El fiscal pide 18 meses por tr¨¢fico de inmigrantes para dos espa?oles

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La Fiscal¨ªa de M¨¢laga est¨¢ dispuesta a actuar con firmeza contra las mafias que se dedican al tr¨¢fico de personas. El ministerio p¨²blico ha solicitado 18 meses de prisi¨®n para dos espa?oles por introducir clandestinamente en la Pen¨ªnsula a otros tantos marroqu¨ªes que pretend¨ªan conseguir trabajo en Espa?a. La Fiscal¨ªa no hace demasiadas argumentaciones jur¨ªdicas en su calificaci¨®n, pero concluye que la actuaci¨®n de J. C. P. M, sin antecedentes penales, y de M. V. R., condenado por robo en 1994, constituye un delito contra los derechos de los trabajadores. El art¨ªculo 313 del C¨®digo Penal castiga con penas de entre seis meses y tres a?os de c¨¢rcel y multa de seis a doce meses a "los que trafiquen de manera ilegal con la mano de obra". El paso dado casi no tiene precedentes en Andaluc¨ªa, ya que generalmente las fuerzas de seguridad interceptan a los inmigrantes que intentan entrar de forma clandestina, pero rara vez logran capturar a los responsables de este tr¨¢fico humano. En la calificaci¨®n, en la que la Fiscal¨ªa solicita la apertura de juicio, tambi¨¦n pide una multa de 600.000 pesetas para cada acusado y su inhabilitaci¨®n especial para el sufragio pasivo. Los hechos se produjeron hace dos semanas, cuando ambos individuos, "de com¨²n acuerdo", embarcaron a M. L. y A.C. en Ceuta en una zodiac que fue interceptada al llegar a las costas andaluzas.

La Fiscal¨ªa, en cambio, ha archivado la investigaci¨®n que abri¨® el 23 de junio para determinar si la expulsi¨®n de los 36 inmigrantes encontrados tres d¨ªas antes en Mijas, hacinados y en condiciones infrahumanas en una furgoneta, fue legal o no. El ministerio p¨²blico no aprecia infracci¨®n penal y da por cerrada esta v¨ªa. Sin embargo, fuentes de la Fiscal¨ªa aclararon que, aunque el procedimiento utilizado por el Gobierno no sea constitutivo de delito, "no significa que est¨¦ bien hecho desde el punto de vista administrativo". Aunque este matiz deja abierta una puerta a un recurso contencioso, el presidente de Andaluc¨ªa Acoge, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez, dio por imposible esta v¨ªa, ya que las ONG carecen de legitimaci¨®n para presentar una demanda. La organizaci¨®n s¨ª ha conseguido que el Defensor del Pueblo admita a tr¨¢mite una queja elevada hace un par de semanas por el procedimiento utilizado por la administraci¨®n.

Su devoluci¨®n inmediata, sin expediente de expulsi¨®n, gener¨® una agria pol¨¦mica entre las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno. Las primeras defendieron que el retorno inmediato s¨®lo pod¨ªa aplicarse si los extranjeros eran interceptados en zonas fronterizas y recordaron que la furgoneta ya estaba en Espa?a. El Gobierno, en cambio, consider¨® correcta la actuaci¨®n porque en su opini¨®n no proced¨ªa el expediente de expulsi¨®n. Rodr¨ªguez insisti¨® en su protesta y record¨® que en el caso de los 17 inmigrantes encontrados d¨ªas despu¨¦s en Estepona, "el Gobierno dio marcha atr¨¢s" y no aplic¨® la devoluci¨®n inmediata.