Justicia y verdad para la inmigraci¨®n

Por desgracia, el debate sobre la Ley de Extranjer¨ªa se vuelve cada vez m¨¢s incomprensible. El Gobierno, tranquilizado por su victoria en las ¨²ltimas elecciones, cree haber recibido un cheque en blanco de la opini¨®n p¨²blica para endurecer la pol¨ªtica relativa a la inmigraci¨®n. Es un grave error. La inmigraci¨®n no es un problema pol¨ªtico. Es un fen¨®meno social, como el crecimiento demogr¨¢fico, el aumento de los matrimonios o de los divorcios o la distribuci¨®n territorial de la poblaci¨®n, que obedecen a tendencias de gran peso. La inmigraci¨®n afecta a la evoluci¨®n profunda de la comunidad receptora, la mutaci¨®n de su estructura antropol¨®gica y el enriquecimiento de su identidad. La funci¨®n de los poderes p¨²blicos no debe ser jugar con los fantasmas y los miedos que surgen inevitablemente de estas mutaciones sino explicar la situaci¨®n a la poblaci¨®n, hacer que se respeten los derechos y deberes de los reci¨¦n llegados y aprovechar para ampliar el campo de acci¨®n del Estado de derecho.La confusi¨®n actual demuestra claramente que esta v¨ªa no es la que prevalece. El Gobierno tergiversa y sus argumentos para justificar un control dr¨¢stico de los flujos migratorios se hacen eco de forma peligrosa de las explicaciones primarias utilizadas habitualmente por fuerzas retr¨®gradas en Europa. Teme el efecto de llamada de una ley justa, como si la justicia fuera una cuesti¨®n de oportunidad; fustiga a la inmigraci¨®n clandestina, ocultando el papel de los empresarios clandestinos, principales responsables de la trata de esta inmigraci¨®n; establece un paralelo entre el n¨²mero de parados en Espa?a y la presencia de inmigrantes, como si existiera una relaci¨®n de causa y efecto. Todo esto es especialmente inquietante y recuerda cruelmente los errores en los que han incurrido otros gobiernos de Europa en los ¨²ltimos 20 a?os.

En realidad, la opci¨®n es muy sencilla: o el Gobierno convierte la inmigraci¨®n en un tema de enfrentamiento pol¨ªtico o se orienta hacia una gesti¨®n democr¨¢tica y consensuada de esta cuesti¨®n. La primera v¨ªa tiene unas consecuencias ineludibles: el no reconocimiento de los derechos provoca de forma inevitable la lucha por esos derechos, y, por tanto, conflictos in¨²tiles, ya que todo el mundo sabe que un d¨ªa u otro se tendr¨¢n que reconocer esos derechos. Mientras tanto, los inmigrantes se convertir¨¢n en chivos expiatorios; servir¨¢n, muy a su pesar, para desviar la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica de los verdaderos problemas sociales y pol¨ªticos, ser¨¢n objeto del odio, sufrir¨¢n la xenofobia, el racismo y pagar¨¢n caro la degradaci¨®n de la vida cotidiana que resultar¨¢ de todo ello.

La segunda v¨ªa es la ¨²nica razonable. Pero, ?cu¨¢l es hoy la situaci¨®n?

El PSOE renunci¨® a presentar un contraproyecto de ley y ha realizado fundamentalmente dos concesiones a la propuesta del Gobierno. Admite que no sea obligatorio la concesi¨®n de visados a no ser en el marco de la reunificaci¨®n familiar y del trabajo por cuenta ajena. Acepta que el contingente anual de trabajadores inmigrados sea fijado por el Gobierno en funci¨®n de las necesidades de mano de obra y no de forma sistem¨¢tica. Son dos concesiones inteligentes, producto de un modo de obrar realista.

Sin embargo, siguen existiendo importantes divergencias. Por ejemplo: el reconocimiento de los derechos fundamentales de todos los inmigrantes, est¨¦n en situaci¨®n regular o no (en especial, el derecho a la educaci¨®n de los inmigrantes en situaci¨®n irregular), la creaci¨®n de un fondo nacional para la integraci¨®n social de los inmigrantes, as¨ª como la necesidad de garantizar un abogado y ayuda jur¨ªdica a las personas que sean objeto de una expulsi¨®n. El PSOE tiene raz¨®n sobre estas cuestiones, porque la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos reconocen estos derechos fundamentales. A Espa?a le interesa ir en esa direcci¨®n.

Las dem¨¢s divergencias que subsisten conciernen a la regularizaci¨®n de los 50.000 inmigrantes excluidos del ¨²ltimo proceso y la reducci¨®n de cinco a dos a?os de la duraci¨®n m¨ªnima de estancia para la obtenci¨®n de un permiso de residencia. Son unas reivindicaciones coyunturales: deben ser apreciadas en funci¨®n de la situaci¨®n real y concreta de la inmigraci¨®n en Espa?a y, muy especialmente, de la necesidad de luchar contra el empleo clandestino. Sobre este tema, la oposici¨®n tambi¨¦n defiende una posici¨®n realista.

Por ¨²ltimo, los partidos nacionalistas, como CiU, han realizado propuestas para que las autonom¨ªas, en concertaci¨®n con el Estado, tengan competencias para conceder permisos de trabajo. Pero, en el marco actual de la Constituci¨®n del Estado espa?ol, es una petici¨®n dif¨ªcilmente concebible que, adem¨¢s, corre el riesgo de plantear problemas a la hora de respetar los acuerdos de Schengen.

Sea como fuere, estas divergencias no son decisivas: pueden ser resueltas de forma consensuada. Espa?a, que atraviesa una fase hist¨®rica de profunda democratizaci¨®n, debe aprovechar para poner en marcha una pol¨ªtica de inmigraci¨®n estable y generosa. Esta pol¨ªtica debe tener tres dimensiones.

En primer lugar, es necesaria una estrategia audaz de integraci¨®n de los inmigrantes legalmente establecidos. Para ello hay que reconocer de forma clara el derecho a la residencia permanente transcurrido un determinado periodo de tiempo, el derecho a la educaci¨®n, a la Seguridad Social, a la libertad de expresi¨®n y de organizaci¨®n, al derecho a votar en las elecciones municipales...

A continuaci¨®n, es necesaria una pol¨ªtica de control de las fronteras que sea clara y comprensible para todos. El Gobierno no tiene ning¨²n inter¨¦s en utilizar sobre este tema un discurso de matamoros: esto, por lo general, se vuelve en contra suya, ya que no puede poner a un polic¨ªa, 24 horas al d¨ªa, en cada porci¨®n de territorio. Como firmante de los acuerdos de Schengen, Espa?a no puede abrir sus fronteras. Por otro lado, en un contexto todav¨ªa marcado por el paro y una dura competitividad en el mercado de trabajo, tampoco es deseable incrementar la anarqu¨ªa al liberar totalmente la oferta laboral. ?sta s¨®lo puede beneficiar a los empresarios en busca de salarios bajos. Conocemos las consecuencias de esta situaci¨®n: debilitaci¨®n de la solidaridad de los trabajadores, dificultades de convivencia, confinamiento de los extranjeros en guetos, incremento, para los partidos pol¨ªticos y los sindicatos, de las dificultades de legitimaci¨®n de su acci¨®n de solidaridad. Ser¨ªa especialmente nefasto, por parte de los movimientos de apoyo a las justas reivindicaciones de los inmigrantes, subestimar los efectos devastadores de estas consecuencias para la integraci¨®n y la solidaridad m¨¢s elementales. No olvidemos que, por desgracia, en Francia son las

capas m¨¢s populares, en una situaci¨®n de fuerte competitividad por el empleo, quienes m¨¢s carnaza han dado a la ret¨®rica de la extrema derecha racista y antisocial. En realidad, hay que orientarse al mismo tiempo hacia una pol¨ªtica de contratos de mano de obra con los pa¨ªses de origen, de conocimiento serio de las necesidades de empleo de Espa?a y de capacidad de integraci¨®n de los reci¨¦n llegados. Una estructura ad hoc deber¨ªa proporcionar estas informaciones a las autoridades p¨²blicas.

Por ¨²ltimo, es necesario convertir la inmigraci¨®n en un vector de solidaridad con los pa¨ªses pobres. La ayuda al desarrollo tiende hoy a reducirse por doquier. Cuando existe, o bien es dilapidada por las ¨¦lites de los pa¨ªses beneficiarios o bien invertida en sectores que no inciden en el desarrollo. Los meritorios esfuerzos de las ONG no logran hacer frente a la demanda de ayuda. Sin embargo, la inmigraci¨®n, mediante la transferencia de fondos, el apoyo a las familias que se han quedado en los pa¨ªses de origen y las inversiones realizadas constituye una poderosa fuente de ayuda al desarrollo. Los poderes p¨²blicos del pa¨ªs de acogida deben favorecer esta actitud. Deben poner en marcha mecanismos que aseguren una gesti¨®n del ahorro de los inmigrantes que sea beneficiosa para el pa¨ªs de origen, ayudar al establecimiento de microproyectos de reinserci¨®n cuando los emigrantes se planteen regresar a su pa¨ªs, impulsar inversiones ligeras en las infraestructuras locales, etc. Por su parte, los gobiernos de los pa¨ªses de origen deben garantizar las inversiones de los emigrados, ofrecer una verdadera seguridad para las transferencias, etc. Se trata, en una palabra, de establecer un contrato para los nuevos flujos migratorios y convertir la inmigraci¨®n en el coraz¨®n de toda pol¨ªtica de cooperaci¨®n digna de este nombre.

El delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n, Enrique Fern¨¢ndez Miranda, present¨®hace unos d¨ªas el Plan Greco (Programa Global de Regulaci¨®n y Coordinaci¨®n de la Extranjer¨ªa y la Inmigraci¨®n en Espa?a), que parece inscribirse en esa l¨®gica de establecer acuerdos con la idea de poner en marcha pol¨ªticas de desarrollo conjunto. Tenemos que darle nuestro apoyo, con la esperanza de ver funcionar estas pol¨ªticas de forma concreta.

La gran mayor¨ªa de los inmigrantes se convertir¨¢n en ciudadanos espa?oles; hablar¨¢n la lengua oficial de Espa?a y la lengua de la Comunidad de acogida. Tanto mejor. Y aportar¨¢n tambi¨¦n su car¨¢cter propio, haciendo de la Espa?a democr¨¢tica un lugar de mestizaje humano y cultural, donde los racismos de toda clase deber¨¢n ser desterrados. En realidad, el Gobierno espa?ol est¨¢ obligado a elegir entre cerrar los ojos ante el riesgo de que se extienda el funesto modelo que prevalece en El Ejido o respetar el reconocimiento de los derechos de los trabajadores inmigrados. Ser¨¢ por esto por lo que ser¨¢ juzgado.

Sami Nair es profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madrid y eurodiputado. Su ¨²ltimo libro publicado es El peaje de la vida, escrito en colaboraci¨®n con Juan Goytisolo.