Dinero y humo

Manuel Chaves es el primer presidente de un Gobierno aut¨®nomo de Espa?a -o de Europa- en inspirarse en el creciente movimiento contra las tabacaleras en EE UU para que contribuyan a financiar los gastos sanitarios que provoca el tabaquismo. Chaves pide que estas poderosas empresas paguen voluntariamente unos 60.000 millones de pesetas anuales a las arcas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que es lo que cuesta el tratamiento de las diversas patolog¨ªas que provoca el tabaco. En caso contrario anuncia que demandar¨¢ a las tabacaleras. Las empresas han contestado que recaudan impuestos (que pagan los consumidores) por valor de un bill¨®n de pesetas anuales en Espa?a, con los que se podr¨ªa hacer frente a los efectos m¨¢s nocivos del tabaquismo.?sta ha sido la propuesta m¨¢s novedosa de Chaves en su investidura como presidente de la Junta de Andaluc¨ªa. Tiene dosis de oportunismo y su desarrollo provoca enormes dudas, pero abre una v¨ªa sugerente. Puede parecer un gesto de hipocres¨ªa pedir a las tabacaleras que paguen el tratamiento de los efectos nocivos del consumo del tabaco, en vez de prohibir este ¨²ltimo. Pero, por cuesti¨®n de libertad individual y de usos sociales, tal prohibici¨®n no es ni recomendable ni viable.

En EE UU, con una legislaci¨®n m¨¢s favorable a los perjudicados por el tabaquismo, se han dado ya sentencias -la m¨¢s importante, la del Tribunal Supremo de Florida- contra las tabacaleras, con pagos billonarios, y se ha producido una avalancha de demandas individuales, colectivas y oficiales -incluida la promovida por Clinton y su ministra de Justicia, Janet Reno- que piden que la industria contribuya a financiar los gastos sanitarios. En Espa?a, asociaciones de damnificados han empezado a promover demandas contra esta industria bien organizada, que con cohortes de abogados y una legislaci¨®n menos madura intentar¨¢ resistirse en los tribunales antes de donar voluntariamente miles de millones de pesetas. Por ello quiz¨¢ debieran ser el Gobierno central y el Parlamento los que abordaran un problema que, seg¨²n diversas estimaciones, provoca unos costes sanitarios del orden de 450.000 millones de pesetas anuales.

La iniciativa de Chaves plantea, sin embargo, problemas jur¨ªdicos de magnitud. Por un lado, no ha habido a¨²n ninguna condena a las tabacaleras en Espa?a: m¨¦dicamente probados, los perjuicios del tabaco no est¨¢n a¨²n judicialmente asentados. Por otro, aunque la sanidad sea una competencia plenamente traspasada a las comunidades aut¨®nomas, medidas como la propuesta por el presidente andaluz podr¨ªan chocar con otros principios como la unidad de mercado en Espa?a o en la UE. De prosperar, puede constituir un precedente complicado para otras comunidades aut¨®nomas y otros productos nocivos, pero comercializados y legales.