Cardenal promover¨¢ que la violencia callejera sea juzgada por la Audiencia Nacional

El fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, defendi¨® ayer ante el Rey, en la solemne apertura del A?o Judicial, que todos los casos de violencia callejera consistentes en la destrucci¨®n de bienes de uso com¨²n o lanzamiento de artefactos incendiarios contra edificios p¨²blicos o domicilios particulares se consideren delitos de terrorismo y se juzguen en la Audiencia Nacional. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado, demand¨® de las Cortes y del Gobierno las medidas necesarias para que el Poder Judicial pueda cumplir sus cometidos en un plazo razonable.

En el solemne acto de apertura del A?o Judicial, celebrado en el Palacio del Tribunal Supremo y presidido por el rey Juan Carlos el fiscal del Estado, Jes¨²s Cardenal, signific¨® que la batalla jur¨ªdica contra el terrorismo constituye uno de los objetivos preferentes de la Fiscal¨ªa, por lo que intentar¨¢ llevar ante la Audiencia Nacional todas las formas de delincuencia callejera relacionadas con el terrorismo.Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Javier Delgado, incidi¨® tambi¨¦n en que el Estado de Derecho "prevalecer¨¢ siempre frente a quienes lo niegan desde la violencia y la irracionalidad".

Cardenal respald¨® el anunciado plan de choque para la reforma de la Justicia elaborado por el ministro ?ngel Acebes, presente en el acto, y se refiri¨® a la necesidad de hacer frente a las nuevas formas de delincuencia, entre las que cit¨® la invasi¨®n de la intimidad mediante el tratamiento automatizado de datos y la infracci¨®n de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, que tienen como escenario Internet, as¨ª como los da?os ocasionados mediante la difusi¨®n de virus inform¨¢ticos.

Otro de los asuntos que seg¨²n dijo, le preocupan especialmente, es la inmigraci¨®n. Cardenal especific¨® que, por un lado, al fiscal le incumbe combatir penalmente a las mafias organizadas que se lucran a costa de los inmigrantes clandestinos, y de, otro, participar directamente en el procedimiento de expulsi¨®n del extranjero al que se le imputa un delito.

Violencia inaceptable

Sobre las "inaceptables manifestaciones de violencia en el seno de la familia", Cardenal las consider¨® incompatibles con el nivel cultural y social que debiera ser propio de nuestra sociedad. "El uso de la fuerza o la coacci¨®n ps¨ªquica en el ¨¢mbito familiar hace retroceder al hombre a un atavismo que degrada los valores en que ha de apoyarse la convivencia", afirm¨®.El fiscal del Estado tambi¨¦n reclam¨® medios materiales y personales ante la pr¨®xima entrada en vigor de la ley penal del menor, que calific¨® como un verdadero desaf¨ªo institucional para el ministerio fiscal, ya que se confiere a los fiscales la instrucci¨®n del procedimiento y amplias posibilidades de soluci¨®n extrajudicial.

Javier Delgado, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, dedic¨® buena parte de su discurso a subrayar la "superioridad" del Tribunal Supremo "en todos los ¨®rganos jurisdiccionales y en toda Espa?a", cuya ¨²nica salvedad est¨¢ referida a lo dispuesto en materia de garant¨ªas constitucionales.

En lo que se evidenci¨® como una nueva reafirmaci¨®n del papel del Tribunal Supremo frente al del Constitucional, Delgado, sin dejar de destacar la "excelente labor" de este ¨²ltimo, record¨® las "insuficiencias" de "la regulaci¨®n legal del proceso querido por nuestra Constituci¨®n, para la tutela judicial de los derechos fundamentales". "Creo", dijo, "que una normativa que cubriese todos los supuestos de violaci¨®n de aquellos derechos atribuible al juez, podr¨ªa implicar para ellos la innecesariedad del amparo constitucional".

Record¨® que durante la redacci¨®n del texto constitucional el senador Angulo Montes realiz¨® una enmienda in voce que determin¨® una nueva redacci¨®n del art¨ªculo 161.1.b. "Si con anterioridad el texto establec¨ªa el recurso de amparo para 'cuando hubiese sido desestimada la reclamaci¨®n ante los otros tribunales" con la nueva redacci¨®n se dej¨® ese deslinde de las v¨ªas judicial y constitucional para una futura ley org¨¢nica.

Previamente, el presidente del Consejo del Poder Judicial estim¨® deseable "una permanencia de las leyes en el campo de la organizaci¨®n y funciones del Poder Judicial, al margen de los cambios de las mayor¨ªas", lo que, en su opini¨®n se favorece "con acierto t¨¦cnico y consenso".

Tambi¨¦n plante¨® una regulaci¨®n del acceso de los asuntos al Tribunal Supremo, que, dijo, "no pueden ser excesivos". Delgado reconoci¨® que la Justicia es lenta, a pesar de su calidad, lo que atribuy¨® a la "competencia y laboriosidad de nuestros jueces".

Tres a?os de trabajo

Para paliar tanto la "alarmante" situaci¨®n de la Sala de lo Civil del Supremo, que ahora mismo tiene por delante el trabajo de tres a?os y medio, el presidente del Supremo consider¨® que "el remedio no es tanto el aumento del n¨²mero de magistrados, como el de una cuidadosa regulaci¨®n del acceso de los asuntos al Tribunal Supremo", sin olvidar la exigencia de "un cierto grado de experiencia" a los letrados que act¨²en ante el alto tribunal. As¨ª mientras la Sala de lo Militar "no suscita problemas dado su escaso volumen de trabajo", en las salas segunda y tercera, de lo penal y de lo contencioso administrativo, respectivamente, "ha disminuido la pendencia" ha aumentado en cambio en la que entiende de los asuntos civiles y muy ligeramente en la que se ocupa de los casos de lo social.

Concretamente "la litigiosidad civil, continuando la tendencia de a?os anteriores, seguramente por la bonanza econ¨®mica, ha disminuido en 1999, salvo en el ¨¢mbito de familia: de 34.000 separaciones en 1989 hemos pasado a 59.000 en 1999 y, en el mismo tiempo, los divorcios desde la cifra de 23.000 han llegado a la de 36.000".

Dado que han aumentado los recursos de casac i¨®n los asuntos pendientes en la Sala Primera son 12.552, "lo que representa el trabajo de tres a?os y medio".