Pinochet, acto final

Chile ha dado en los ¨²ltimos tiempos dos pasos que, m¨¢s all¨¢ de sus resultados concretos, abren un escenario nuevo en la defensa de los derechos humanos, violados sistem¨¢ticamente durante 17 a?os de dictadura. Los militares se han comprometido ante la sociedad chilena a entregar la informaci¨®n que obtengan sobre el paradero de los desaparecidos durante el r¨¦gimen que presidi¨® Augusto Pinochet. El general y dictador puede ser procesado los pr¨®ximos d¨ªas como autor-inductor de 53 homicidios y 19 casos de desaparici¨®n de personas si la Corte Suprema decide retirarle la inmunidad parlamentaria bajo la que se ampara por su condici¨®n de senador vitalicio. Los 20 jueces de la m¨¢s alta instancia judicial de su pa¨ªs comienzan hoy a debatir el futuro judicial de Pinochet despu¨¦s de escuchar, la semana pasada, los alegatos de los abogados de las dos partes.Es poco probable que el ex dictador se siente en el banquillo, pero no s¨®lo la justicia internacional, sino la de su propio pa¨ªs, que durante a?os ha estado maniatada o sometida a intensas presiones de los poderes f¨¢cticos, le ha declarado sospechoso.

La Corte de Apelaciones de Santiago vot¨® a favor del desafuero, porque estima que "los antecedentes reunidos a estas alturas de las indagaciones hacen procedente por esta Corte la declaraci¨®n de haber lugar a la formaci¨®n de causa en relaci¨®n al senador Pinochet". El juez Juan Guzm¨¢n instruye nada menos que 148 querellas criminales contra el general. La ¨²ltima fue presentada ayer mismo por la desaparici¨®n de 137 j¨®venes.

Mientras, algunas voces piden el desafuero del general pero, a la vez, su "olvido". El obispo Jorge Hurton, destacado defensor de los derechos humanos, se declar¨® ayer partidario de la retirada de la inmunidad al ex general "y que luego sea olvidado para que muera tranquilo".

La Mesa de Di¨¢logo patrocinada por el Gobierno de la Concertaci¨®n, en la que durante 10 meses se han sentado representantes de las Fuerzas Armadas y de distintos sectores de la sociedad civil, incluidos algunos abogados de las v¨ªctimas de la dictadura, concluy¨® el pasado 12 de junio sus trabajos con un llamamiento p¨²blico a entregar informaci¨®n sobre el paradero de los desaparecidos a cambio de mantener en secreto la fuente informante. El comandante en jefe del Ej¨¦rcito, general Ricardo Izurieta, dijo la semana pasada que todas las unidades ya han recibido la orden de colaborar para difundir la informaci¨®n an¨®nima que reciban sobre detenidos desaparecidos. Id¨¦nticas medidas han adoptado los Carabineros. La Iglesia cat¨®lica y la Masoner¨ªa han ofrecido garant¨ªas a todos aquellos que est¨¦n dispuestos a hablar.

?Qui¨¦n va a revelar un secreto guardado celosamente durante d¨¦cadas? ?Qui¨¦n romper¨¢ el pacto de silencio no escrito que ha presidido la actitud de los responsables de las violaciones de los derechos humanos? Los familiares de las v¨ªctimas y sus representantes desconf¨ªan.

La Mesa de Di¨¢logo ha dividido por primera vez al movimiento de derechos humanos chileno. La Agrupaci¨®n de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha interpuesto un recurso de protecci¨®n contra el ministro de Defensa, Mario Fern¨¢ndez, en su calidad de presidente de la Mesa de Di¨¢logo. Y el d¨ªa que la C¨¢mara de Diputados vot¨® el proyecto de ley que establece la reserva de la identidad de quienes entreguen informaci¨®n sobre casos de desaparecidos hubo sonoras protestas e incidentes.

Un sector de los familiares, de los abogados y organizaciones de izquierda como el Partido Comunista consideran que el acuerdo de la Mesa de Di¨¢logo s¨®lo abre la puerta a la impunidad de los responsables de los cr¨ªmenes "por la v¨ªa de impedir, en los casos de secuestro cometido por agentes del Estado, el acceso a exigir del Estado una investigaci¨®n criminal, infringiendo de esta forma el Estado de Chile, a trav¨¦s de sus ¨®rganos colegisladores, las obligaciones que ha contra¨ªdo al suscribir los tratados de derechos humanos".

"Las medidas propuestas no contemplan una investigaci¨®n del crimen de desaparici¨®n forzada o secuestro, sino s¨®lo un aspecto del mismo: la ubicaci¨®n o destino del cuerpo de la v¨ªctima. Mucho menos contemplan la individualizaci¨®n de los responsables y su sanci¨®n", a?ade el recurso presentado contra la Mesa de Di¨¢logo.

El Gobierno niega estas acusaciones y, en palabras del ministro secretario general de la Presidencia, ?lvaro Garc¨ªa, el proyecto "no representa punto final, no significa ning¨²n grado de impunidad, no interpreta la ley de amnist¨ªa y los tribunales seguir¨¢n aplicando con autonom¨ªa la legislaci¨®n vigente".