S¨®lo el 5% de los toxic¨®manos condenados disfruta de medidas alternativas a la prisi¨®n Los jueces, partidarios de la rehabilitaci¨®n, optan por la c¨¢rcel ante la falta de medios

La mitad de los condenados que alegan drogodependencia lo son a menos de dos a?os de c¨¢rcel, plazo que establece el C¨®digo Penal para que los reos puedan disfrutar de medidas alternativas a la prisi¨®n. Sin embargo, s¨®lo el 5% de los condenados se benefician de ello, aunque para otro 14% queda en suspenso la condena. Un estudio de especialistas hecho para el Plan Nacional sobre Drogas demuestra que los jueces expresan ser partidarios de intentar la rehabilitaci¨®n de los toxic¨®manos fuera de la c¨¢rcel, pero que las dificultades les hace optar por la instituci¨®n carcelaria.

En el C¨®digo Penal de 1995 se atiende a la reinserci¨®n por encima de la represi¨®n, especialmente cuando concurre la atenuante de drogadicci¨®n. Para penas menores a dos a?os, establece la posibilidad de recurrir a medidas alternativas a la prisi¨®n enviando el condenado a rehabilitaci¨®n. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (v¨¦ase EL PA?S del 2 de mayo) incluso ha extendido tal recomendaci¨®n para un condenado a una pena mayor al que, adem¨¢s, se le aplicaron atenuantes por su toxicoman¨ªa.El esp¨ªritu del C¨®digo Penal y los deseos de los jueces tienen una pobre aplicaci¨®n pr¨¢ctica, seg¨²n demuestra el estudio del Servicio Interdisciplinar de Atenci¨®n a las Drogodependencias (SIAD) hecho en 1998 sobre sentencias condenatorias dictadas en Espa?a en las que se alegaba la drogodependencia del acusado. M¨¢s de la mitad de ellas (el 55,3%) fueron inferiores a dos a?os, pero en el 80% de los casos los condenados fueron a prisi¨®n. Ninguna reconoci¨® la eximente completa de toxicoman¨ªa.

El SIAD hizo, adem¨¢s, una encuesta entre magistrados. La mitad dijo que optar¨ªa por un tratamiento de rehabilitaci¨®n si existiera un control riguroso.

Para los t¨¦cnicos del SIAD, que asesoran a los jueces de Madrid y son sufragados por el Ayuntamiento de la capital, es evidente que los magistrados se resisten a aplicar medidas rehabilitadoras, pero tambi¨¦n que faltan medios humanos que garanticen el seguimiento de los drogodependientes en programas de rehabilitaci¨®n. "Hace falta gente que asesore y que verifique el cumplimiento de los programas", explican Alicia Ga?¨¢n y Berta Gordon, directora y asesora t¨¦cnica, respectivamente, del SIAD. "Ante la incertidumbre, el juez opta por la garant¨ªa que le ofrecen las prisiones".

Ga?¨¢n y Gordon consideran que los recursos disponibles para el tratamiento de toxic¨®manos es suficiente para la demanda actual y no hay listas de espera (v¨¦ase el gr¨¢fico de esta p¨¢gina). Pero los recursos quedar¨ªan cortos si la ley se aplicara con toda la compasividad que su esp¨ªritu contiene. Mil condenados se benefician cada a?o de medidas alternativas. Un estudio predijo que, aplicando el c¨®digo, ser¨ªan 7.000. "En ese caso, no habr¨ªa recursos suficientes", sentencian las expertas.