La cl¨ªnica Dator denuncia por coacciones a la polic¨ªa por tratar de impedir un aborto

La cl¨ªnica Dator de Madrid, adonde acudieron el jueves agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa para impedir un aborto supuestamente ilegal, decidi¨® ayer responder a esta actuaci¨®n con una denuncia. El centro, en palabras de su portavoz, demand¨® a la polic¨ªa por "hostigar y coaccionar a las mujeres que se acercaban al centro" y contra el grupo antiabortista Provida que, seg¨²n la policia, desencaden¨® la actuaci¨®n. La asociaci¨®n que agrupa a las cl¨ªnicas autorizadas para practicar abortos pedir¨¢ explicaciones al Gobierno. La polic¨ªa mantiene que se limit¨® a investigar una denuncia.

Una representante de la cl¨ªnica present¨® la denuncia ayer, sobre la una de la tarde, en la comisar¨ªa de Tetu¨¢n, la misma a la que pertenecen los agentes que acudieron el jueves por la ma?ana al centro para impedir un supuesto aborto ilegal. La denuncia insiste en que dichos funcionarios no proporcionaron a los responsables del centro m¨¦dico, acreditado desde 1986 para realizar abortos, ninguna orden judicial o administrativa que paralizara la intervenci¨®n y que coaccionaron con su presencia. Seg¨²n explic¨® su portavoz Luisa Torres, su actitud -solicitaron a las mujeres que acud¨ªan a la cl¨ªnica el documento nacional de identidad- "a unas mujeres que acuden a un centro legal a ejercer un derecho".La Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid defiende la actuaci¨®n de sus agentes: "Nos limitamos a acudir al centro para comprobar una denuncia. Luego se tom¨® la filiaci¨®n de varias personas para seguir con las verificaciones".

Los hechos son confusos si se atiende a las distintas versiones. Lo ¨²nico en la que todas coinciden es que sobre las 9.30 del jueves dos polic¨ªas se acercaron hasta la cl¨ªnica y comunicaron a sus responsables que ten¨ªan indicios de que se iba a realizar un aborto ilegal (la ley s¨®lo ampara la interrupci¨®n voluntaria del embarazo tras una violaci¨®n, por malformaci¨®n del feto o cuando existe peligro para la madre).

Orden judicial

Seg¨²n la polic¨ªa, hab¨ªan sido dos activistas de Provida -Jes¨²s Mar¨ªa Poveda y M.C.- quienes hab¨ªan presentado una denuncia en la comisar¨ªa de Tetu¨¢n. La portavoz de la cl¨ªnica, Luisa Torres, se?al¨® que "no sab¨ªan ni el nombre de la mujer", motivo que llev¨® a los responsables del centro a solicitar la orden judicial.

Horas m¨¢s tarde la polic¨ªa s¨ª ten¨ªa un nombre. La abogada de Dator, la diputada auton¨®mica y senadora del PSOE-Progresistas Cristina Almeida, sospecha que lo averiguaron en la misma puerta del centro porque fue el propio comisario de Tetu¨¢n quien llam¨® a la cl¨ªnica para advertirles que no pod¨ªan realizar el aborto.

La propia mujer, que se plantea denunciar a la polic¨ªa, cuestion¨® ayer la versi¨®n dada por el jefe superior de Polic¨ªa de Madrid. "Me pidieron el carn¨¦ cuando llegaba a la cl¨ªnica con mi hermana y me amenazaron con detenerme si no lo hac¨ªa", asegur¨®. La mujer, que desea permanecer en el anonimato, subray¨® que nunca antes hab¨ªa visto a los miembros de Provida y que es imposible que supieran su nombre porque su situaci¨®n "s¨®lo la conocen tres personas".

El activista de Provida, Jes¨²s Mar¨ªa Poveda, neg¨® ayer haber dado nombre alguno a la polic¨ªa y subray¨® que los "asesores" de la organizaci¨®n, que acuden a Dator "varias veces por semana" desde 1988, "nunca denuncian a las mujeres, sino a la cl¨ªnica".

Es la segunda vez en pocos d¨ªas que Dator, que realiza 5.000 abortos al a?o, recibe la visita de la polic¨ªa. La segunda ha provocado la indignaci¨®n de la Asociaci¨®n de Centros Autorizados para Interrupciones voluntarias del embarazo (ACAI), que agrupa a la mayor¨ªa de las cl¨ªnicas abortistas. Su presidenta, Consuelo Catal¨¢, asegur¨® ayer que, si bien los m¨¦dicos que practican abortos est¨¢n acostumbrados al acoso de los grupos Provida, "no es normal que la polic¨ªa les ampare".

"No podemos permitir que este tipo de situaciones se de en cl¨ªnicas autorizadas y controladas por la Administraci¨®n", asegur¨® Catal¨¢, quien va a pedir sendas reuniones con los ministros del Interior y Sanidad, Jaime Mayor Oreja y Celia Villalobos, respectivamente, para que el Gobierno aclare su posici¨®n. De la misma opini¨®n es la diputada socialista Micaela Navarro, quien ya el jueves hab¨ªa pedido la comparecencia de Mayor en el Congreso. Por su parte, Cristina Almeida pedir¨¢ explicaciones en la Asamblea de Madrid al delegado del Gobierno, Franciso Javier Ansu¨¢tegui. Todas ellas temen que esta actuaci¨®n concreta sea un s¨ªntoma de una posible "vuelta a la carga" contra los m¨¦dicos que practican abortos.

En 1998, ¨²ltimos datos que tiene el Ministerio del Sanidad, abortaron de forma legal en Espa?a 53.847 mujeres. De ellas el 96,53% escogieron un centro privado, son pocos los hospitales p¨²blicos en los que se realiza esta intervenci¨®n por la objeci¨®n de su personal, y el 97,3% se acogieron al supuesto de grave perjuicio para la salud de la madre.