penal de jueces y magistrados.

El 15 de marzo de 2000, la sala acord¨® rechazar la denuncia en lo que se refiere a los jueces y devolver al juzgado las actuaciones contra los otros profesionales, que prosiguen.

La sala fundamenta la exculpaci¨®n de los jueces en el delito de prevaricaci¨®n por retardo malicioso en la administraci¨®n de justicia -para el que el C¨®digo Penal prev¨¦ la pena de inhabilitaci¨®n especial de seis meses a cuatro a?os para ocupar empleo o cargo p¨²blico-, en que "no existen indicios de criminalidad en la conducta del magistrado o magistrados denunciados, no obstante la dilaci¨®n, retraso o desidia en cumplimentar el informe pedido".

Razones de la resoluci¨®n

La resoluci¨®n razona que durante los 14 meses transcurridos "intervinieron como jueces o magistrados, con car¨¢cter de titular o suplentes, hasta un n¨²mero de 12 (...) lo que es de lamentar y tal vez explica, aunque no justifica, el retraso, pero en todo caso no puede servir para configurar, ni siquiera a nivel de indicio, la existencia de un presunto delito de prevaricaci¨®n en la modalidad de retardo malicioso".

En nombre de la organizaci¨®n que preside, Maestro lamenta que "en menos de 14 meses est¨¦n al frente de un juzgado sucesivamente 12 magistrados, hecho incompatible con el funcionamiento normal de la Administraci¨®n de Justicia", por lo que, "en defensa de los intereses de los asociados, se ejercitar¨¢n cuantas acciones convengan a su derecho".