Una juez investiga ya por supuesta prevaricaci¨®n a los 23 concejales que 'legalizaron' una iglesia

Teresa Chac¨®n, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 39 de Madrid, investiga la denuncia por prevaricaci¨®n presentada por el Tribunal Superior de Justicia contra los 23 concejales del Ayuntamiento de Madrid que tramitaron la legalizaci¨®n de la parte de la iglesia de Nuestra Se?ora de las Fuentes construida en una zona prohibida pese a que sobre ella pende una orden judicial firme de demolici¨®n parcial. La juez se ha hecho cargo de las pesquisas, y lo previsible ahora, dada la procedencia de las diligencias (una sala compuesta por cinco magistrados), es que cite a estos 23 ediles, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

Algo que comenz¨® como un proceso contencioso-administrativo ha desembocado en un asunto de car¨¢cter penal. El Tribunal Superior orden¨® deducir testimonio contra estos 23 concejales (entre los que se hallan el alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, y dos ediles de IU) por entender que en el pleno que celebraron el pasado 23 de marzo pudieron prevaricar al tramitar la legalizaci¨®n de un edificio religioso en contra del Plan de Ordenaci¨®n Urbana de 1985. Los ediles, para eludir una orden de demolici¨®n que incluso cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo, optaron en ese pleno por aprobar la realizaci¨®n de un estudio de detalle para ajustar la instalaci¨®n religiosa al nuevo Plan de Ordenaci¨®n Urbana de 1997.La Secci¨®n Primera del Tribunal Superior, al tener conocimiento oficial del acuerdo municipal y ser informada de que su orden de demolici¨®n segu¨ªa sin cumplirse, dict¨® un auto en el que anul¨® ese acuerdo plenario y, paralelamente, orden¨® al secretario del Ayuntamiento que le facilitase los nombres de los 23 ediles que hab¨ªan votado a favor de legalizar la iglesia. Obtenidos los nombres, dedujo testimonio contra todos ellos por prevaricaci¨®n, y la semana pasada remiti¨® las diligencias a los juzgados de la plaza de Castilla. Por el turno de reparto de asuntos penales, han correspondido a la juez Teresa Chac¨®n, del Juzgado 39, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Medios judiciales consultados por este peri¨®dico sostienen, adem¨¢s, que no es posible legalizar el templo religioso por la v¨ªa de un estudio de detalle. El delito de prevaricaci¨®n trae aparejadas, entre otras cosas, penas de inhabilitaci¨®n para ejercer un cargo p¨²blico, recuerdan los citados medios. Los concejales de IU han indicado que el pleno en el que votaron a favor de legalizar la iglesia fue muy pol¨¦mico y que, en el contenido de este punto, creyeron, por error, que ya hab¨ªa un acuerdo entre el arzobispado y los vecinos afectados.

Desobediencia

Las consecuencias del incumplimiento de la orden de derribo, cuyo plazo expir¨® el pasado 18 de marzo, no se detienen ah¨ª. El tribunal ha deducido tambi¨¦n testimonio por delito "de desobediencia" contra el gerente de Urbanismo, Luis Armada, la persona a la que se orden¨® el derribo de la iglesia, en concreto la parte adyacente al solar sobre el que se eleva el altar mayor (la iglesia ha sido desacralizada). Y, aparte de deducirle testimonio, el tribunal le impuso, a comienzos de mes, una multa de 250.000 pesetas con la advertencia de que le ir¨ªa poniendo sucesivas multas de esa cuant¨ªa por cada 20 d¨ªas que transcurran sin que se ejecute la orden. Armada ha presentado un recurso contra la primera multa ante el mismo tribunal, que en cuesti¨®n de d¨ªas le contestar¨¢. En su recurso, el gerente de Urbanismo argumenta que el incumplimiento del derribo obedece "a razones ajenas a la Gerencia de Urbanismo", y asegura que ha sido imposible ejecutarlo porque, en las dos ocasiones en que se ha desplazado la piqueta municipal al templo, "m¨¢s de trescientos" feligreses lo han impedido. Seg¨²n Armada, la ¨²ltima vez, el 16 de marzo, las m¨¢quinas de demolici¨®n se retiraron siguiendo instrucciones de la Polic¨ªa Municipal.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del R¨ªo, ha manifestado que la multa, si se confirma, se pagar¨¢ de las arcas municipales. Fuentes jur¨ªdicas afirman que se trata de una multa personal y que abonarla del presupuesto municipal puede constituir un delito de prevaricaci¨®n y otro de malversaci¨®n.

El tribunal, en distintos autos, ha reprochado al Ayuntamiento su falta de "voluntad" para acatar la orden, y le ha recordado que dispone de autorizaci¨®n para emplear los medios coactivos necesarios. Incluso ha llegado a sugerir que existe una connivencia entre el Ayuntamiento y el Arzobispado, due?o del templo, para dilatar el cumplimiento de la orden.

Los jueces han ordenado la demolici¨®n parcial de esta iglesia porque se contruy¨®, en 1988, a menos de siete metros de un edificio de 14 pisos y en contra de las distancias m¨ªnimas entre edificios que establec¨ªa el planeamiento urban¨ªstico de 1985. Dos vecinos del inmueble acudieron a los tribunales alegando que la escasa distancia entre la pared trasera del templo y la frontera del bloque de viviendas imped¨ªa la luz solar, lo que les obliga a usar luz artificial. El Arzobispado de Madrid, due?o de la iglesia, ha indicado que tan corta distancia se debe a que parte del bloque de pisos se construy¨® sobre suelo de su propiedad.