El Gobierno reconoce a los inmigrantes irregulares derechos que les proh¨ªbe ejercer

El Gobierno est¨¢ dispuesto a reconocer que los inmigrantes irregulares son titulares de derechos fundamentales -como los de reuni¨®n, asociaci¨®n y sindicaci¨®n-, pero condiciona su ejercicio a que est¨¦n regularizados. Esta singular f¨®rmula (reconocer unos derechos y prohibir su ejercicio) es la que el delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n, Enrique Fern¨¢ndez- Miranda, ha ofrecido al PSOE, Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) y Coalici¨®n Canaria en las negociaciones sobre la Ley de Extranjer¨ªa. El debate sobre la reforma se trasladar¨¢ esta semana al Congreso.

Fern¨¢ndez-Miranda ha concluido ya las conversaciones que, durante las ¨²ltimas semanas, ha venido manteniendo con PSOE, CiU y CC en torno a la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa propuesta por el Gobierno. El debate se trasladar¨¢ esta semana al Congreso de los Diputados, donde el jueves est¨¢ previsto que se constituya la ponencia que informar¨¢ el texto.Las conversaciones a tres bandas han concluido con algunas aproximaciones y acuerdos, pero tambi¨¦n han puesto de manifiesto importantes discrepancias. Tanto socialistas como nacionalistas catalanes se reservan su voto al resultado de la tramitaci¨®n parlamentaria.

Uno de los puntos que siguen enfrentando al PP con la oposici¨®n es el reconocimiento de los derechos fundamentales de los inmigrantes irregulares. Salvo la asistencia sanitaria y la educaci¨®n obligatoria, el proyecto gubernamental niega cualquier derecho a los extranjeros no regularizados.

Sin embargo, en las ¨²ltimas reuniones Fern¨¢ndez-Miranda ha ofrecido una concesi¨®n m¨¢s te¨®rica que pr¨¢ctica: reconocer los derechos a todos los inmigrantes, pero permitir su ejercicio s¨®lo a los que tengan residencia legal. La oferta del Gobierno se basa en una enmienda de Coalici¨®n Canaria, seg¨²n la cual s¨®lo podr¨ªan sindicarse los extranjeros que tengan permiso de trabajo.

El PSOE y CiU consideran esta concesi¨®n insuficiente y sospechan que el verdadero objetivo del Gobierno no es reconocer derechos sino sortear la eventual inconstitucionalidad de su proyecto de ley.

M¨¢s satisfactoria es la oferta realizada por Fern¨¢ndez-Miranda en materia de educaci¨®n. El texto gubernamental exclu¨ªa a los hijos de inmigrantes irregulares de la educaci¨®n infantil, hasta los seis a?os, lo que resultaba discriminatorio. Ahora, acepta trasladar a la Ley de Extranjer¨ªa el contenido del art¨ªculo siete de la LOGSE (Ley de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo), seg¨²n el cual "la educaci¨®n infantil tendr¨¢ car¨¢cter voluntario", pero "las Administraciones p¨²blicas garantizar¨¢n la existencia de un n¨²mero de plazas suficientes para asegurar la escolarizaci¨®n de la poblaci¨®n que la solicite". De este compromiso se beneficiar¨ªan todos los extranjeros, sin ning¨²n tipo de excepci¨®n.

En materia de reagrupaci¨®n familiar, el acuerdo pasar¨ªa por dar a la ley una redacci¨®n abierta que permita mayor concreci¨®n en el futuro reglamento. Para cuando ¨¦ste se apruebe ya debe estar en vigor la directiva de la UE, de obligado cumplimiento para Espa?a, cuyo borrador actual es m¨¢s generoso que el proyecto del PP.

Tambi¨¦n ha habido un importante acercamiento respecto a la fijaci¨®n del contingente anual de trabajadores extranjeros. El Gobierno admite que para su elaboraci¨®n se parta de la informaci¨®n facilitada por las comunidades aut¨®nomas sobre sus necesidades de mano de obra, pero se reserva la decisi¨®n ¨²ltima sobre la cuant¨ªa y caracter¨ªsticas del cupo, e incluso sobre la posibilidad de suspenderlo, en funci¨®n de la evoluci¨®n del mercado trabajo.

El procedimiento a seguir con los menores indocumentados se modificar¨¢ para sustituir la intervenci¨®n del juez por la del fiscal, dar mayor protagonismo a las comunidades aut¨®nomas, a las que corresponde su tutela, y permitirles trabajar a partir de los 16 a?os para facilitar su inserci¨®n laboral.

"Nuestro objetivo es convertir un mal proyecto en una buena ley", asegur¨® el viernes en Canarias la secretaria de Pol¨ªticas Sociales e Inmigraci¨®n del PSOE, Consuelo Rum¨ª.