La justicia espera

La justicia est¨¢ a la espera de lo que los poderes p¨²blicos decidan sobre su futuro. No es una tautolog¨ªa: siempre ha sido as¨ª, pero, en el inicio del a?o judicial, esta realidad es m¨¢s evidente que nunca tras la propuesta del Gobierno de acometer un pacto de Estado sobre la justicia que no acaba de concretarse. En el acto oficial de apertura, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Javier Delgado, no pudo ser m¨¢s expl¨ªcito: emplaz¨® a los poderes p¨²blicos -al Parlamento, al Gobierno y a las comunidades aut¨®nomas- a que "adopten las medidas necesarias para que el Poder Judicial pueda cumplir efectivamente, y en un plazo razonable, los cometidos que la Constituci¨®n le encomienda".A los problemas pand¨¦micos de la justicia como servicio p¨²blico, que inciden directamente en el ciudadano (escasez de medios, acumulaci¨®n de asuntos, lentitud y, en definitiva, cicater¨ªa presupuestaria), se a?aden otros, no menos importantes, que ata?en al funcionamiento interno de los tribunales -es el caso de la redefinici¨®n del papel del Supremo como tribunal de casaci¨®n-, pero que terminan tambi¨¦n por repercutir en el justiciable. Tras una primera legislatura completamente ayuna de pol¨ªtica judicial, el Partido Popular no puede dejar que transcurra ¨¦sta sin acometer estos problemas. Causa esc¨¢ndalo que en un Estado de derecho econ¨®micamente desarrollado, y cuyo Gobierno hace continua propaganda de lo bien que van las cosas, sus tribunales de justicia sigan a la cola de los Presupuestos y no se diferencien en muchos aspectos de los de principios de siglo.

Delgado critic¨® la acumulaci¨®n de asuntos en el Tribunal Supremo, calificando de alarmante la situaci¨®n de una de sus salas. Pero en la justicia espa?ola hay muchos aspectos que producen esa alarma: el colapso generalizado, que se traduce en dos millones de asuntos pendientes; una dotaci¨®n presupuestaria de apenas el 1% de los gastos del Estado; procesos inadaptados a las necesidades del presente; una oficina judicial que no acaba de adaptarse a los m¨¦todos modernos de gesti¨®n ni valora las ventajas de la inform¨¢tica. No es casual que en los ¨²ltimos a?os hayan aumentado las dificultades para cubrir las plazas judiciales que se crean o que quedan vacantes. El Gobierno est¨¢ emplazado a tomar en serio la pol¨ªtica judicial y a que el pacto de Estado sobre la justicia que ha propuesto a las fuerzas pol¨ªticas no quede en un fuego de artificio. Debe hacerlo con mucha urgencia.