Coste cero

Ninguno de los servicios t¨¦cnicos previstos en el texto pactado con los archiveros en 1998 figura en el proyecto de ley aprobado ahora por la Generalitat. No habr¨¢, si nada cambia durante el pr¨®ximo debate de la ley en el Parlament, un Servicio de Conservaci¨®n, Restauraci¨®n y Reprograf¨ªa -cuyas funciones se otorgan vagamente al Archivo Nacional de Catalu?a-; ni un Servicio de Formaci¨®n, Informaci¨®n y Documentaci¨®n, ni tampoco un Instituto de Documentos Legibles a M¨¢quina, cuyo "inter¨¦s primordial", dec¨ªa el texto de 1998, "se centrar¨¢ en prever la recuperaci¨®n de la informaci¨®n contenida en documentos inform¨¢ticos, electr¨®nicos, magn¨¦ticos y otros que, debido a los cambios tecnol¨®gicos muy r¨¢pidos, resultan inaccesibles f¨¢cilmente".Censo

Tampoco prev¨¦ el nuevo proyecto la elaboraci¨®n de un Censo del Patrimonio Documental de Catalu?a. Se tratar¨ªa de obtener una relaci¨®n exhaustiva de los fondos, tanto los de titularidad p¨²blica como los privados, en la que se identificara "de forma fehaciente los archivos, centros, dep¨®sitos y otros lugares en los que se conservan documentos, colecciones o cualquier otro tipo de documentaci¨®n que forme parte del patrimonio documental catal¨¢n". Los archiveros consideran este censo -una fotograf¨ªa en macro de la realidad- una herramienta b¨¢sica, indispensable para abordar con garant¨ªas cualquier plan de actuaci¨®n sobre los archivos y el patrimonio documental.

La eventual aplicaci¨®n de la ley, con la creaci¨®n de los servicios t¨¦cnicos y la elaboraci¨®n del censo pactados con los archiveros hace ahora dos a?os, habr¨ªa exigido a la Generalitat disponer de un presupuesto que no ha sido cuantificado. Aquella ley habr¨ªa resultado bastante m¨¢s cara, en cualquier caso, que la que impulsa ahora Vilajoana, cuyo coste de aplicaci¨®n ser¨¢ pr¨¢cticamente de cero pesetas.