Los militares dan un paso al frente

Los ej¨¦rcitos que sostuvieron dictaduras en el Cono Sur comienzan a reconocer violaciones de los derechos humanos

Posiciones encontradas

M¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s del fin de las dictaduras latinoamericanas, las c¨²pulas militares empiezan a dar t¨ªmidos pasos hacia el reconocimiento de las grav¨ªsimas violaciones de derechos humanos que cometieron sus compa?eros de armas. Primero fue Chile (17 a?os de dictadura, de 1973 a 1990), donde los militares se han comprometido a entregar informaci¨®n sobre el paradero de los restos de al menos 300 desaparecidos a cambio de impunidad. Sin embargo, nadie alberga esperanzas de que puedan recuperarse los restos de los 1.200 detenidos-desaparecidos, que en muchos casos fueron arrojados al mar, a la cordillera andina, a cr¨¢teres de volcanes o se dinamitaron los cuerpos. Por eso, el jefe del Ej¨¦rcito, Ricardo Izurieta, mencion¨® la cifra de 300 cuerpos.Los uniformados que aporten informaci¨®n estar¨¢n amparados por la ley de secreto profesional, de reciente aprobaci¨®n, y no podr¨¢n ser sancionados. El acuerdo firmado el mes pasado fue la conclusi¨®n de 10 meses de trabajo de la llamada Mesa de Di¨¢logo, en la que se sentaron por primera vez las Fuerzas Armadas, abogados de las v¨ªctimas y representantes de la Iglesia, el Gobierno y distintos sectores de la sociedad. La Mesa, aplaudida por la mayor¨ªa, no consigui¨® incorporar a los familiares de los detenidos-desaparecidos, que consideran que se trata de una iniciativa para dar carpetazo a las violaciones de derechos humanos.

En Uruguay (12 a?os de dictadura, de 1973 a 1985), el propio presidente Jorge Batlle ha empe?ado su palabra de que har¨¢ todo lo posible por buscar la verdad de la represi¨®n de la dictadura. El presidente ha anunciado la inminente creaci¨®n de una Comisi¨®n para la Paz que tendr¨¢ como objetivo "sellar la paz entre los uruguayos". Batlle ha tratado el tema de la entrega de informaci¨®n sobre los 175 desaparecidos con su ministro de Defensa, Luis Brezzo, y el comandante jefe del Ej¨¦rcito, general Juan Geymonat, quienes, seg¨²n el presidente, han mostrado buena disposici¨®n para cooperar. En Uruguay se dict¨® una ley de amnist¨ªa que garantiza la plena impunidad a los violadores de derechos humanos y que ha impedido cualquier acci¨®n de la justicia.

Argentina (dictadura desde 1976 a 1983) es el pa¨ªs donde la represi¨®n alcanz¨® mayores cotas de brutalidad (30.000 desaparecidos). A pesar de que los jefes de las Juntas Militares fueron juzgados y condenados en 1985 bajo el Gobierno de Alfons¨ªn, y posteriormente indultados por el presidente Menem, los uniformados han negado sistem¨¢ticamente toda colaboraci¨®n con la justicia. Se amparan en que no disponen de informaci¨®n, ya que los archivos sobre la represi¨®n de la dictadura fueron destruidos en 1983.

No obstante, esta semana se ha conocido que los jefes Fuerzas Armadas se reunieron con el arzobispo de Buenos Aires, monse?or Jorge Bergoglio, para tratar de implicar a la Iglesia cat¨®lica en una salida al problema de la verdad y la justicia. El Episcopado ha expresado su total disposici¨®n para "encontrar la anhelada reconciliaci¨®n nacional" sobre los desaparecidos.

Los organismos de derechos humanos ven en esta iniciativa un mero intento de cerrar las heridas y evitar la acci¨®n de la justicia. En el Gobierno, ha generado posiciones encontradas. Para el ministro del Interior, Federico Storani, es un paso positivo, mientras Ricardo Gil Lavedra, titular de Justicia y antiguo miembro del tribunal que juzg¨® a las Juntas de la dictadura, recuerda que ya hay un espacio abierto para averiguar el paradero de los desaparecidos: los llamados juicios por la verdad, que no tienen consecuencias penales contra los acusados por estar amparados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.Estos juicios constituyen una fuente de permanente malestar en las Fuerzas Armadas, por el desfile de uniformados en retiro ante los tribunales. El paso al frente dado por los generales de la postdictadura es limitado y responde, esencialmente, a la persecuci¨®n judicial; han tomado buena nota del caso Pinochet. No hay en su actitud un atisbo de arrepentimiento por los atropellos cometidos en el pasado.