El Ayuntamiento, declarado responsable civil por el crimen de la Villa Ol¨ªmpica

VIENE DE LA P?GINA 1 El juez Fern¨¢ndez Oubi?a censura en su resoluci¨®n al Ayuntamiento de Barcelona por consentir a las salas de fiestas "sobrepasar los horarios de cierre y el despacho sin l¨ªmite de bebidas alcoh¨®licas y p¨®cimas no especificadas a muchachos en la incertidumbre de la mayor¨ªa de edad" sin adoptar "las m¨ªnimas medidas de seguridad".

El juez fundamenta su afirmaci¨®n sobre la falta de vigilancia en "las constantes quejas" expresadas por el presidente de la asociaci¨®n de vecinos de la Villa Ol¨ªmpica, Jordi Gir¨®, a quien hoy ha citado a declarar como testigo y ha solicitado que aporte las denuncias presentadas en los ¨²ltimos meses ante el consistorio relacionadas con "un ¨¢rea ciudadana tan conflictiva".

En una resoluci¨®n dictada la semana pasada, el juez reclam¨® de la Guardia Urbana de Barcelona que especificara qu¨¦ medidas de seguridad hab¨ªa en la zona el d¨ªa de los hechos. Fuentes judiciales explicaron ayer que el consistorio todav¨ªa no ha respondido a esta petici¨®n, a la que el juez no se refiere en el auto por el que declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento.

Esta petici¨®n fue formulada por la familia de Robledo hace unos d¨ªas y ni el fiscal ni ninguna de las partes personadas se opusieron.

"Voracidad impositiva"

El juez Fern¨¢ndez Oubi?a entiende que su decisi¨®n est¨¢ basada "en la m¨¢s que justa reciprocidad a una voracidad impositiva que no procura, en su traducci¨®n a la defensa del bien com¨²n, ni siquiera un m¨ªnimo de seguridad para poder disfrutar con tranquilidad del cada vez m¨¢s innacesible, por peligroso, tiempo de ocio". En otro momento el juez alude a "las elevadas tasas con que el municipio grava al tipo de establecimientos como en el que se iniciaron los hechos" y finaliza su resoluci¨®n solicitando a la discoteca Back Fire que aporte todos los justificantes de los impuestos y tasas que haya abonado desde su apertura hasta el d¨ªa en que se produjo el crimen.

Para ma?ana viernes el juez ha citado a declarar a un testigo presencial de la brutal agresi¨®n sufrida por Carlos Javier Robledo, as¨ª como a un responsable del servicio de seguridad de la discoteca. En los pr¨®ximos d¨ªas el magistrado resolver¨¢ tambi¨¦n si acepta o rechaza las pruebas solicitadas por las partes. Entre las que s¨ª se practicar¨¢n figura la ampliaci¨®n de un informe pericial sobre los signos de violencia que presentaba el cad¨¢ver, mientras que una de las pruebas que ser¨¢n denegadas ser¨¢ la reconstrucci¨®n del crimen.

El Ayuntamiento de Barcelona no comparte ninguna de las afirmaciones del auto judicial. En una comparecencia de urgencia ante los medios de comunicaci¨®n, el concejal Ernest Maragall afirm¨® ayer que le parece un auto "desproporcionado, que demuestra un profundo desconocimiento de los procedimientos administrativos", y "jur¨ªdicamente poco solvente". El Ayuntamiento recurrir¨¢ contra ¨¦l insistir¨¢ ante la Audiencia de Barcelona en ejercer la acusaci¨°n particular en el proceso.

Respecto a las irregularidades en los horarios, Maragall dijo ayer que la discoteca hab¨ªa sido denunciada 55 veces y que se le hab¨ªan abierto tres expedientes. Uno de ellos acab¨® con una multa de 100.000 pesetas, en otro caso se propuso el pago de 750.000 pesetas y en un tercero se propone una sanci¨®n de un mill¨®n o el cierre del local por seis meses. "El Ayuntamiento no est¨¢ de brazos cruzados ante los incumplimientos de horarios y aplicamos la normativa", insisti¨® Maragall. No obstante, el concejal tambi¨¦n dej¨® claro que "hay un largo camino que recorrer" para vincular un problema de horarios con la muerte a golpes de un joven.

Respecto a la falta de control de la zona, Maragall neg¨® que la seguridad de la Villa Ol¨ªmpica sea deficitaria. "Lo que ocurre es que la ¨²nica forma de evitar los delitos ser¨ªa colocar a un polic¨ªa en cada esquina, y creo que ¨¦se es el dibujo de un Estado policial que nadie quiere".

El concejal se mostr¨® convencido de que la instancia superior al magistrado -una sala de lo penal de la Audiencia de Barcelona- no compartir¨¢ el criterio del juez.

En cuanto al dep¨®sito de la fianza de 200 millones de pesetas y al plazo de 24 horas para depositarla, Maragall se?al¨® que los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento estudiar¨¢n qu¨¦ hacer cuando tengan "conocimiento formal de ello".

Maragall tambi¨¦n respondi¨® a las referencias a la "voracidad impositiva" del Ayuntamiento barcelon¨¦s efectuadas por el juez en su auto indicando que se trata de un "elemento caricaturesco que no debe ser utilizado como un enfrentamiento personal".

Los tribunales penales suelen ser bastante restrictivos a la hora de condenar a las administraciones como responsables civiles subsidiarias. En la v¨ªa civil y contenciosa las condenas son m¨¢s frecuentes porque es m¨¢s f¨¢cil acreditar el deber de cuidado que han de tener las administraciones de las dependencias que est¨¢n bajo su tutela.Esa circunstancia se ha repetido, por ejemplo, en demandas presentadas por personas que han sufrido alg¨²n tipo de accidente en los mercados municipales, como es el caso de un reciente fallo que reconoci¨® la responsabilidad civil del Ayuntamiento de La Llagosta (Vall¨¨s Oriental) por las lesiones que sufri¨® una vecina que se cay¨® en el mercado, que carec¨ªa de medidas de seguridad y estaba mal conservado.

En otro caso fue la Generalitat de Catalu?a la que fue condenada en 1992 por la muerte de un recluso,apu?alado por otro, en la c¨¢rcel Modelo de Barcelona porque el tribunal consider¨® que la Administraci¨®n estaba obligada a garantizar la integridad de los internos.

Sin embargo, incluso en casos como ¨¦ste, los jueces mantienen criterios dispares. As¨ª, por ejemplo, un tribunal de Madrid rechaz¨® que la Administraci¨®n penitenciaria fuera la responsable civil subsidiaria del asesinato de un preso porque el procesado no era ning¨²n funcionario de la c¨¢rcel, sino otro interno.

Otras veces, los trinunales condenan a las administraciones por falta de garant¨ªas o el por deficiente funcionamiento de un servicio. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona fue condenado hace cinco a?os por un tribunal civil por las lesiones que sufri¨® una mujer al caer en un paso cebra de la ciudad.

La sentencia subrayaba que correspond¨ªa al consistorio indemnizar a la mujer porque se hab¨ªa comprobado la falta de adherencia de la pintura a la calzada. El a?o pasado el Ayuntamiento de Alicante fue condenado por falta de seguridad en las hogueras de San Juan. Un joven result¨® gravemente herido al ser alcanzado por las llamas y al consisistorio se le conden¨® como responsable civil subsidiario por no tomar medidas correctas de seguridad para el aislamiento de las hogueras.

Todo responsable penal de un delito lo es tambi¨¦n civilmente y los casos m¨¢s habituales en los que se establece la responsabilidad civil subsidiaria de la administraci¨®n son los delitos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.