Un decreto regular¨¢ las condiciones de los parques infantiles para evitar riesgos

La Consejer¨ªa de Asuntos Sociales quiere poner orden en los parques infantiles para limitar al m¨¢ximo los riesgos de los menores. El borrador del decreto, que regular¨¢ las condiciones de los recintos p¨²blicos de juego infantil, contempla un plazo de cinco a?os para adaptarse a la norma y la concesi¨®n de ayudas p¨²blicas a los ayuntamientos para el acondicionamiento. El documento se present¨® en el Consejo Regional de la Infancia, un ¨®rgano de asesoramiento de las administraciones que se constituy¨® ayer en Sevilla.

El texto elaborado por la Direcci¨®n General de Infancia y Familia establece una serie de medidas de seguridad e higiene en los parques infantiles, de titularidad o uso p¨²blicos, para evitar los riesgos que puedan perjudicar a los menores. Los recintos de juego, seg¨²n el borrador, tendr¨¢n que estar ubicados a una distancia m¨ªnima de 30 metros de zonas de tr¨¢fico o, en otro caso, cerrados de forma que impidan el acceso de los ni?os a la calzada.Otra de las medidas establece que el suelo de las zonas de juego tendr¨¢ que ser de "materiales blandos que permitan la adecuada absorci¨®n de impactos y amortig¨¹en los golpes y ca¨ªdas". En cuanto a los materiales de los equipos de juego, no podr¨¢n ser t¨®xicos, met¨¢licos, conductores de electricidad, astillosos o con aristas o bordes peligrosos.

El plazo previsto inicialmente para que los parques infantiles se adapten al decreto es de cinco a?os. Los ayuntamientos, adem¨¢s, recibir¨¢n ayudas de la Junta de Andaluc¨ªa para acondicionar los espacios de juego a la normativa o para la construcci¨®n de recintos nuevos en aquellos lugares donde escaseen las zonas de esparcimiento infantil.

El borrador de este decreto fue presentado ayer por el consejero de Asuntos Sociales, Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a, en el Consejo Regional de la Infancia, un ¨®rgano de asesoramiento y supervisi¨®n en la aplicaci¨®n de los derechos de la infancia. El consejo, que se constituy¨® ayer en Sevilla, est¨¢ integrado por 28 personas, en representaci¨®n de cuatro consejer¨ªas, las corporaciones locales y provinciales, organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones de padres de alumnos, el Consejo Andaluz de la Juventud y un menor tutelado por la Junta de Andaluc¨ªa como "usuario de centros y servicios espec¨ªficos para la infancia".

Ley del menor

A la creaci¨®n del Consejo Regional, previsto en la Ley de los Derechos y la Atenci¨®n al Menor, le suceder¨¢n la constituci¨®n de ¨®rganos provinciales y de un observatorio de la infancia. Uno de los primeros temas sobre los que se pronunciar¨¢ el Consejo regional ser¨¢ sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, cuya entrada en vigor -en enero de 2001- suscita serias dudas en las Comunidades Aut¨®nomas y en las Fiscal¨ªas por la falta de medios para adaptarse plenamente a lo establecido en la nueva legislaci¨®n.

Los consejeros de Asuntos Sociales de las autonom¨ªas socialistas han solicitado una moratoria de un a?o para dar tiempo a la creaci¨®n de nuevos centros, donde los menores de 18 a?os cumplan sus condenas, y a la preparaci¨®n de personal. "Siendo buena la ley, ser¨ªa una barbaridad que se empe?aran en aplicarla en enero de 2001", dijo ayer Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a. La Junta calcula que la entrada en vigor de la ley del Menor requerir¨¢ una inversi¨®n de 13.800 millones de pesetas para la construcci¨®n de centros espec¨ªficos, el mantenimiento de los mismos, los programas de seguimiento y el seguro de responsabilidad, entre otras actuaciones que contempla la normativa estatal, que eleva la edad penal de los 16 a los 18 a?os.

Salda?a destac¨® ayer que la formaci¨®n de los profesionales constituye uno de los aspectos m¨¢s importantes. En los centros, seg¨²n el consejero, "los menores tendr¨¢n que ser sometidos a un proceso de reeducacion y resocializaci¨®n para que los j¨®venes delincuentes recuperen el proyecto de futuro que han perdido".

Andaluc¨ªa cuenta, en la actualidad, con dos centros de internamiento de menores de car¨¢cter cerrado que tendr¨ªan que adaptarse a los requisitos de la ley, pero que resultar¨ªan insuficientes. Para cubrir las necesidades andaluzas se necesitar¨¢n cinco centros cerrados, adem¨¢s de otros abiertos para aquellos menores castigados por alg¨²n tipo de falta.

Entre 150 y 200 menores cumplen, en la actualidad, condena en alguna c¨¢rcel de la Comunidad, a los que suman otros 750 j¨®venes que requieren alg¨²n tipo de vigilancia. En los ¨²ltimos tres a?os, los expedientes de menores infractores se han incrementado en un 30%.