La Sindicatura alerta sobre los problemas para fiscalizar transferencias y subvenciones p¨²blicas

La Sindicatura de Comptes ha convocado unas jornadas t¨¦cnicas con ocasi¨®n de su 15? aniversario en las que propone una reflexi¨®n sobre el uso de herramientas inform¨¢ticas en la auditor¨ªa y un segundo seminario sobre la necesidad de reformar la Ley General Presupuestaria, de ¨¢mbito estatal, aprobada en 1977. Francisco Gil, s¨ªndic adjunto, explic¨® ayer que los auditores p¨²blicos se desenvuelven con soltura cuando someten a control t¨¦cnico los procedimientos de gasto, pero tropiezan con serios problemas cuando intentan seguir el rastro de subvenciones o transferencias.

Francisco Gil, s¨ªndic adjunto a propuesta del PP, ha dilatado su renuncia al cargo para participar activamente en los actos convocados con ocasi¨®n del aniversario de instituci¨®n fiscalizadora y es responsable de la organizaci¨®n de las jornadas t¨¦cnicas.Gil aport¨® varias razones para justificar una profunda reflexi¨®n sobre el contenido de la ley. Todas las comunidades aut¨®nomas han desarrollado su propia legislaci¨®n en materia presupuestaria, "m¨¢s o menos inspiradas" en la norma estatal. Gil sugiri¨® que "ser¨ªa deseable una armonizaci¨®n" de las disposiciones vigentes en las distintas regiones para facilitar el trabajo de los t¨¦cnicos auditores, pero puso el acento en el rastreo de las subvenciones y transferencias.

La instituci¨®n fiscalizadora trabaja a partir de muestras aleatorias para controlar la adecuada gesti¨®n de los fondos p¨²blicos. Gil coment¨® que la "experiencia acumulada" en materia de gasto p¨²blico y las fases t¨¦cnicas a las que se someten los pagos, desde su autorizaci¨®n hasta su disposici¨®n y liquidaci¨®n efectiva permiten a los t¨¦cnicos seguir sin mayor problema el destino de los fondos.

Sin embargo, alert¨® sobre la necesidad de establecer procedimientos t¨¦cnicos similares para hacer un seguimiento efectivo de las subvenciones y transferencias a instituciones p¨²blicas o privadas. Gil evit¨® ser m¨¢s expl¨ªcito y remiti¨® a los debates convocados por la Sindicatura que deben celebrarse la pr¨®xima semana, pero puso el dedo en la llaga.

Las subvenciones a particular o instituciones se conceden a partir de una serie de requisitos, en algunos casos atendiendo al orden de solicitud y, en otros, por decisi¨®n administrativa sin mayor control. Un problema que se extiende a su destino efectivo posterior que en muchas ocasiones es dif¨ªcil acreditar. Abren pues una v¨ªa para la discrecionalidad en el gasto p¨²blico que ofende la vocaci¨®n fiscalizadora de la Sindicatura.

Un caso paralelo se produce en las transferencias destinadas a otras administraciones o incluso en las que recibe la Generalitat del Estado, salvo aquellas con destino finalista destinadas a cubrir gastos correspondientes a actuaciones muy concretas.

Al margen de los problemas t¨¦cnicos que entra?a el seguimiento de las subvenciones, Gil explic¨® que la LGP fue redactada cuando apenas se estaban definiendo las competencias de las comunidades aut¨®nomas, que han asumido cuantiosas partidas para gastos y subvenciones desde entonces.

Una vez implantada la moneda ¨²nica en la Uni¨®n Europea, el presupuesto se ha convertido en el mecanismo de las diversas administraciones para intervenir en la pol¨ªtica econ¨®mica, puesto que la pol¨ªtica monetaria corresponde la Banco Central Europeo. Pero la propia UE establece restricciones y exigencias que deben cumplir todas las administraciones y que requieren una adaptaci¨®n de la normativa estatal y las respectivas normas de ¨¢mbito auton¨®mico o local. Y la adecuada fiscalizaci¨®n es absolutamente necesaria porque, como explic¨® Gil, sin una adecuada contabilidad "el presupuesto por programas es m¨¢s te¨®rico que real".

Entre las cuestiones a debate en torno a la legislaci¨®n presupuestaria, Gil mencion¨® un ¨²ltimo asunto de inter¨¦s relativo a la relaci¨®n profesional que mantienen los gestores de fondos p¨²blicos con los responsables pol¨ªticos de los distintos gobiernos y se pregunt¨® si deber¨ªan estar sometidos a derecho administrativo o a derecho laboral en aras de una mayor independencia de criterio.