Pinochet orden¨® ejecutar a un colaborador de Allende, seg¨²n un testimonio militar secreto
Una impactante revelaci¨®n surgi¨® ayer en los alegatos por el desafuero del ex dictador ante el pleno de 22 magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago, que por primera vez implica en persona a Augusto Pinochet en la orden directa de un crimen. Hugo Guti¨¦rrez, abogado de la acusaci¨®n, cit¨® un testimonio secreto del general Gonzalo Urrejola, ya retirado, a la Comisi¨®n Rettig, que investig¨® en 1990 las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Seg¨²n ese testimonio, el militar reconoce que se recibi¨® una orden directa, por tel¨¦fono, de Pinochet para ejecutar a Germ¨¢n Castro, exintendente de Talca y colaborador en el Gobierno de Salvador Allende. El funcionario fue fusilado.
Germ¨¢n Castro fue ejecutado antes de que concluyera el consejo de guerra iniciado contra ¨¦l y la sentencia se le dict¨® post mortem. ?ste es el primer testimonio de un militar -aunque tiene car¨¢cter secreto- en el que se incrimina a Pinochet en la orden de la muerte de un detenido, en la orden directa de un crimen.Con similar contundencia, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE, fiscal¨ªa), Clara Szczaranski, sostuvo que Pinochet tiene responsabilidad criminal en los delitos cometidos por la Caravana de la Muerte, y descart¨® que el objetivo de esta fuera apoyar los consejos de guerra, ya que no la integraba ning¨²n abogado.
El CDE (la Fiscal¨ªa) plantea que existen condiciones adecuadas para el proceso, que el proceso de desafuero no implica un juicio pol¨ªtico a la gesti¨®n de Pinochet, sino poner a un senador en igualdad de condiciones con los querellantes.
La bater¨ªa de argumentos de la defensa procura as¨ª contestar la acusaci¨®n formulada por los querellantes, ayer y el jueves, de que Pinochet fue autor intelectual de los cr¨ªmenes al enviar al jefe de la comitiva militar como oficial delegado, no investigar los homicidios y ascender a quienes integraron la Caravana de la muerte a mayores responsabilidades.
En su r¨¦plica a Clara Szczaranski, el defensor de Pinochet, Ricardo Rivadeneira, cuestion¨® que se est¨¦ realizando un debido proceso a su cliente, porque no est¨¢ en condiciones de salud de enfrentar un proceso, y aleg¨® que es inocente de los cargos que se le imputan. Rivadeneira critic¨® que Chile haya argumentado en Londres que Pinochet no estaba en condiciones de enfrentar un proceso y de regreso a casa, en cambio, el Estado, a trav¨¦s del CDE, sostenga lo contrario.
Los magistrados decidieron esta madrugada resolver la pr¨®xima semana si ordenan o no practicar ex¨¢menes m¨¦dicos a Pinochet. Como en las dos jornadas anteriores, partidarios y detractores de Pinochet gritaron consignas en las afueras de los tribunales.
Por la ma?ana, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, hab¨ªa criticado la inquietud de los militares por el proceso para retirar el fuero al general Pinochet y defendi¨® que la justicia chilena est¨¢ ahora demostrando que nadie es inmune en su pa¨ªs. Refiri¨¦ndose a la inquietud planteada por los jefes de las Fuerzas Armadas, Lagos admiti¨® que, como presidente, escucha "a todos los que quieren expresar una intranquilidad, pero lo esencial es que el pa¨ªs avance". Agreg¨® que "lo ¨²nico" que pide "es respeto para los tribunales. Y las inquietudes, por muy respetables que sean, deben procesarse internamente". Esta afirmaci¨®n del presidente se interpret¨® como una r¨¦plica al jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia, quien expuso el jueves abiertamente su preocupaci¨®n.
En el mismo sentido de generar confianza, la canciller Soledad Alvear sostuvo que estas jornadas han demostrado internacionalmente que en Chile existen condiciones para un debido proceso de Pinochet, porque los tribunales trabajan en forma aut¨®noma.
Desafuero de un exministro
Por otra parte, un grupo de diputados democracristianos pidi¨® ayer al CDE que pida el desafuero del senador derechista Sergio Fern¨¢ndez, exministro del Interior de la dictadura, por estar comprometido en la creaci¨®n de la Unidad Antiterrorista de la Central Nacional de Informaciones (CNI, sucesora de la DINA), acusada de cometer cr¨ªmenes de opositores en el r¨¦gimen militar.
Con la petici¨®n de ayer de diputados democristianos al CDE para que pida el desafuero del senador Fern¨¢ndez, el organismo qued¨® con otro tema complejo en sus manos. Fern¨¢ndez admiti¨® ayer que la Unidad Antiterrorista de la CNI, acusada de cometer cr¨ªmenes de opositores a la dictadura, s¨®lo pod¨ªa operar por orden expresa del presidente, como dice un documento difundido esta semana.
En declaraciones a una radio, Fern¨¢ndez admiti¨® ayer que la Unidad Antiterrorista de la CNI, acusada de cometer cr¨ªmenes de opositores a la dictadura, s¨®lo pod¨ªa operar por orden expresa del Presidente, como dice un documento difundido esta semana.
La ofensiva judicial de las v¨ªctimas no cesa, y ayer en los tribunales fue interpuesta la querella n¨²mero 94 contra Pinochet, esta vez por el asesinato de Manuel Moreno.
"Por fin estamos en el camino real de la justicia"
En su doble condici¨®n de viuda de uno de los ejecutados por la Caravana de la muerte que envi¨® Pinochet y de abogada querellante contra el ex dictador, Carmen Hertz dice que relatar ante los 22 magistrados de la Corte de Apelaciones el secuestro y asesinato, en octubre de 1973, de su marido (cuyo cuerpo a¨²n no ha aparecido) fue algo "muy reparador". Su sensaci¨®n es que despu¨¦s de muchos a?os "por fin estamos en el camino real de la justicia". Ante jueces atentos, muchos de los cuales escuchaban por primera vez los hechos, Hertz pudo "contar los hechos donde correspond¨ªa, ante la justicia, y no era s¨®lo una denuncia testimonial o a la prensa". Se estaba terminando as¨ª algo que les ha ocurrido a miles de chilenos v¨ªctimas de la represi¨®n de la dictadura, el "no poder contar o tener que negar u ocultar parte importante de nuestras vidas, no s¨®lo durante el r¨¦gimen militar, sino tambi¨¦n en la transici¨®n, porque molesta, perturba o causa conflicto".
Esta actitud social, afirma Hertz, "ya no daba para m¨¢s y hab¨ªa que ponerle t¨¦rmino. La gente no puede comer mierda tantos a?os... Por eso, alegar ante los jueces fue muy reparador y me entreg¨® una cuota de tranquilidad y baj¨® mi angustia".
Habl¨® con serenidad del caso de su marido, el periodista Carlos Berger. La acompa?aba Ricardo Berger, hermano de la v¨ªctima. Su esposo estaba preso por motivos pol¨ªticos despu¨¦s del golpe de septiembre de 1973 cuando fue sacado de la c¨¢rcel por la comitiva que envi¨® Pinochet, junto con otros 25 prisioneros. En las afueras de la ciudad de Calama los 26 fueron torturados, acuchillados con corvos y acribillados. Trece fallecieron en el lugar y los cuerpos de otros 13, entre ellos Berger, fueron trasladados a un lugar desconocido. Despu¨¦s de los alegatos, que Hertz conf¨ªa culminar¨¢n con el desafuero de Pinochet, espera "que nunca m¨¢s nos digan 'no hable m¨¢s de esto". Ahora, dice, "puedo seguir con tranquilidad. Se hace menos doloroso".
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