La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional se opone a la extradici¨®n a Espa?a del argentino Cavallo

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional mantiene la l¨ªnea del caso Pinochet. Ayer recurri¨® la orden de detenci¨®n internacional a efectos de extradici¨®n contra el ex militar argentino Miguel ?ngel Cavallo (detenido en M¨¦xico) y que el viernes dict¨® el juez espa?ol Guillermo Ruiz Polanco, en sustituci¨®n del titular, Baltasar Garz¨®n. El recurso del fiscal, que deber¨¢ resolver Garz¨®n, es consecuente con las tesis de la Fiscal¨ªa de que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras de Chile y Argentina.

Medida preventiva

Esta l¨ªnea defendida por el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, y por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, ignora la sentencia de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional que estableci¨®, el 30 de octubre de 1998 por 11 votos a favor y ninguno en contra, que los tribunales espa?oles son competentes para investigar y juzgar los cr¨ªmenes contra la humanidad supuestamente cometidos por los reg¨ªmenes militares en Chile y Argentina.El fiscal basa su recurso en que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 1995 (donde se establece por primera vez en nuestro ordenamiento jur¨ªdico la persecuci¨®n de los cr¨ªmenes contra la humanidad) es posterior a la comisi¨®n de los delitos que se imputan a los militares responsables de la dictadura argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), por lo que la Audiencia Nacional no ser¨ªa competente para juzgarles.

Adem¨¢s, la Fiscal¨ªa, que tambi¨¦n inform¨® en contra de que se dictara el viernes la orden de prisi¨®n contra Cavallo, sostiene que los cr¨ªmenes cometidos durantes ambas dictaduras no pueden ser tipificados como genocidio, sino como asesinatos y homicidios, puesto que no se dirigieron contra un grupo ¨¦tnico o religioso, sino contra distintas personas que ten¨ªan en com¨²n su oposici¨®n al r¨¦gimen dictatorial.

En este punto, los abogados que dirigen la acusaci¨®n popular, Carlos Slepoy y Joan Garc¨¦s, recuerdan que en numerosos textos de resoluciones de Naciones Unidas se incluye la persecuci¨®n pol¨ªtica, con fines de exterminaci¨®n de un grupo opositor, como genocidio.

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional mantiene adem¨¢s que este tribunal no puede enjuiciar hechos supuestamente delictivos cometidos en el extranjero por ciudadanos de otro pa¨ªs, postura que ha defendido tanto en el caso de Argentina, como en el de Chile tras la detenci¨®n del general Augusto Pinochet en Londres o tras la presentaci¨®n de una querella por delitos similares ocurridos en Guatemala.

Mientras tanto, el juez Baltasar Garz¨®n, reincorporado el lunes en su puesto tras las vacaciones de verano, re¨²ne la documentaci¨®n necesaria para preparar un auto de procesamiento de Cavallo, tr¨¢mite necesario para solicitar su extradici¨®n a M¨¦xico, una vez que le ha sido notificado que ha comenzado a correr el plazo de 60 d¨ªas para presentar la demanda.

Miguel ?ngel Cavallo, detenido en M¨¦xico la semana pasada bajo el nombre de Ricardo Miguel Cavallo, fue teniente de la Armada argentina, y entre 1977 y 1979 integr¨®, supuestamente, uno de los grupos operativos del centro clandestino de detenci¨®n de la Escuela Mec¨¢nica de la Armada, encargado de llevar a cabo los secuestros de las v¨ªctimas de la represi¨®n militar. Adem¨¢s, en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional figuran los testimonios de varias de estas v¨ªctimas, que le reconocieron como su torturador.

Por otra parte, el Gobierno mexicano intervino ayer la empresa privada Registro Nacional de Veh¨ªculos (Renave), que fue dirigida por Cavallo, con el fin de garantizar el funcionamiento de la empresa y el secreto de los datos particulares manejados por la compa?¨ªa.

El ministro de Comercio de M¨¦xico, Herminio Blanco, explic¨® que la intervenci¨®n es una medida preventiva y temporal que pretende proteger los intereses de los mexicanos que registraron sus veh¨ªculos en Renave. La decisi¨®n del Gobierno mexicano se produce cinco d¨ªas despu¨¦s de la detenci¨®n de Cavallo, acusado por el juez espa?ol Baltasar Garz¨®n de los delitos de genocidio, tortura y violaci¨®n de los derechos humanos durante el r¨¦gimen militar de Argentina.Blanco descart¨® cualquier responsabilidad del Ejecutivo en la contrataci¨®n de Cavallo, quien present¨® dos acreditaciones de los Gobiernos de Argentina y El Salvador para demostrar su experiencia t¨¦cnica para acometer las tareas encargadas a la empresa. "Los accionistas de Renave cuentan con cartas de buena conducta en referencia al se?or Cavallo, expedidas por los Gobiernos de Argentina y de El Salvador", indic¨®.

El ministro asegur¨® que "se carec¨ªa de antecedentes que pudieran llevar a presumir una identidad delictiva de Ricardo Cavallo", y afirm¨® que ni la Fiscal¨ªa mexicana ni las polic¨ªas de 60 pa¨ªses ten¨ªan antecedentes para su detenci¨®n.

Dijo que s¨®lo a ra¨ªz de un reportaje publicado en M¨¦xico por el diario Reforma, que mencion¨® los antecedentes del argentino, se decidi¨® investigar, acci¨®n que condujo a la solicitud de detenci¨®n con fines de extradici¨®n formulada por el juez espa?ol. El ministro mexicano insisti¨® en que la intervenci¨®n gubernamental es de car¨¢cter t¨¦cnico y que durar¨¢ unas cuantas semanas mientras se analiza la situaci¨®n.