Las subcontratas piden a la Administraci¨®n amparo por el "abuso" de las constructoras

Las empresas de la construcci¨®n que realizan subcontratas han solicitado amparo a las instituciones vascas ante lo que consideran "abusos" por parte de las empresas adjudicatarias de obras p¨²blicas. Denuncian que en la mayor parte de los contratos no se cumple la ley en lo que respecta a los plazos en que los constructores deben pagar a las empresas subcontratadas. Ante esta situaci¨®n, piden que las instituciones inspeccionen el correcto cumplimiento de los contratos administrativos de las obras p¨²blicas.

Problemas financieros

El gremio de los excavadores anda revuelto. Han o¨ªdo que el Ayuntamiento de Vitoria, a trav¨¦s de la sociedad urban¨ªstica Ensanche XXI, la que gestiona todo lo referido a las futuras 20.000 viviendas que se construir¨¢n en el este y el oeste de la ciudad, est¨¢ preparando un concurso para las empresas interesadas en la urbanizaci¨®n b¨¢sica del primer sector. El trabajo consiste, a grandes rasgos, en el movimiento de tierras y la colocaci¨®n de las canalizaciones. Est¨¢n en juego m¨¢s de 3.000 millones de pesetas. Mucho dinero incluso para las grandes constructoras espa?olas. Por eso se espera que todas ellas se presenten al concurso. Lo extraordinario del caso est¨¢ en una sencilla cl¨¢usula que ha incluido la sociedad municipal en el pliego de condiciones, a propuesta del grupo nacionalista. En ella se especifica que la empresa adjudicataria deber¨¢ pagar a los subcontratistas en el mismo plazo en que reciba el dinero de la Administraci¨®n.Un hecho tan simple como ¨¦se ha removido a todos los excavadores de la zona. ?Por qu¨¦? Porque es la primera vez que ellos recuerdan que ocurre esto desde que trabajan en el sector. Ning¨²n ayuntamiento ni diputaci¨®n, ni tampoco el Gobierno vasco -salvo excepciones contadas- utilizan habitualmente estas cl¨¢usulas, a pesar de que se deber¨ªan sentir moralmente obligados por la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas, de 1995 y reformada el 28 de diciembre del a?o pasado. Normalmente, desde las instituciones nunca se exigen condiciones a los adjudicatarios de proyectos p¨²blicos en cuanto al pago que deben realizar a las empresas que subcontratan.

El sector de excavaci¨®n sirve como ejemplo de gremio subcontratado. Hay otros colectivos, pero todos tienen el mismo problema. La Administraci¨®n cumple su parte al pagar en menos de 60 d¨ªas al promotor, pero el problema llega cuando ¨¦ste debe entregar la parte correspondiente a los subcontratistas. Seg¨²n afirman ¨¦stos, lo habitual es el que pago se demore 120 d¨ªas, e incluso denuncian casos de grandes constructoras que abonan los trabajos despu¨¦s de medio a?o. Y todo esto a pesar de que la ley obliga a los contratistas a pagarles "en los plazos y condiciones que no sean m¨¢s desfavorables que los establecidos para las relaciones entre Administraci¨®n y contratista".

Las consecuencias de esas irregularidades son varias. "Nosotros tenemos que pagar cada mes las n¨®minas de nuestros empleados, aunque no hayamos recibido el dinero del contratista, y nuestra situaci¨®n financiera se resiente", se queja Valent¨ªn Fern¨¢ndez, gerente de Aexal (Asociaci¨®n de Excavadores de ?lava). "En cambio, las grandes constructoras, vinculadas a los bancos, obtienen beneficios con un dinero que en realidad nos pertenece", a?ade. Esta costumbre afecta a una gran parte de los gremios del sector de obras p¨²blicas y de la construcci¨®n de viviendas de Esuakdi, uno de los m¨¢s castigados por los accidentes laborales. Entonces, ?por qu¨¦ no se denuncian los contratos? Los subcontratistas responden con el argumento del miedo. "Hay muy poquitos que se atrevan. La raz¨®n es sencilla: si denuncio, las obras y los contratos no vendr¨¢n a m¨ª en varios a?os", afirman. Por eso las empresas de excavaci¨®n decidieron asociarse hace cinco a?os en ?lava.

Otros gremios no est¨¢n tan avanzados, pero, en conjunto, piden a las Administraciones p¨²blicas "voluntad pol¨ªtica" para hacer cumplir la ley y que ponga instrumentos para equipararse a otros pa¨ªses europeos. "No es tan complicado. En el resto de la Uni¨®n Europea, los pagos se efect¨²an en 45 d¨ªas", asegura Valent¨ªn Fern¨¢ndez. Las empresas de construcci¨®n se defienden alegando que su vinculaci¨®n con los gremios est¨¢ sometida a "contratos privados", a diferencia de los que ellas firman con la Administraci¨®n, que son p¨²blicos. "Nuestra relaci¨®n con las subcontratas se rige por el C¨®digo Civil, que permite a las partes pactar lo que consideren oportuno", precisa Enrique Gonz¨¢lez, gerente de Uneca (Uni¨®n de Empresarios de la Construcci¨®n de ?lava). Bajo esas premisas, los promotores entienden que los gremios pueden negociar un aumento en el precio final de sus trabajos a cambio de recibir los pagos de forma diferidda. "Existe la libre competencia", contesta la patronal alavesa de la construcci¨®n.

El Gobierno, que ha asumido las recomendaciones de la ley y las ha desarrollado mediante disposiciones adicionales, admite que carece de instrumentos para comprobar si se cumplen la legislaci¨®n. De momento, un instrumento ¨²til puede ser la cl¨¢usula ideada en la sociedad Ensanche XXI, si es que se lleva hasta sus ¨²ltimas consecuencias. "Una cosa es redactar un requisito en el pliego y otra que se cumpla", admite el gerente de Aexal, que ya ha pedido una reuni¨®n con el concejal vitoriano de Urbanismo para comprobar hasta qu¨¦ punto est¨¢ dispuesto el Ayuntamiento a verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato.